COPINH exige de nuevo el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres frente a Casa Presidencial

Los miembros el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), nuevamente han acudido hasta la Casa Presidencial hondureña para exigir al gobierno de Juan Hernández, el pleno esclarecimiento del asesinato de la lideresa indígena y defensora del ambiente Berta Cáceres.

La mañana de este martes, han llegado hasta las inmediaciones de la casa de Gobierno que permanece rodeada de policías y militares portando sus escudos y cargando las bombas lacrimógenas listas para reprimir al pueblo lenca.

Tomás Gómez, coordinador del Copinh, relató a Criterio.hn que los puntos exigidos son: 1.-El pleno esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres con el castigo a los autores materiales e intelectuales, 2.- Que se firme un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se integre un grupo interdisciplinario que conozca e investigue el asesinato de la lideresa indígena, 3.- Que se eliminen las concesiones que se han otorgado en el territorio lenca, incluyendo las mineras y 4.- La salida del proyecto Agua Zarca y la empresa DESA del territorio lenca.

Gómez manifestó además que, ya les han enviado una comisión de Casa Presidencial para manifestarles que serán recibidos por Roberto Ordoñez, pero ellos quieren reunirse con el propio presidente Juan Hernández y no con terceras personas o comisiones, porque al final no hacen nada.

El líder indígena señaló que, aún no han decidido si acudirán a la cita con Ordoñez, porque ellos quieren reunirse con el mandatario y no con gente que no tenga poder de decisión porque ya les ha pasado que les mandan emisarios y nunca resuelven nada y sienten que lo hacen, ”para quitárselos de encima”, apunto Gómez.

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COMUNICADO FAMILIA BERTA Y COPINH: HALLAZGOS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE ASESINATO DE BERTA CÁCERES SON INSUFICIENTES

El pasado 2 de mayo nos enteramos por la prensa de las acciones del Ministerio Público (MP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que tuvieron como resultado la captura de cuatro presuntos responsables del asesinato de nuestra Berta, a saber: Edilson Duarte Meza (ejecutor), Sergio Rodríguez (gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA)), Mariano Díaz Chávez, (instructor de la Policía Militar del Orden Público y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército), y Douglas Geovanny Bustillo, (teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y quien fue subjefe de seguridad de la misma empresa DESA). Entendemos que luego fue capturado Emerson Eusebio Duarte Meza y el MP ha señalado que una persona de nombre Henry Javier Hernández habría participado en los hechos pero no ha sido capturada.

En el transcurso de la semana, nuestros abogados intentaron conocer los detalles de las diligencias investigativas, para tales efectos, se presentaron ante las oficinas del Ministerio Público, realizaron llamadas a los y las fiscales a cargo así como a personal de la ATIC. Todos los esfuerzos fueron infructuosos pues siempre se les negó el acceso a la información disponible, en contraposición a la normativa interna hondureña que nos permite participar como víctimas en el proceso penal.

El viernes 6 de mayo se llevó a cabo la audiencia para conocer la acusación del MP en contra de los cuatro imputados, la cual se extendió hasta el día sábado. En este acto ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, pudimos participar como familia y a través de nuestros representantes legales. También hubo observación de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Con base en la información que consta en el expediente presentado ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, aclaramos lo siguiente:

– Existen suficientes indicios que señalan que el asesinato de Berta Cáceres tuvo como motivación su lucha contra la construcción del proyecto Agua Zarca a cargo de la empresa DESA. – Las diligencias más importantes que sustentan la investigación del MP son: a) la intervención y vaciados telefónicos a varias personas acusadas como partícipes en el crimen; b) un dictamen de balística practicado a una arma de fuego que sería la arma homicida; c) los dictámenes de autopsia de Berta Cáceres y el dictamen clínico sobre la evaluación practicada a Gustavo Castro; d) varias diligencias sobre investigaciones de campo, tales como la inspección ocular, entrevistas, entre otros.

Ahora bien, los hallazgos antes señalados, si bien son positivos, resultan insuficientes e incompletos a efectos de identificar la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato de nuestra madre, hija y compañera y de esclarecer plenamente la responsabilidad de la empresa DESA y de otros actores institucionales en los hechos. En tal sentido, sostenemos las siguientes preocupaciones:

