Unos 1.000 de los 3.500 cubanos varados en Paso Canoas, en la frontera de Panamá con Costa Rica, fueron llevados a un campamento en la provincia de Chiriquí para darles atención, mientras el Gobierno panameño estudia tomar medidas para desalentar el flujo de indocumentados, informaron fuentes oficiales.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, informó hoy a medios locales que los mil cubanos, entre ellos muchas embarazadas, ancianos y niños, fueron llevados entre el viernes y sábado hasta Los Planes, al norte de Paso Canoas, donde quedaron unos 1.500, mientras en un recinto de San Isidro permanece menos de un millar y otros 250 está en David, capital de Chiriquí.

“Panamá es ejemplo de atención humanitaria a los inmigrantes”, resaltó Donderis, quien detalló que, además de brindarles seguridad y condiciones dignas, los isleños son atendidos por la Cruz Roja y el sistema de salud ante cualquier necesidad.

Mientras tanto, la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado, señaló en su cuenta de Twitter que “continuamos diálogo con otros países para buscar solución integral pero habrá que tomar medidas migratorias para desincentivar flujos”.

El Gobierno panameño asegura que no va a deportar a ninguno de los cubanos, porque tendría que hacerlo por el límite con Colombia en la intrincada selva del Darién, lo cual expondría su vida.

De Saint Malo no dio ninguna pista sobre qué medidas se puede adoptar, pero otros funcionarios como el director de Migración, Javier Carrillo, han expresado que se necesita una acción multilateral porque este es un problema “que se rige por convenios internacionales”.

La vicepresidenta encabeza los esfuerzos de Panamá para resolver la crisis de los emigrantes cubanos que están varados en su frontera desde que en diciembre Costa Rica les cerró el paso y que no han dejado de llegar a pie desde Colombia, en un tortuoso viaje desde Ecuador y cuya meta es Estados Unidos.

A ellos se han sumado unos 600 africanos y de otras nacionalidades que se han quedado en el lado costarricense del límite y que tampoco quieren regresar a su país, pues advierten que serán asesinados si ello ocurre, además de que no tienen ningún documento de identidad, lo que impide legalmente devolverlos.

Por su parte, el ministro panameño de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, dijo confiar en el trabajo diplomático que desempeña la Cancillería panameña para buscar una solución definitiva a la crisis migratoria, tras el cierre de fronteras en Nicaragua (en noviembre) y luego en diciembre en Costa Rica.

Aguilera dijo que al trasladar a los cubanos a Los Planes van a estar en mejores condiciones, y tendrán todas las comodidades.

“Con este traslado se va disminuir la tensión que hay en la frontera, porque hay que recordar que Panamá esta siendo afectado por el problema de estos inmigrantes que tiene su origen en los países de donde provienen”, afirmó.

Señaló que se busca una salida diplomática a través de un corredor humanitario o a través de otra vía como la que se dio con México con un puente aéreo en enero y febrero pasados con otro grupo de unos 1.700.

El director de Migración aclaró que la “asistencia humanitaria, sale de fondos de impuestos que pagan los extranjeros residentes en Panamá” y reiteró que la solución tiene que ser diplomática porque esos foráneos no pueden seguir viviendo en condiciones precarias.

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