Por Liubomir Fernández

Llegó a Puno el martes último para el cierre de su campaña. A penas descendió de la camioneta que la llevó a la ciudad lacustre, decenas de simpatizantes se abalanzaron para estrecharle la mano. La reacción no era para menos, pues es una de las postulantes a la Presidencia con más posibilidades de llegar a la segunda vuelta. La República la entrevistó en su recorrido hasta Juliaca, y nos dijo que si los empresarios se niegan a renegociar el gas hará cambios constitucionales. Además, refirió que hará de Pensión 65 una política universal. Señaló que el fujimorismo fue lo más nefasto que le pasó al Perú y que Humala traicionó al Sur.

¿Qué lectura le deja su visita por el sur, que fue bastión de Ollanta Humala? Hay un sector de la población que todavía ve con duda su liderazgo.

Sin lugar a duda, el sur es uno de los sectores que más han sido golpeados con la traición del actual gobierno y donde más difícil ha sido reavivar la esperanza y la confianza en un futuro gobierno. Sin embargo, yo veo que con mucha expectativa, nuevamente los pueblos del sur están avivando esa esperanza, esa convicción de que sí se pueden tener cambios verdaderos para que por fin pongan al Estado al servicio de los pueblos del sur.

La lucha histórica del sur no solo ha sido por la reivindicación de sus derechos sino por el respeto a sus recursos naturales. En su mitin dijo que recuperará la soberanía del gas como lo hizo Bolivia.

¿Aplicará el mismo método de Evo Morales?

Hemos sido claros en el método que vamos a plantear para recuperar nuestro gas. La primera etapa es una renegociación del contrato para que el Estado pueda ejercer la soberanía de este recurso. Es decir, que el inversionista pueda seguir ocupándose de la extracción de gas, que el Estado le pueda pagar lo que corresponde, sin perjuicio de una ganancia, pero que la decisión sobre el destino del gas la tome el Estado peruano. Para nosotros la prioridad será la masificación del gas para el consumo doméstico en las casas, el consumo vehicular y la industria en la región Macrosur, específicamente a través del polo petroquímico. Si hubiera resistencia de parte de las empresas involucradas, tendremos que optar por un cambio normativo y un cambio constitucional. Pero confiamos en la negociación.

Usted insiste en el cambio de la Constitución. ¿Qué hay que cambiar y con qué perspectiva?

Tenemos que cambiarla por diversas razones.

¿Toda o algunos artículos?

Lo primero es asumir que esta Constitución realmente es nefasta e indigna. No puede ser que en pleno siglo XXI sigamos arrastrando una Constitución que se dio en una dictadura con un autogolpe de por medio, en un gobierno que institucionalizó la corrupción, vulneró derechos humanos, corrompió los medios de comunicación. Nos merecemos una nueva Constitución, que sea resultado de un debate amplio. ¿Qué hay que cambiar? Por ejemplo, el capítulo económico, para que el Estado pueda participar como promotor activo del desarrollo económico y directamente en algunos sectores estratégicos como el energético, para tener un rol más activo en la recuperación de nuestro gas, petróleo u otros. También hay que cambiar la Constitución, para dejar expreso que el agua es un derecho fundamental y bien público, que no se puede privatizar. Necesitamos una Constitución que reconozca el derecho de los pueblos indígenas respecto a su derecho a la determinación.

Está de acuerdo con que los recursos renovables y no renovables sean de las comunidades…

Lo que planteamos es que se ponga por delante el bien común. Sin embargo, ya estaba claramente establecido, aunque no se respeta, que en comunidades campesinas, nativas u originarias, no se puede hacer nada con sus recursos y territorio si no es con previa consulta y con su consentimiento.

¿Cómo hacemos que sus decisiones sean vinculantes?

No se trata de decir si determinado proyecto va o no, como se ha pretendido usar la consulta previa, sino hacer a los pueblos indígenas y comunidades verdaderos partícipes y decisores de sus proyectos de vida y desarrollo; que puedan definir desde el principio de manera democrática su tipo de desarrollo y qué quieren emprender con sus recursos y territorios.

O sea, que sean las comunidades que decidan si entra o no un proyecto minero…

¡Claro! Pero no se trata de decir va o no va tal o cual proyecto. Se trata primero de definir qué proyectos de desarrollo quiero para mi comunidad.

¿Y eso quién lo va decidir?, ¿el Estado o la comunidad?

