Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

De pronto se supo la verdad: el sistema de Derechos Humanos creado por las naciones que conforman la Organización de Estados Americanos, OEA, está a punto de desaparecer. La culpa, si así puede llamarse, es de la falta de presupuesto.

Es decir, los Estados que un día se comprometieron a hacer valer una especie de jurisdicción voluntaria para proteger los Derechos Humanos de sus ciudadanos, no cumplen con las obligaciones. Por lo tanto, está a punto de desaparecer ese sistema que integró al bloque constitucional de casi todas las constituciones de América. Una justicia impartida por una Comisión de Derechos Humanos sobre la cual los Gobiernos no tienen poder.

Es que su actuación siempre ha sido incómoda y en ocasiones polémica. De lo primero es ejemplo el retiro de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, la salida para evitar que fuera juzgado, condenado y obligado a resarcir a sus víctimas por los abusos cometidos por su régimen. De lo segundo es destacable el error que cometieron al sancionar a Colombia por la masacre de Mapiripán, obligando a nuestro Estado a pagarle a unas víctimas que después se demostró, eran falsas y formaban parte de un montaje.

Con todo y sus imperfecciones, la Cidh ha sido una creación de los países americanos digna de resaltar. Ella actúa como una alerta que ayuda a persuadir a las autoridades para impedir los abusos, o para incitarlas a proteger los derechos de sus ciudadanos, amenazados por organizaciones criminales como los carteles del narcotráfico o por otros Estados, como le ha ocurrido a los colombianos durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Hasta ahora, la ayuda de países europeos y de algunos americanos ha servido para soportar esa voz capaz de investigar y juzgar a dictaduras y gobiernos que hayan desconocido los derechos humanos. Sin embargo, el retiro de ese apoyo, que coincide con el marchitamiento de la propia OEA, hace temer por la desaparición de un sistema necesario para denunciar los excesos y ofrecerles reparación y verdad a las víctimas.

No obstante, aunque la Corte y el sistema Interamericano sufrirán un recorte por el no pago de los aportes que deben hacer los Estados que reconocen su jurisdicción, la verdad es que es la OEA en su conjunto es la que está amenazada por los incumplimientos de sus socios. Quizás, esa falta de cumplimiento se debe al desinterés por continuar con una organización que fue creada para mantener el diálogo de Estados Unidos con Latinoamérica, o porque existen otros intereses políticos como los que dieron pie al nacimiento de Unasur, también en vías de extinción.

Ante lo que significa que la Cidh deba recortar a la mitad su nómina a partir del próximo primero de julio, es necesario recordar el mensaje que su Secretario General envió a los mandatarios de América para recordarles que esa institución debe ser parte de las prioridades de la región. De lo contrario, dejarla morir de inanición, significará un retroceso que repercutirá en las libertades de los americanos y afectará la democracia que deben garantizar sus gobernantes.

El País