– No hay exhaustividad en la investigación. No se conocen acciones o diligencias de investigación exhaustivas para determinar a la totalidad de autores intelectuales. Es decir, no se ha investigado la posible vinculación de otros miembros del ejército ni la responsabilidad institucional de este cuerpo de seguridad en los hechos. Tampoco constan diligencias sobre la participación y/o la responsabilidad de los directivos o grupos económicos que conforman la empresa DESA. – No hay individualización de acciones. El requerimiento fiscal no individualiza responsabilidades para ninguna de las personas imputadas y solo se hacen aseveraciones generales como grupo delictivo. – Prueba ausente. No consta en el expediente judicial que alguno de los hombres capturados haya confesado su participación en el crimen, de hecho en la audiencia inicial todos lo negaron. Tampoco consta ningún video que muestre la forma cómo se ejecutó el asesinato. Contrario a lo que sostiene la ATIC en diversos medios de comunicación. – Revictimización y falta de acceso a la información. La jueza Lisseth Vallecillo Banegas, ante nuestra solicitud para conocer los avances de las investigaciones, indica que si bien reconoce nuestro derecho, no es competente para ordenarle al Ministerio Público que nos brinde información pues “esta facultad de dirigir la investigación y promover la acción penal corresponde al ente fiscal por lo que el órgano jurisdiccional no se puede entrometer en las actividades de otra institución”. Es decir, nuevamente sin fundamento legal alguno se nos excluye del proceso de investigación y se nos revictimiza.

CON EL OBJETIVO DE QUE SE SEPA LA VERDAD, SE HAGA JUSTICIA Y
NO HAYA IMPUNIDAD PARA NINGUNO DE LOS RESPONSABLES,
NUEVAMENTE SOLICITAMOS AL ESTADO DE HONDURAS:

Se acepte la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a través de ella, el nombramiento de un grupo interdisciplinario de personas expertas que coadyuve en las investigaciones en torno al asesinato de nuestra madre, hija y compañera, de manera que se profundice y reoriente la investigación para que incluya a todas las autorías, particularmente aquellos que tomaron la decisión de ejecutar el crimen.

Se nos permita ser parte activa del proceso de investigación y se nos brinde acceso irrestricto a la información disponible sobre el caso.
El cese de la revictimización hacia nosotras como madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, así como se implementen medidas de protección integrales que eviten la continuación de las amenazas.

Consideramos urgente que la Fiscalía de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la OACNUDH, en el marco de sus mandatos, se pronuncien sobre los derechos a la verdad y acceso a la justicia a los que tenemos las víctimas en un proceso de esta naturaleza.

Apelamos a la solidaridad nacional e internacional para que se escuchen las voces de la familia y del COPINH y se insista ante las autoridades nacionales en corregir las deficiencias denunciadas así como se acepten las peticiones referidas.

Reiteramos que buscamos que haya verdad y justicia en el asesinato de nuestra Berta, si se logra, ganamos todos y todas.

¡Berta Vive!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 10 días del mes de mayo de 2016.
Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúniga Cáceres, Austra Bertha Flores y
el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas. de Honduras, COPINH
Con el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y
del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

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Asesinato de Berta Cáceres es un crimen político concluye Misión Internacional de Derechos Humanos

La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, que está en Honduras desde la semana pasada, consideró que el asesinato de Berta Cáceres es un crimen político.

Asimismo la misión comparte con la familia de Berta Cáceres, el llamado a crear una comisión de investigación independiente para que investigue el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres.

La misión que hoy se encuentra en el municipio de Tocoa en reuniones con los campesinos del Bajo Aguán, condenó además la represión contra los miembros del Copinh el pasado lunes 9 de mayo y exige la inmediata liberación de los detenidos e instó al gobierno de Juan Hernández a evitar cualquier forma de criminalización contra la protesta social.

En su visita al Bajo Aguan han podido constatar que se mantienen las amenazas, ataques e intentos de asesinatos en contra de los líderes y personas defensoras de derechos humanos en la zona así como en contra de dirigentes comunitarios que protegen el agua, los ríos y el medio ambiente.

Reza además el comunicado emitido hoy que continua la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra, la defensa de los territorios y de los derechos humanos, mientras la impunidad prevalece en más de 150 asesinatos perpetrados en la región desde el golpe de Estado, siendo la masacre del Tumbador un caso emblemático.

Asimismo señalan que las amenazas sistemáticas, el desplazamiento forzado, las torturas, el exilio, los desalojos forzados, los despojos y difamación permanecen en la impunidad.

La misión hizo las siguientes recomendaciones:

La Fiscalía debe asegurar la investigación de los crímenes cometidos como premisa fundamental para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las vistimas.

El gobierno de Honduras debe asegurar que se cumplan los acuerdos relativos para garantizar el acceso de las organizaciones campesinas a la tierra.

El gobierno hondureño debe proteger y no estigmatizar a quienes ven su integridad amenazada por defender sus derechos.

Es Obligación del Estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIHD y destinarse los recursos necesarios, puesto que der no hacerse supone la responsabilidad y convivencia del Estado con las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos.

Crear mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas en cuanto a los proyectos que se implementan en sus territorios.

Finalmente hicieron un llamado a la comunidad internacional para que esté vigilante ante la situación que enfrenta el pueblo hondureño y en particular las personas que defienden los derechos humanos y más concretamente las comunidades campesinas del Aguán.

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