Es parte de un proceso de diálogo al que nosotros llamamos ordenamiento territorial, que busca superar la lógica, en la cual, respecto a la minería y otras actividades, el gobierno central define desde sus oficinas, sin ningún diálogo ni participación de las comunidades.

El Proyecto Tía María (Arequipa) y el de Conga (Cajamarca) requieren un pronunciamiento de su candidatura…

En el Frente Amplio hemos sido siempre claros. Nos parece que no hay condiciones. Son proyectos que no van. Primero porque se trata de territorios que tienen otra potencialidad muy rica en la agricultura. El valle del Tambo es productivo. Lo que hay que impulsar ahí, más bien, son proyectos de irrigación, que potencien la producción que ya hay. Y porque, además, se trata de una empresa que tiene serios antecedentes de contaminación, corrupción, vulneración de derechos de sus trabajadores; una empresa que quiso estafar y engañar al Estado peruano y a las poblaciones locales con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ‘bamba’. En el caso de Conga, en Cajamarca, es lo propio.

El discurso de todos los gobiernos ha sido “no tenemos recursos para hacer caja” y aducían que había que aprovechar la explotación de recursos minerales. ¿Cómo lo hará usted?

Nosotros vamos a diversificar la producción y la economía: el agro, la ganadería, el turismo, la industria, y el polo petroquímico en el sur. Eso no significa erradicar la minería. Hay otros proyectos mineros que están en curso que generarán renta y vamos a garantizar su continuidad; eso sí, con reglas de juego claras, y exigiendo que se respeten las normas ambientales, que no se contamine, que se cumplan los acuerdos con las comunidades y poblaciones locales.

Pero el 60% de recursos que obtiene el Estado es por la exportación de minerales. La agricultura y la ganadería generan riqueza, pero en el tiempo.

La realidad es que los precios de los minerales han caído en el mercado internacional y nuestra economía se ha frenado, porque hemos sido demasiado dependientes del sector extractivo, minero en particular. Eso ha hecho que la creación de empleo se estanque. Queremos revertirlo diversificando la producción y la economía. No habría que esperar décadas para ello si es que empezamos desde ahora.

Qué les diría a los electores que dudan de su candidatura, ya que usted llegó al Congreso con el actual gobierno, del que muchos se sienten defraudados…

Yo creo haber demostrado a lo largo de mi trayectoria política mi consecuencia y mi apego a los principios.

¿Y no a Humala o al Partido Nacionalista?

No a una etiqueta partidaria ni a un caudillo, sino a los principios y a lo que uno ofrece a su pueblo. Habiendo visto la traición contra el pueblo peruano y en especial contra el sur, yo fui la primera en renunciar y deslindar con la cúpula oficialista, allá por junio de 2012. Fue un momento en que en mi región, Cusco, se permitió que estallara un conflicto social y se perdieran tres valiosas vidas. No podía seguir en un partido que le daba tan poco valor a la vida de mis hermanos campesinos.

¿Qué hará con los programas sociales?

Hay programas sociales que nosotros creemos se deben volver políticas universales. El tema de pensiones, por ejemplo. No podemos contentarnos con un programa focalizado como el que es hoy Pensión 65. Tiene que haber una reforma integral del sistema de pensiones que permita que todos los ciudadanos accedan a una pensión para su vejez.

En su mitin ofreció beneficios para los microempresarios. ¿Cuáles?

Nosotros sí creemos en la necesidad de tener justicia tributaria en la que los que tienen y ganen más, paguen más, y no al revés. En nuestro país la Sunat persigue al pequeño comerciante y por una pequeña falta le cierra el negocio y le mete palo, pero a Telefónica, que nos debe 1,500 millones de soles, bien gracias, no pasa nada. Eso lo vamos a revertir. Nosotros estamos trabajando arduamente para estar en la segunda vuelta. Para darle una alternativa de cambio y futuro a nuestro país. Para darle una alternativa libre de corrupción e igualdad de derechos y oportunidades para todos.

¿En la otra orilla están aquellos que usted cuestiona, me refiero al fujimorismo?

El fujimorismo es expresión de la continuidad de la nefasta década fujimorista que significó el remate indiscriminado de nuestras empresas públicas, despidos, e institucionalización de la corrupción. Se pervirtieron las instituciones, se compraron medios de comunicación. Fue un gobierno donde se asesinó a líderes como Pedro Huilca. Eso no lo podemos olvidar, más aún cuando la señora Fujimori dijo en el debate que llevaba 20 años en política, y se reivindicaba como primera dama, con lo cual está asumiendo los pasivos de esa dictadura.

La República