El Gobierno de Ecuador demandó un cambio radical en el modelo de financiación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, en un comunicado remitido a Efe, expresó que el modelo de aportes de entidades privadas y Estados que no forman parte de la OEA ha contribuido a la situación de crisis financiera que afronta actualmente dicha comisión.

“La crisis financiera de la CIDH es el resultado de un modelo equivocado, basado en aportes de entes privados y Estados externos al Sistema Interamericano”, expresó Long.

Aseguró que ese modelo equivocado de financiación “no solo ha sentado las bases de la crisis, sino que ha politizado el tratamiento, defensa y promoción de los derechos humanos en el continente”.

“Debemos cambiar radicalmente el modelo actual, porque esta politización erosiona gravemente el sistema” interamericano, añadió el jefe de la diplomacia ecuatoriana.

Ecuador ha expresado reiteradamente su preocupación por el modelo de financiación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según Quito, “basada en aportes no permanentes, condicionados y direccionados, provenientes de entes privados y Estados externos al Sistema Interamericano”.

“La brusca e inesperada reducción de las aportaciones de dichos donantes ha provocado la grave crisis financiera que ahora atraviesa esa institución”, señaló la Cancillería en un comunicado.

En ese sentido, dijo que “Ecuador renueva su propuesta integral de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sometido a la consideración de los Estados en reiteradas ocasiones”.

El pasado lunes, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, consideró “preocupante” el “desinterés” de los Estados miembros de la OEA por la financiación de la comisión que, según dijo, está “en una situación gravísima”.

La CIDH, en un comunicado difundido ese mismo día, aseguró que si no recibe fondos o compromisos de donaciones antes del 15 de junio, será inevitable “el desmantelamiento de áreas esenciales”, la suspensión de visitas y audiencias y el despido de un 40 por ciento de la plantilla.

La OEA, integrada por 34 Estados del continente -todos menos Cuba-, aporta a la CIDH solo el 6 % de su fondo regular (4,8 millones de dólares), mientras que países europeos y otros donantes lo hacen con otros 5 millones en aportaciones voluntarias, con las que la comisión no puede contar con seguridad.

Este año, la CIDH recibió un total de 2,8 millones de dólares en aportaciones voluntarias, el 85 % de Estados Unidos.

Los otros países de la OEA que contribuyeron con fondos voluntarios fueron Argentina (40.000 dólares), Uruguay (24.460 dólares) y Perú (5.000 dólares).

De los Estados que no forman parte de la OEA, solo aportaron fondos Dinamarca (212.681 dólares) y España (47.181 dólares).

Cavallaro estimó que con menos de 12 millones anuales la CIDH no puede mantener sus funciones actuales y subrayó que serían necesarios al menos 24 millones de dólares para poder tener un sistema “con plazos razonables”.

La República


Hace 2 años se propuso que los estados miembros financien el sistema interamericano

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) vive momentos difíciles. La abrupta disminución de los recursos, provenientes de donaciones de países miembros, de organismos no gubernamentales y de Estados europeos, ha obligado a sus miembros a lanzar la alarma. El pasado 23 de mayo la entidad emitió un comunicado. Allí cuenta la crisis financiera extrema que soporta, con graves consecuencias en su capacidad para cumplir su mandato y funciones básicas.

También anunció que el 31 de julio próximo se vencen los contratos del 40% del personal y no cuentan con los fondos ni con la expectativa de recibirlos para renovarlos, por lo que perderán gran parte de su plantilla. Por eso el organismo suspendió las visitas previstas para este año, así como los períodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre.

Según el presidente de la Comisión, James Cavallaro, “no es la primera vez que a la CIDH le faltan recursos. Pero este año la crisis se agudizó”. Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador reiteró su propuesta para fortalecer la institución. La idea es que ya no depende de países ajenos a la región o de organizaciones de derecho privado.

El secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro, consideró muy difícil justificar ante Europa la demanda de ayuda, cuando el sistema no financia a los órganos de derechos humanos para proteger a los ciudadanos de sus países.

Quito ha propuesto, desde años anteriores (la última vez fue hace 2 años), que los países miembros aporten con sus recursos. Eso permitiría que la CIDH ya no dependa de las donaciones.

Al momento, el presupuesto de la CIDH (estimado en casi $ 8 millones al año) se financia de aportes regulares como la OEA que da el 6% del total. También hay fondos específicos, que se compone de tres fuentes: dinero adicional de los Estados miembros, donaciones de otros gobiernos (principalmente europeos), dinero de organizaciones filantrópicas privadas.

Para el excanciller Francisco Carrión, lo ideal es que haya una voluntad política de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de hacer un aporte en recursos al funcionamiento de la Comisión.

Otra opción, a su criterio, es que la propia Comisión pueda salir de Washington (donde tiene su sede) a otro país de Latinoamérica, que sea parte del Sistema Interamericano, ya que eso le permitirá, entre otras cosas, reducir los costos.

“Otra salida es que todos los países del Sistema ratifiquen la convención y con eso se debería suscribir y ratificar las convenciones de defensa de derechos humanos de la región”. El exdiplomático sostiene que muchos países que son parte del Sistema hablan sobre la defensa de los derechos humanos, pero no se comprometen al momento de dar un aporte económico.

Para el analista Carlos Estarellas Velásquez, es lamentable que un organismo importante para los ciudadanos de la región, como la CIDH, esté en crisis porque afecta a aquellos ciudadanos a quienes se les niegan sus derechos fundamentales en sus propios países. Por esta razón considera necesario que los Estados miembros, entre ellos Ecuador, soliciten una reunión para buscar una forma de aportar.

“Deben ser los Estados miembros los llamados a aportar, lo lógico sería que los Estados vean la posibilidad de que el organismo salga de esta situación penosa y que se encuentre la alternativa más rápida para poder salir de la crisis”, afirma.

Discrepa con Carrión respecto de la salida del organismos de la capital estadounidense, al menos por ahora. “No lo veo tan fácil en este momento que salga de Washington, el hecho de trasladarse a otro país les va a significar más egresos”.

Además, tendrían que ponerse de acuerdo los países miembros para definir en dónde sería la sede y eso va a demandar tiempo y por ende retrasar las demandas que reposan en la comisión.

Recalca que tanto la comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte de un sistema de protección, auspiciado por la (OEA), lo cual es positivo para precautelar los derechos humanos de las personas que son parte de los Estados miembros.

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El Telégrafo