Como adelantó LA REPÚBLICA en su edición de ayer martes, el presidente Vázquez confirmó ayer a la tarde en una reunión realizada en la casona de Suárez y Reyes al titular del congreso de Intendentes Sergio Botana, que a la brevedad remitirá al parlamento un proyecto de ley para regular el uso de las nuevas tecnologías entre las que se encuentra la que se usa para los servicios de Uber o en las plataformas Netflix o Spotify y que para su redacción invitará a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que hagan su aporte. El gobierno entiende que Uruguay es un país “serio y responsable” y según Vázquez, “el camino no pasa por prohibir, prohibir y prohibir” sino que “pasa por aprobar una ley que diga expresamente que para operar se debe respetar la normativa”.

El secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma, informó sobre algunos aspectos del proyecto de ley que se está elaborando. Estas determinarán que las empresas deberán respetar las disposiciones constitucionales, como así también las reglamentarias nacionales y departamentales. “Si quieren trabajar mediante una aplicación, deberán cumplir con la ley como el resto de los trabajadores y empresarios”, advirtió Toma. Entre otras cosas se pretende que los conductores de Uber sean portadores de una libreta de conducir de rango profesional y se destinarán recursos para brindarle las potestades correspondientes a las autoridades para controlar. Toma manifestó que se pretende generar una “policía administrativa” que controle que cualquier aplicación informática que utilice mano de obra se ajuste a las normativas vigentes en el país.

El domingo pasado, en Paysandú, Vázquez anunció la voluntad del Poder Ejecutivo de elaborar un proyecto de ley para regular a Uber y a “todas las aplicaciones que quieran llegar al país” porque entiende que “el nudo del asunto está en que quien venga a trabajar al país lo puede hacer con libertad pero cumpliendo estrictamente la normativa”.

El presidente del congreso de intendentes Sergio Botana y que además es intendente de Cerro Largo explicó a LA REPÚBLICA que en el último Congreso de Intendentes, Montevideo hizo una exposición sobre Uber en la que se acordó la creación de un grupo de trabajo que asesore a las Intendencias sobre posibles medidas para restringir el funcionamiento de esta empresa. Dijo que uno de los informes jurídicos recibidos manejaba la posibilidad de actuar sobre la tarjeta de crédito de una persona que utilice este medio de transporte ilegal. Para Botana, el accionar de Uber “es tan ilegal como la de una empresa de venta de droga”.

Desde la empresa Uber se dijo que no habrá una posición acerca de la propuesta de regulación que viene manejando el gobierno hasta tanto no tenga una propuesta concreta y terminada.

Hace una semana se llevó a cabo una reunión entre Felipe Carballo, el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja y el representante de Uber para la región, Carl Meacham. Carballo le planteó a esta empresa que deje de operar pero de manera temporal hasta que el gobierno regularice su actividad en un proyecto de ley que se estaba gestando. Fuentes de Uber expresaron que por una cuestión de estilo se recibió el planteo y la respuesta dada fue que se analizaría la propuesta agregando que “esto no quiere decir que Uber deje de operar o que se suspendan las actividades por dos semanas como se dijo”, señalaron las fuentes.

El diputado Carballo consideró positivo que el Poder Ejecutivo dé una señal concreta para regular la actividad de Uber. “Es un tema que en algún momento tenía que pasar por el Parlamento, para reglamentar la igualdad de condiciones de los distintos servicios de transporte de pasajeros, pero también previendo de cosas futuras que pudieran suceder en el país con el tema de los avances tecnológicos”.

“El mensaje que dio el Presidente es una clara demostración de la voluntad política que se tiene para enviar un proyecto al Parlamento”, precisó.

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