Por Gerardo Szalkowicz

Justo al cumplirse dos meses del asesinato de Berta Cáceres, el Ministerio Público hondureño anunció la detención de cuatro acusados: un militar retirado, un mayor del Ejército, el gerente ambiental de la empresa DESA y un supuesto sicario. En esta entrevista(*), Laura Zúñiga Cáceres, una de sus hijas, expresa la desconfianza de los familiares y del Copinh en la investigación oficial y la necesidad de conformar una comisión internacional independiente. También describe la situación de constante violación a los derechos humanos en el país centroamericano y rescata como principal legado de la lidereza ambientalista y feminista “el sentido profundo de la justicia y la rebeldía”.

– ¿Qué piensan como familiares sobre la detención de los cuatro acusados y de la investigación general del caso?

– Lo primero es que estas detenciones, al igual que todo el proceso investigativo, se ha dado sin informarnos nada a nosotros, que somos las víctimas legales del hecho, nunca se nos ha tomado en cuenta y siempre nos enteramos de los avances en la investigación solo a través de los medios. Al no haber sido partícipes y al no saber de qué manera se hicieron las investigaciones, no podemos decir si el proceso realmente se está llevando a cabo de manera exhaustiva o si es más bien una forma de distracción para bajar la presión internacional.

Entonces vamos a seguir exigiéndole al Estado hondureño que se nos dé toda la información, que es nuestro derecho, y también vamos a seguir exigiendo que se conforme una comisión internacional independiente ya que entendemos que el Estado está relacionado y es responsable del asesinato de mi madre. Entonces creemos que no es una parte neutral, que no puede ser juez ni investigador en un caso en el que está tan seriamente involucrado.

– ¿Por qué creen que se los excluyó del proceso de investigación y cuáles serían las responsabilidades concretas del Estado en el crimen?

– No sabemos cuál es el trasfondo de por qué no se nos ha tomado en cuenta, nosotros tememos que sea para poder especular alrededor de las pruebas y de los responsables. Entendemos que todas las instituciones del Estado han estado involucradas en el asesinato. El Poder Legislativo, por haber aprobado leyes que dan a empresas concesiones de los bienes naturales, sobre todo en territorio lenca, concesiones inconsultas, ilegítimas, que provocan conflictividad por violar los territorios de las comunidades indígenas.

En cuanto al Poder Judicial, fue el que ha perseguido constantemente al Copinh y a mi madre, la criminalizó, la metió en la cárcel, fueron esos jueces, esos fiscales que hoy están llevando adelante la investigación. También fue el Poder Judicial el que no investigó todas las amenazas que recibió mi madre en los últimos años: fueron en total 33 amenazas desde 2013, muchas de ellas provenientes de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), que es la que señalamos como una de las posibles responsables del asesinato.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo no sólo no llevó a cabo las medidas de protección, las medidas cautelares que mi madre pedía, sino que también puso a disposición todas las fuerzas represivas para cuidar a la empresa DESA, y también persiguió y asesinó a compañeros nuestros en la comunidad de Río Blanco, que es la que más se ha enfrentado a esta represa, como así también ha asesinado a otros compañeros que se han enfrentado a otras empresas extractivas.

El Estado permite que empresas criminales como DESA sigan operando en los territorios a pesar de estar comprobada su responsabilidad en la violación a los derechos humanos y en atentados contra quienes defienden los bienes de la naturaleza.

– Las cifras dejan claro que el asesinato de Berta no es un caso aislado, sino apenas el reflejo de una situación estructural de criminalización de la protesta. ¿Cuál es el escenario que viven diariamente las y los activistas en Honduras?

– Es evidente que detrás del asesinato de mi madre hay intereses económicos muy fuertes, no sólo nacionales sino transnacionales. El modelo extractivista que se le ha impuesto a Honduras es una de las principales fuentes de violencia y de conflicto, ya que necesariamente tienen que avasallar los territorios de las comunidades. Ante esto y ante un Estado con una legitimidad nula y una institucionalidad demasiado débil que no puede garantizar los derechos fundamentales, su método para seguir manteniendo el control de las poblaciones es a través de la represión. Por lo tanto, es normal el asesinato o la persecución a luchadores y luchadoras populares como política de Estado. Además, hay un gran crecimiento del paramilitarismo, obviamente protegido por las instituciones gubernamentales.

– Ante este panorama, ¿qué se plantean los familiares y el Copinh?

– Vamos a seguir en la lucha abierta y frontal contra todos los proyectos extractivos que atenten contra nuestros territorios y nuestras culturas, vamos a seguir presionando al Estado para que acepte que se conforme una comisión internacional independiente que investigue el caso y vamos a arreciar la movilización y la lucha para que se respeten nuestros derechos. Si asesinaron a una de las personas con más alto perfil internacional pueden seguir atentando contra la vida de cualquier luchador, y por lo tanto también es nuestro objetivo sentar un precedente de justicia y en contra de la impunidad para poder proteger la vida de todos los luchadores.

– Por último, ¿cuál te parece el principal legado que nos deja Berta, como militante, como madre y como persona?

– Muchísimas cosas… el sentido de luchar contra el sistema de muerte que han impuesto en nuestros territorios, su vocación por alzarse y luchar no sólo contra los proyectos extractivos sino también en defensa de los derechos de las mujeres. Pero por sobre todo, creo que lo principal que mi madre nos ha dejado es el sentido profundo de la justicia y la rebeldía.

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