La Cancillería confirmó que recibió ayer de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la documentación para la solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli.

El pedido de la solicitud de extradición guarda relación con la investigación que le sigue la CSJ a Martinelli por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad al presuntamente autorizar durante su administración escuchas telefónicas, interceptación de comunicaciones y seguimiento a opositores, dirigentes sindicales, periodistas, empresarios, entre otros.

“El equipo de Asesoría Legal de la institución procederá ahora con la revisión de los documentos para asegurar que cumplen con los requisitos de forma establecidos. Tan pronto se confirme que los mismos están en regla, la Cancillería anunciará sus próximos pasos de acuerdo con el procedimiento”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Desde el 8 de junio de 2015, el pleno de la CSJ admitió abrir este proceso contra Martinelli y se designó al magistrado Harry Díaz como fiscal y a Jerónimo Mejía como juez de garantías.

El 21 de diciembre de 2015, el pleno de la CSJ ordenó la detención provisional del exgobernante, debido a que no ha comparecido durante el proceso, y el 11 de diciembre, el juez de garantías lo declaró en “rebeldía”.

Martinelli, quien está fuera de Panamá desde el 28 de enero de 2015, comentó vía Twitter que por no permitir que los diputados de Cambio Democrático voten por el oficialismo para el próximo presidente de la Asamblea Nacional que se escoge el 1 de julio, el mandatario Juan Carlos Varela mandó a reactivar sus procesos.

ESCEPTISMO POR EXTRADICIÓN

Víctimas y querellantes de los pinchazos reaccionaron con escepticismo tras conocer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó ayer ante la Cancillería la documentación para solicitar la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, procesado por la comisión de los supuestos delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

La excandidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera sostuvo que el juez de garantías, Jerónimo Mejía, tardó cinco meses para cumplir con la orden que le dio el pleno de la CSJ el pasado 21 de diciembre de 2015 de efectuar las gestiones pertinentes para hacer comparecer a Martinelli en el proceso.

Herrera consideró que este trámite se dilató en exceso y ha permitido generar mucho descontento entre la comunidad y las víctimas de las escuchas ilegales.

Manifestó que tiene muy pocas esperanzas de que el proceso de extradición de Martinelli se concrete, ya que la propia canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en una entrevista que dio en Estados Unidos, aseguró que es un proceso muy complicado, ya que el Tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos (EU) data del año 1904 y no se contempla la extradición por delitos de interceptación ilegal de comunicaciones.

Además, dijo que así como la CSJ tardó cuatro meses en traducir la documentación para pedir la extradición, habrá que ver cuánto tiempo le toma ahora a la Cancillería efectuar el trámite ante las autoridades de EU.

En un comunicado, la Cancillería expresó ayer que ahora hará la revisión de los documentos que entregó la Corte “para asegurar que cumplen con los requisitos de forma establecidos”.

En el mismo sentido que la dirigente perredista se pronunció Carlos Herrera Morán, abogado del médico Mauro Zúñiga, querellante en el proceso.

Herrera Morán consideró como muy tardía la solicitud de la Corte y señaló que el juez de garantías debió solicitar a Interpol el arresto de Martinelli con fines de extradición para tener la certeza de que el exmandatario no abandone EU, donde, según sus abogados, tiene su residencia.

“Esto impediría a Martinelli evadir la justicia panameña, como lo ha hecho hasta la fecha, ya que con una orden de arresto internacional sería detenido en cualquier parte del mundo”, acotó el abogado.

En tanto, el catedrático universitario Miguel Antonio Bernal, también víctima de los pinchazos, señaló que el proceso ha tardado tanto tiempo que nadie cree que la extradición vaya a tener algún resultado.

Bernal recalcó que la Corte dilató tanto el proceso que incluso las víctimas de los pinchazos no tienen muchas esperanzas de que Martinelli enfrente la justicia.

“Estamos decepcionados de cómo se ha manejado por parte de la Corte un tema de tanta importancia y que afectó los derechos fundamentales de cientos de personas”, alegó.

TODO DEPENDE DE EU

En tanto, Vladimir Franco, exdirector de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería, detalló que el trámite de extradición precisa seguir una serie de pasos y cumplir formalidades.

Explicó que la Cancillería tiene que elaborar una nota que debe remitir al embajador de Panamá ante EU y este la presentará ante el Departamento de Estado.

La documentación de la solicitud de extradición quedaría en manos de las autoridades de EU, las que harán las evaluaciones correspondientes del pedido.

Franco aseguró que el procedimiento puede durar poco o quizás mucho tiempo, ya que todo depende de las autoridades EU.

Explicó que se trata de documentación que debe ser analizada y evaluada a la luz de las normas legales vigentes en materia de extradición entre EU y Panamá y basada en los convenios que en esta materia mantienen ambos países.

