Después de que la Corte Constitucional dictara un fallo a favor de una demanda interpuesta por congresistas del Polo Democrático, en la que se impide hacer minería en zonas de Páramos, la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, ha anunciado la intención de demandar a Colombia bajo el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia. Así mismo, el pasado mes de febrero, Colombia fue notificada de una demanda interpuesta por la multinacional Tobie Mining Inc por 16 mil millones de dólares. Demanda interpuesta en el marco del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos.

Desde que llegó el boom minero al país, el gobierno se dedicó a otorgar títulos mineros, muchos de ellos sobre zonas ya protegidas. En 2001 se habían expedido títulos para 20 mil concesiones de explotación y exploración minera en 22 millones de hectáreas. Se otorgaron 9 mil títulos sin respetar zonas de páramos, reservas naturales productoras de agua, parques naturales ni resguardos indígenas. Muchos de esos títulos mineros otorgados antes de febrero de 2010, permanecerían vigentes de acuerdo a lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos.

La multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, (antigua Grey Star) pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante 15 años. Sin embargo, en marzo de 2011 la Grey Star se vio obligada a retirar la solicitud de licencia ambiental por los daños causados al ecosistema y por la presión de las organizaciones sociales que se movilizaron en reiteradas ocasiones rechazando el proyecto. Fue entonces cuando la antigua Grey Star cambio su razón social por Eco Oro Minerals Corp, con la propuesta de permanecer en Santurbán y hacer minería subterránea. Con la aprobación del PND, Su licencia permanecía vigente.

Con la demanda impulsada por el senador Alberto Castilla y otros congresistas del Polo Democrático Alternativo, organizaciones sociales y ambientales, y la Cumbre Agraria, la Corte Constitucional falló a favor. Con la decisión de la Corte, las multinacionales con títulos mineros en zonas de páramos y áreas protegidas deben abandonar estos territorios.

Colombia Informa habló con Miguel Ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander, quien afirmó que con el anuncio de la demanda al Estado colombiano por parte de Eco Oro, se están materializando los riesgos que se advirtieron cuando el país empezó a firmar Tratados de Libre Comercio –TLC- de manera antitécnica y descuidando los intereses del país y del pueblo colombiano.

Ramos agregó además que la medida avalada por la Corte Constitucional de impedir minería en los páramos es aplaudida por los movimientos sociales, no solo de las más de tres millones personas que se benefician del agua de Santurbán sino de todo el país. Reiteró que las organizaciones sociales como el Comité por la Protección del Agua y Santurbán, el equipo Jurídica de Pueblos, Congreso de los Pueblos, Instituciones públicas y privadas, seguirán en su labor de informar a la ciudadanía y defendiendo el territorio.

Otra demanda de multinacional contra el Estado colombiano

Ramos, afirmó que ya hay una demanda contra el Estado colombiano de parte de una multinacional estadounidense. La multinacional Tobie Mining Inc., demandó a Colombia por 16 mil millones de dólares el pasado mes de febrero en el marco del tratado de libre comercio celebrado entre Estados Unidos y Colombia en 2006. “Los TLC, son tratados que han degradado la soberanía Nacional y popular en Colombia, han entregando el control de la mayoría de decisiones importantes sobre el futuro del país a manos de entidades privadas y extranjeras”, argumentó Ramos, quien señaló además que la demanda de las multinacionales se basa en los TLC firmados entre Colombia y Canadá y Colombia con Estados Unidos.

La multinacional Tobie Mining, recibió un título minero otorgado por Ingeominas en la zona de Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis. La declaratoria de Parque Natural se dio en octubre de 2009, casualmente dos días después se le otorgó el titulo minero a Tobie Mining para extraer oro por 29 años.

Aunque la Procuraduría había solicitado a Ingeominas retirar el titulo minero en 2011, esto solo se confirmó en 2013 cuando se canceló el contrato. En aquella instancia, el Estado estaba obligado a proteger los intereses públicos del país.

No obstante, Tobie Mining habría ejercido presión sobre la comunidad indígena de la zona para que instaurara una tutela y defendiera la explotación minera en el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis. Pero en septiembre de 2015, la Corte Constitucional desestimó la acción de tutela y ratificó la existencia del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis y la suspensión inmediata de las actividades de explotación y exploración minera en la zona.

Esta situación llevó a la multinacional Tobie Mining a someter el caso ante un tribunal de arbitraje de inversión, con el fin de que Colombia la indemnice por la exorbitante suma de 16 mil millones de dólares. La pregunta ahora es: ¿Quién paga los daños? ¿Los colombianos seguirán pagando decisiones tomadas por gobiernos irresponsables?

Mientras tanto, las organizaciones sociales, ambientales, ecologistas y el país en general repudian la actitud de las multinacionales que pretende violar los derechos constitucionales y la soberanía del país. La defensa de los bienes naturales es un derecho propio y soberano de los pueblos.

Colombia Informa