Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Los daños ambientales de la guerra son enormes, como lo subrayó Simón Gaviria en el foro ‘Dividendos ambientales de la paz’, organizado por el DNP y el PNUD: 3 millones de hectáreas deforestadas, en especial para sembrar coca; 1,5 millones de hectáreas de suelo degradadas, 4,1 millones de barriles de petróleo derramados como producto de actos terroristas, y 60 por ciento de las fuentes hídricas del país afectadas por extracción ilícita de minerales y derrames de petróleo.

El 87 por ciento de los cultivos ilícitos se encuentra en municipios de conflicto. A su vez, el 86 por ciento de la producción de oro nacional proviene de extracción ilícita de minerales, también ubicada predominantemente en áreas de conflicto, que además se caracterizan por el uso de mercurio que se libera al medioambiente, con graves consecuencias.

Esta es solo una lista parcial de los costos ambientales de la guerra. Se sabe también de otros daños a la naturaleza que son inconmensurables. Así, por ejemplo, parece haber ocurrido una defaunación de la selva a gran escala para alimentar a los hombres de la guerra, lo que conlleva la desaparición de polinizadores y dispersadores de semillas (p. ej., mamíferos y aves), que en términos del deterioro de la salud de la selva puede ser tan grave como la deforestación.

El ideal de que con la paz se dé fin a estos procesos de destrucción y deterioro y de que estemos en posibilidad de aprovechar nuestra inmensa riqueza en biodiversidad nos ilusiona a muchos colombianos y también al Gobierno. Según Gaviria, “por cada año de paz, Colombia ahorraría 7,1 billones de pesos en degradación ambiental”. Y según el presidente Juan Manuel Santos, “a la vuelta de 15 años la bioeconomía podría representarnos cerca del 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB)”.

Es un ideal que no se producirá fácilmente, pues la experiencia internacional nos indica que la destrucción ambiental se podría incrementar en el posconflicto, como ocurrió en El Salvador, Nicaragua o el Congo. Entre otras razones, porque en estos países los excombatientes que no se reintegraron fueron en pos de la explotación ilegal de los recursos naturales (la madera, el oro, etc.) y porque empresas formales de la economía que, por la inseguridad, no tenían acceso a ciertas áreas de esos países, con la paz desarrollaron actividades que acabaron generando injustificados daños para el medioambiente.

Para lograr la paz con la naturaleza habrá que trabajar en los más diversos frentes y con las más variadas estrategias, tanto a escala nacional como regional y local. La minería ilegal, en particular la de naturaleza criminal basada en tecnologías con altas inversiones, seguirá en aumento si el Gobierno no la combate con todo el vigor. Es un asunto de orden público, y para resolverlo se requiere de fuerzas especializadas bien dotadas y con presupuesto, lo que no ha sido el caso hasta el presente, no obstante los esporádicos anuncios del Gobierno en los que, al lanzar de nuevo una campaña contra este flagelo, afirma que esa sí será contundente y de punto final.

A su vez, el éxito del programa de deforestación cero proyectado por el Gobierno, con el generoso apoyo de los gobiernos de Alemania y Noruega, está profundamente ligado a la implementación de la agenda agraria del acuerdo de paz. Y es que si cientos de miles de campesinos continúan sin acceso a buenos suelos para la actividad agropecuaria, la migración hacia la selva para deforestar y abrir tierras, muchas de ellas sin vocación agrícola, será inevitable.

En fin, se acabó el espacio y me quedan muchas otras consideraciones para hacer sobre esa otra gran meta del proceso de paz, soñada por muchos: la paz con la naturaleza. Continuaré en próxima columna.

El Tiempo