Tras el asesinato de seis estudiantes de diferentes institutos públicos en los últimos dos meses, tres organizaciones defensoras de derechos humanos urgieron ayer al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) para que intervenga para en la solución de lo que identificaron como una crisis de derechos humanos en materia educativa.

Los seis estudiantes de secundaria fueron asesinados entre marzo y mayo de 2016, mientras en los colegios donde ellos aprendían, había protestas estudiantiles por la implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Honduras aprende por una vida mejor”.

El Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH) presentó la lista de jóvenes asesinados. Según el OEIDH, coincidentemente las víctimas eran de los institutos educativos cuyos alumnos se encuentran en protesta junto a sus padres de familia y maestros. Para el OEIDH, de  los seis jóvenes que fueron asesinados, cuatro eran menores de edad, y dos tenían entre 18 y 19 años.

“De acuerdo con nuestro análisis se trata de una situación de violencia sistemática, sin demeritar el hecho de que estos institutos y estos jóvenes viven en zonas consideradas de alta incidencia de maras y pandillas, lo ciento es que no podemos obviar que en este momento los estudiantes se mantienen en una serie de protestas por el Plan de Alfabetización, en este escenario se nos plantea un reto obligatorio como organizaciones de derechos humanos, pues creemos que los institutos donde existe oposición o movilizaciones son también donde se han presentado estos graves incidentes violentos”, sostuvo una de las representantes del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en la reunión con el ombudsman, Roberto Cáceres Herrera.

Apertura al diálogo

Para Cáceres Herrera “la situación que se presenta en los institutos capitalinos es similar a la que se vive en el país”, sabemos que “hay una minoría de jóvenes que consume droga, que son víctimas de la vulnerabilidad por la presencia de las maras, por lo que deben tomarse esfuerzos conjuntos, de tal manera que se hagan acciones concretas que puedan irse replicando, para no quedarse solamente en Francisco Morazán, sino en todo el país donde hay centros violentos”.

El titular de CONADEH, subrayó además la necesidad de “no continuar con el mismo sistema educativo, por lo que se debe ir buscando como enfrentar la temática común y hacerle una propuesta al gobierno”.

Al ser consultado por la posibilidad de una apertura al diálogo por parte del ministro, Marlon Escoto, “porque creemos que si no existe apertura, las protestas se van a agudizar si no se abre el diálogo”, sostuvo un representante del Observatorio Ecuménico. Cáceres Herrera aseguró que están en conversaciones y se puede llegar al diálogo entre las partes.

Militarización agrava escenarios 

Tras la denuncia interpuesta por C-Libre se ha investigado además los supuestos casos de acoso sexual por parte de los militares que mantienen presencia en el instituto Saúl Zelaya.

“Lo que podemos hacer como Comisionado, es poner en conocimiento de inmediato a la Fiscalía porque con la situación de los asesinatos ya hay un delito, o que se nos comunique en caso de que ellos ya hayan realizado una investigación sobre el caso”, indicó una procuradora asignada al caso.

“Hay que tener presente que cuando hay acoso sexual no necesariamente la víctima va a comunicarlo al docente o al director del centro educativo, siempre suele ser a las personas más cercanas a él o ella y quienes más confianza tenga, porque recuerde que esto puede representar vergüenza, no necesariamente el referente debe ser la autoridad en materia educativa y ahí la misma Fiscalía de la Niñez debe investigar, la alerta está puesta y es responsabilidad del Estado de actuar de oficio”, sostuvo por su parte, Wilmer Vásquez de la Red Coiproden.

Planteamiento Jurídico contra el Plan Nacional de Alfabetización

El Coordinador General del Observatorio  Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OIDH), compartió además el planteamiento jurídico contra el Plan Nacional de Alfabetización por el Estado a través de la Secretaría de Educación.

A su criterio, esta iniciativa se trata de una actividad ilegal, pues según los tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, así como las leyes nacionales como el Código de la niñez y adolescencia.

En ambas leyes hablan sobre los derechos de la niñez, fundamentados en la premisa de  “El interés superior  del niño”, especialmente porque se trata de una actividad impuesta, dado que no ha existido diálogo o acuerdos consensuados entre las partes o actores que ejecutaran el mismo: padres de familia, maestros y alumnos.

Además, el OEDH considera que es una actividad riesgosa, poniendo en peligro las vidas o integridad física de los estudiantes al enviarlos a lugares de riesgo o ponerlos frente a adultos desconocidos durante un periodo prolongado.

4. Es una actividad pedagógicamente inconsistente: los adolescentes no tienen la formación ni capacitación pedagógica para enseñar a leer a personas adultas o jóvenes analfabetas. La alfabetización es una responsabilidad del Estado.

Artículo 154 de la Constitución de la república

La erradicación del analfabetismo es tara primordial del Estado…

5. Es una actividad económicamente desgastante para el presupuesto de las familias pobres: la mayoría de los estudiantes de educación media que tienen que alfabetizar (unos 250 mil) proceden de hogares pobres con ingresos de 1 o 2 salarios mínimos, los cuales son insuficientes para hacerle frente a los gastos de alfabetización. (7 mil lempiras para alfabetizar a dos personas, según el COPEMH).

El financiamiento de la educación pública es responsabilidad del Estado, articulo 171 de la constitución de la República.

Propuesta:

1. Promover un diálogo con carácter urgente, padres de familia, estudiantes, autoridades de educación y organizaciones de derechos de la niñez, para buscarle una solución  consensuada a la problemática.

2. Diseñar un programa serio de alfabetización que supere las deficiencias antes mencionadas, coordinado por un equipo de empleados de la secretaria de educación preparados a nivel nacional sobre la temática y metodología de alfabetización, quienes estarían al frente del “voluntariado especial” identificado para la tarea de alfabetización (preferiblemente los estudiantes de magisterio a nivel nacional).

  • Acuerdo por la Dignificación Humana y la Calidad Educativa