Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El asesinato en las primeras horas del jueves de la dirigente indígena Berta Cáceres es un golpe certero, no solo para las comunidades a las que ella representaba, sino que para la imagen de Honduras a nivel internacional en materia de derechos humanos.

Y es que el crimen se pudo evitar si la celeridad, priorización y el despliegue de recursos ordenados desde el Ejecutivo para esclarecer su muerte hubieran sido los mismos para protegerla.

La laureada líder indígena, premio Goldman 2015 por su lucha en defensa del ambiente, había recibido múltiples amenazas y tenía dictadas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo cumplimiento el Estado hondureño fue incapaz de garantizar.

La responsabilidad que tienen los entes de seguridad en la muerte violenta de Cáceres es inexcusable y esclarecer quiénes están detrás del crimen es un deber para con Berta, quien dio su vida por sus ideales, con Honduras y con la comunidad internacional ante la que nos preciamos de ser un Estado de derecho.

Este asesinato de enorme connotación nacional e internacional despierta el más vivo repudio, indignación y condena. Y es un hecho sumamente alarmante aunque no exclusivo, ya que entre 2002 y 2014 fueron asesinados en Honduras 111 activistas ambientales, según un informe de la ONG Global Witness, con sede en Londres.

El logro alcanzado por nuestro país al ser excluido de la “lista negra” de la CIDH en 2015 queda obnubilado y en entredicho con el asesinato de la también cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Recientemente, Berta había denunciado el asesinato de cuatro dirigentes y las amenazas contra ella y otros defensores de las comunidades indígenas lencas.

La mano criminal que segó su vida y la de quienes estarían detrás deben recibir el castigo de la justicia, igual que tantas otras víctimas de la impunidad. Pero este caso en particular es una oportunidad para reivindicarnos como un verdadero Estado de derecho.

El Heraldo