A 10 años, la resistencia en Atenco “sigue en pie”

Al conmemorarse 10 años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por parte de las fuerzas federales –donde fueron detenidos más de 200 campesinos, hubo violaciones a decenas de mujeres y fueron asesinados un estudiante de la UNAM y un joven vecino–, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sostuvo que su resistencia sigue en pie y su lucha por la defensa de sus tierras no termina en tanto no se cancele la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

“Aún esta fresca en nuestra memoria la tortura que vivimos la noche larga del 3 y 4 de mayo de 2006, decir que pasaron 10 años es solo una referencia para no olvidar todo el dolor y agravio que hoy todavía tenemos y revivimos. La represión y la venganza política que nos avasalló indignan y aún después de una década se sigue ahondando” señaló Adela Romero Núñez, integrante del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT), al leer el comunicado.

Los campesinos atenquenses demandaron castigo a los autores materiales e intelectual de la represión, así como del asesinato del estudiante de la UNAM Alexis Benhumea y el joven Javier Cortés, y advirtieron que no dejarán de luchar para que se someta a juicio a quienes ordenaron la barbarie y quienes hoy ocupan puestos de alto mando, como el presidente de la República Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México, en 2006.

“Desde hace 15 años nuestra vida fue interrumpida y ofendida por la amenaza del despojo de nuestras tierras cuando por primera vez ordenaron la licitación del aeropuerto, en mayo rojo de 2006 fue una venganza cruel y condenable que ahora en 2016 el gobierno pretende repetir con la construcción de su termina aérea en nuestras tierras”, señalaron.

La conmemoración de los diez años de la represión inició desde temprana hora con una misa que ofreció el padre Fray Miguel Concha Malo y después con una conferencia de prensa por parte de los campesinos atenquenses.

En la explanada principal se improvisó un altar que sirvió para la celebración eucarística. Miguel Concha sostuvo que el FPDT nos ha compartido durante una década esperanza y lucha por la defensa de los territorios que ahora en México se encuentra en vilo y resistencia “Atenco es un referente para muchos otros pueblos y barrios que se organizan para defender sus derechos y sus bienes comunales. Hoy nos reunimos y agradecemos la vida colectiva porque esta memoria nos alimenta su esperanza y su entrega por la defensa de la madre tierra, los derechos y la vida.

“Quienes pretenden arrebatarnos también la esperanza, no lo olvidemos, han hecho y hacen un uso represor de las fuerzas del propio estado. No olvidemos que hoy debe existir justicia para los dos jóvenes asesinados, las más de 30 mujeres abusadas sexualmente y cientos de personas reprimidas; no lo podemos olvidar y por eso hoy estamos aquí” dijo.

También Gilberto López y Rivas, a nombre de varias organizaciones que luchan por la tierra y los derechos mostró su preocupación por la tensión que se ha desatado en varias partes del país y denunció la alarmante operación de la empresa Cypsa Vise en tierras Tocuila, en Texcoco, que construye la autopista del nuevo AICM,

En el acto estuvieron presentes madres de tres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes denunciaron que el gobierno federal no dejó laborar a los expertos de GIEI. Somos necios pero esa necedad nos ha dado la razón y gracias a los expertos hemos conocido que fue el estado quien desapareció a nuestros hijos. Estamos muertos en vida, pero no dejaremos la lucha hasta que aparezcan nuestros hijos y gracias a esta lucha en la que nos han acompañado se ha evidenciado todas las desapariciones que ha habido en el país, más de 26 mil” dijo Hilda Leguideño, madre del estudiante Jorge Antonio Tizapa Leguideño

Los actos de conmemoración continuaron durante la tarde con actividades culturales y musicales.

La Jornada 


A 10 años de Atenco: Tortura sexual, práctica común de la policía mexicana

A 10 años de la tortura sexual perpetrada por agentes federales y estatales contra 27 mujeres en operativos policiacos realizados en las localidades mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, siguen saliendo a la luz casos similares que demostrarían que en México la violación sexual es una práctica común de las fuerzas de seguridad.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza si el Estado mexicano es responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que decidieron denunciar sus casos, las organizaciones civiles continúan documentando nuevas violaciones.

De encontrar indicios de responsabilidad, la CIDH podría remitir el caso Atenco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el máximo tribunal continental que en 2009 condenó a México por los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas sexualmente por militares en el estado de Guerrero en 2002.

La CoIDH ha emitido tres condenas por violación sexual como forma de tortura: dos contra México y una contra Brasil. Y aunque no hay plazo para conocer la decisión de la CIDH respecto al caso Atenco, este es el tercer hecho de violación sexual cometida por agentes del Estado mexicano que se ventila ante una instancia internacional.

La CIDH analiza el caso de tortura sexual como una acción que se usó contra las mujeres que en 2006 protestaron por la reivindicación de sus derechos. En los operativos de aquel entonces hubo 207 detenidos, la mayoría gente que apoyaba a un grupo de floricultores que serían desalojados del Mercado Belisario Domínguez, aunque hubo otras personas arrestadas que no participaron en la movilización social.

