Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El frustrado atentado contra la dirigente de la Unión Patriótica (UP) Imelda Daza y contra directivos de Sutimac, en Cartagena, es, como ella misma lo dijo, un ataque contra el proceso de paz. De no haber sido por el esquema de seguridad de la excandidata a la Gobernación del Cesar, el saldo hubiera podido ser trágico. Las autoridades, como es debido, ya se encuentran tras la pista de los sicarios; es necesario que se esclarezca pronto este ataque al proceso de paz.

Si bien no hubo víctimas mortales, basta una bala para que se prendan las alarmas. No puede ocurrir como en los 80 y 90 que tuvieron que morir miles de integrantes de la UP para que las autoridades se dieran cuenta de que miembros del mismo Estado, con la ayuda de paramilitares, trataron de acallar a la oposición a punta de balas, en el operativo conocido como “Baile Rojo”.

Imelda Daza es, precisamente, una sobreviviente de este exterminio, sin parangón en el mundo. A mediados de los 80 fue elegida concejal, pero no pudo ejercer debido a la persecución en contra de la UP; ella sobrevivió yéndose de Colombia; otros se quedaron pero, para sobrevivir, se unieron a la guerrilla: como Ricardo Palmera, vecino y amigo de Daza, quien en esos tiempos se desempeñaba como gerente bancario. Pero, ante la posibilidad de ser asesinado por ser de la UP, se unió a las Farc y pasó de ser Ricardo Palmera a ser Simón Trinidad. Otros miles que no siguieron ni uno ni otro camino murieron asesinados.

Daza no se fue por la vía de las armas, sino por la vía democrática, a la que hoy le sigue apostando. Y el Gobierno debe proteger y promover estas apuestas, sobre todo en momentos en los que se trata de pasar la página del conflicto con las Farc y el Eln. No se puede llegar a la paz si no se protege a quienes apuestan por ella. No se puede dar el mensaje equivocado de que hacer oposición en Colombia equivale a una pena de muerte.

Hay que proteger a quienes se desmovilicen en virtud de un posible acuerdo con las Farc y, por supuesto, a quienes desde siempre han hecho oposición por la vía democrática. No puede ocurrir un nuevo Baile Rojo con el que los que siempre se han opuesto a la paz y a la apertura, eviten que el país avance.

Y hay que decirlo: bandas criminales, ejércitos antirrestitución, agentes corruptos, están tratando, a como dé lugar, de torpedear un proceso que avanza. A diferencia de quienes con argumentos se han opuesto al proceso de paz (que no es infalible, por supuesto), estos grupos armados ilegales han tratado de oponerse recurriendo a la barbarie. La ONU ha alertado que los asesinatos de líderes sociales han aumentado, en comparación con el año pasado.

En entrevista con este diario, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera dijo, el pasado 10 de abril, que “no tenemos elementos de juicio para decir que existe algo sistemático o un mismo patrón en todos los homicidios, porque se observa que cada uno de ellos no obedece a móviles similares, no obstante que la Fiscalía ha planteado —como primera hipótesis y tratándose de defensores de derechos humanos— la militancia en esta tarea”. Aunque no negó que hay preocupación por parte del Gobierno, “en el sentido de que estas estructuras están atentando contra defensores de derechos humanos”.

Sea como sea, lo importante es que se avance en el esclarecimiento de los asesinatos de sindicalistas, educadores, miembros de la UP y de Marcha Patriótica. En los 80, muchos se hicieron los de la vista gorda ante el exterminio de la UP. La sociedad ha cambiado. Esta ya no puede ser una Colombia indiferente. Si antes fueron necesarios miles de muertos para que el Estado se diera cuenta de esta barbarie, hoy debe bastar con una bala para que se diga, al unísono, ¡basta ya!

El Espectador