DEFENSA SE NOTIFICARÁ

Rogelio Cruz, miembro del cuerpo de abogados de Martinelli, dijo que acudirá hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores para notificarse y revisar la documentación de extradición.

Para Cruz, la petición de extradición de Martinelli viola el debido proceso debido a que su cliente no ha sido imputado de delito alguno en este proceso.

Afirmó que la solicitud tiene que llenar una serie de procedimientos y adelantó que esta no cumple con algunas bases legales, entre ellas la formulación de cargos contra el imputado, paso que, según el defensor, no se ha cumplido en la investigación.

Relató que durante todo el proceso seguido al exmandatario, tanto el magistrado Harry Díaz, quien actúa como fiscal en esta causa, como el juez de garantías han cometido una serie de violaciones al debido proceso.

No obstante, Martinelli ha hecho uso de su derecho a defensa al presentar más de 12 recursos legales dentro del proceso ante el juez de garantías.

LA INVESTIGACIÓN

El 5 de enero de 2015, la Fiscalía Auxiliar inició una investigación de oficio a raíz de que un testigo protegido declaró sobre la existencia de equipos electrónicos de espionaje que eran usados en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para escuchar a opositores políticos, dirigentes sindicales, gremiales, periodistas y empresarios.

Durante la investigación, la fiscalía acreditó escuchas telefónicas a 150 personas.

El testigo protegido contó que en mayo de 2014, luego de las elecciones, tres computadoras que formaban parte de un equipo para las escuchas fueron desconectadas y colocadas en cajetas. El testigo narró a la fiscalía que el aparato fue guardado en las oficinas del Súper 99 en Monte Oscuro, donde se maneja parte de las operaciones del emporio Ricamar, propiedad de Ricardo Martinelli.

Tras investigaciones que se hicieron en septiembre y octubre de 2015, el Ministerio Público comprobó que el equipo de espionaje Pegasus, adquirido en 2012 por el gobierno anterior, funcionó en el piso 6 del P.H. Oceanía Business Plaza Torre 3000, inmueble cuyo propietario es la sociedad Oceanía T3000, de Gabriel Gaby Btesh, miembro del “círculo cero” de Martinelli.

ESFERA INQUISITIVA

El 14 de enero de 2015, el Ministerio Público ordena allanamientos y detiene a los exdirectores del CSN Gustavo Pérez y Alejandro Garuz por su vinculación con la investigación.

También se ordena el arresto de los agentes del CSN William Pittí y Ronny Rodríguez, quienes hasta ahora están prófugos de la justicia, a pesar de que hay una solicitud de alerta de Interpol para capturarlos.

Pittí y Rodríguez son señalados como las personas a cargo de los operativos de interceptaciones telefónicas y seguimiento a opositores al gobierno.

A Rodríguez se le atribuye ser el funcionario que entregaba a Martinelli los informes diarios de las escuchas telefónicas que se hacían desde un edificio ubicado en el área de Ancón.

El Juzgado Decimosexto fijó para el pasado 11 de abril la audiencia preliminar a Pérez y Garuz por la supuesta comisión de estos delitos, pero fue suspendida por el juez Enrique Pérez hasta resolver una solicitud de pruebas extraordinarias presentada por la defensa.

CASO EN LA CORTE

Un total de 10 personas interpusieron querellas en la CSJ contra Martinelli, luego de que el Ministerio Público les notificara que aparecían en grabaciones que fueron interceptadas por el CSN. En una sesión celebrada el 12 de febrero de 2015, el pleno de la CSJ acordó la acumulación de todos los expedientes.

El 8 de junio de 2015, el pleno de la Corte admite las denuncias.

El 9 de octubre de 2015 , el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, acusó a Martinelli por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado).

En un audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2015, el juez de garantías Mejía declaró en rebeldía a Martinelli por no presentarse al proceso.

Mientras que el 21 de diciembre de ese año, el pleno de la CSJ ordena la detención preventiva del exgobernante con fines de extradición.

El 25 de enero de 2016 Mejía informó que a través de su oficina judicial envió a traducir al inglés el expediente 138-15 de los pinchazos. Esto le tomó cuatro meses.

Después de ese anuncio Mejía mantuvo un silencio total sobre el caso. No fue hasta el 11 de marzo pasado que remitió al director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, un oficio para que detuviera a Martinelli si estaba en el territorio nacional. Dos días después, el jefe de la Policía le contestó que Martinelli no estaba en Panamá.

En el transcurso del proceso, los querellantes interpusieron tres impulsos procesales para que Mejía agilizara la solicitud de extradición, pero no rindieron efectos inmediatos.

La Prensa