Las sobrevivientes denunciantes son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

El caso llegó hasta la CIDH porque el 4 de abril de 2007 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México archivó la averiguación. Ante esta falta de justicia, el 29 de abril de 2008 las sobrevivientes solicitaron al organismo analizar el caso con el objetivo de buscar justicia a nivel internacional.

Aunque la CIDH sólo actúa cuando se agotan los mecanismos nacionales, el órgano interamericano decidió aceptar la solicitud ante la dilación e ineficacia de las instancias mexicanas.

Caso abierto

La abogada Araceli Olivos Portugal, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a las 11 mujeres ante la CIDH, explica que el caso sigue abierto y en investigación, gracias a la presión de organismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y a la insistencia de las sobrevivientes.

Mientras ellas litigan contra el Estado mexicano por el caso Atenco, a la fecha hay 50 personas acusadas de participar en la violación sexual: 12 policías presos, acusados de tortura por omisión; 21 médicos señalados por encubrimiento, quienes llevan el proceso en libertad; un agente del Ministerio Público imputado por tortura, y 16 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Las primeras detenciones de los policías iniciaron hasta seis años después de los hechos, en julio de 2012, luego de que representantes del Estado mexicano se presentaron ante el CEDAW para informar que había “avances” en las investigaciones.

Sin embargo, hasta ahora no hay policías acusados de cometer tortura, sino de encubrirla. Aun así, Olivos Portugal asegura que la acusación es trascendente porque encubrir el delito invisibiliza el problema. Seguramente el caso Atenco, apunta la abogada, es uno de los pocos en México que tiene tantos procesos penales abiertos por tortura sexual.

Tampoco se ha investigado la responsabilidad de las personas al frente de esos operativos. Y es que, según la defensora, si bien desde 2012 hay una averiguación abierta para determinar probables conductas delictivas, no se especifica que sea para investigar a los mandos policiacos.

En 2006 el secretario de Gobierno del Estado de México era Humberto Benítez Treviño, actual presidente del Colegio Mexiquense; Wilfredo Robledo fungía como secretario de Seguridad Pública –hoy asesor de seguridad del candidato priista al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa–; el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva era Ardelio Vargas Fosado, ahora comisionado del Instituto Nacional de Migración, y el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, era gobernador de la entidad.

Inacción judicial

En meses recientes, otras de las 207 víctimas que fueron detenidas y sometidas a tratos crueles durante los operativos en Texcoco y Atenco declararon y dieron nombres de personas que, dijeron, deberían ser llamadas para que rindan su testimonio, ya que coordinaron los operativos. Sin embargo, esto no ha derivado en alguna orden ministerial para llamarlos a declarar.

Según Olivos Portugal, estos casos de tortura sexual reflejan el patrón de discriminación en razón de género en el contexto de represión de una protesta social, dado que el día de los operativos las mujeres estaban en el lugar apoyando una manifestación pacífica para evitar el desalojo de los vendedores de flores.

Desafortunadamente, explica la abogada, la tortura se sigue usando en el país en las mismas circunstancias, tomando en cuenta que el Centro Prodh ha documentado otros casos. Incluso en 2014 las sobrevivientes de Atenco lanzaron una campaña por la justicia, en la que reunieron otros testimonios de mujeres víctimas de violación sexual por parte de agentes de seguridad.

Entre estas mujeres están Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, Verónica Razo, Belinda Garza, Valentina Rosendo, Inés Fernández, Yesenia Armenta, Cristel Piña, Miriam Isaura López y Claudia Medina.

Y resaltan también los casos de tortura durante el traslado de internas del Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit, en diciembre de 2015, y en febrero de 2016 contra internas del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, cuando fueron llevadas al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos.

De acuerdo con testimonios recibidos por el Centro Prodh, durante el traslado, las mujeres que estaban bajo custodia de agentes federales y/o de custodios fueron víctimas de tortura y malos tratos, incluidos actos de tortura sexual como violación, tocamientos, descargas eléctricas, golpes e incomunicación.

Estos casos aún están en proceso de documentación por parte de grupos civiles, por lo que no hay un número preciso de mujeres víctimas, aunque ya hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Para la litigante, estas denuncias son graves porque ocurren en las mismas circunstancias en que se dieron los casos de Atenco, es decir, tortura durante un traslado, en el que las mujeres son más vulnerables por encontrarse bajo custodia de policías y sin supervisión alguna. La única diferencia es que las internas no estaban en una protesta social.

Al respecto, entre 2014 y 2015 el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan E. Méndez, recopiló información de los estados y encontró que las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad y permanecer en prisión preventiva.

En este contexto, el Senado analiza ahora una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, enviada por el Ejecutivo federal en 2015, y en la que las organizaciones buscan incidir para que se castigue la tortura sexual.

Sobre la denuncia internacional, luego de analizar la situación y recibir información de las víctimas y del Estado mexicano, la CIDH podría pasar el caso a la CoIDH para que dicte una posible sentencia, o bien llegar a una solución “amistosa” entre las partes, opción que las mujeres de Atenco descartan de antemano.

Proceso


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