El testimonio de Silvia Suppo fue clave para condenar por primera vez a un juez federal en la Argentina por delitos de lesa humanidad. La mujer fue asesinada en 2010. Su familia reclama el esclarecimiento del hecho.

Silvia Suppo fue testigo y denunciante de crímenes contra los derechos humanos cometidos en la Argentina en la última dictadura cívico militar, entre 1976 y 1983. Su testimonio fue fundamental para que en 2009 se condene por primera vez en el país a un ex juez federal por delitos de lesa humanidad. Cuatro meses después de esa condena histórica, Suppo fue asesinada a puñaladas en su local comercial de venta de artículos de cuero, a plena luz del día.

Por el crimen hay dos jóvenes condenados a cadena perpetua. Sin embargo, los familiares de Silvia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y numerosas organizaciones de derechos humanos de la Argentina reclaman justicia. ¿El motivo? Los condenados fueron acusados de matar a Silvia para robarle. Pero a muy pocos convence esa versión de los hechos. Marina y Andrés Destéfani, hijos de Silvia, exigen desde hace seis años que el Poder Judicial argentino avance en la investigación para dar con los autores intelectuales del asesinato de su madre.

Silvia no sólo había sido testigo en el juicio que condenó al ex juez federal de la provincia de Santa Fe, Víctor Brusa, a 21 años de prisión. También era una de las principales denunciantes en una causa que llevará a juicio oral a cuatro ex policías por el secuestro, desaparición y asesinato de siete jóvenes santafesinos durante la última dictadura.

Al cumplirse un año del crimen de Silvia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se investigue la hipótesis de un homicidio por encargo para acallarla por ser testigo. Sin embargo, la Justicia Federal hasta ahora sólo avanzó en la hipótesis del asesinato para robarle algunos elementos y dinero de su negocio.

En busca de verdad y justicia

Tras el Golpe perpetrado en 1976 por las Fuerzas Armadas argentinas, se instauró en el país el terrorismo de Estado para eliminar movilización y organización social. Se secuestró, torturó, desapareció y asesinó a decenas de miles de estudiantes, militantes políticos y trabajadores.

Dos años después del retorno de la democracia, en 1985, los jefes de las tres Juntas Militares que gobernaron de facto fueron enjuiciados y, en algunos casos, condenados. Sin embargo, en 1987 se dictaron leyes de amnistía y en 1990, el Gobierno nacional indultó a los condenados, dejándolos en libertad. En 2005 esas disposiciones se anularon y se reabrieron los juicios a los represores, que aún continúan desarrollándose.

En 1978, Silvia Suppo era militante de la Juventud Peronista y trabajaba con curas tercermundistas en villas miseria de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. El 24 de mayo de 1977, cuando tenía 18 años, fue secuestrada y trasladada a un centro clandestino de detención. Allí la torturaron, la violaron y como consecuencia de ese abuso, quedó embaraza. La obligaron a abortar. Permaneció detenida hasta diciembre de 1978, cuando la liberaron.
Con el retorno de la democracia, Silvia dedicó buena parte de su vida a la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes cometidos contra ella y sus compañeros. Hasta que la mañana del lunes 29 de marzo de 2010, en Rafaela, una ciudad de 100 mil habitantes que no tiene registro de un asesinato en ocasión de robo en su historia criminal, le asestaron ocho puñaladas mortales.

Los condenados, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, nunca quisieron reconstruir el asesinato. Se autoimplicaron al comienzo de las investigaciones pero al final del juicio declararon ser inocentes. La familia de Silvia realizó numerosas denuncias por el accionar de la Policía en relación a este caso. Acusaron a las fuerzas de seguridad de borrar huellas, no proteger la escena del crimen y hacer desaparecer pruebas. La Justicia nunca investigó esas denuncias.

En los Tribunales Federales argentinos aún está abierta, pero sin avance, la causa por la que se busca dilucidar si el crimen de Silvia fue por encargo, por su condición de testigo y denunciante.

(*) Periodista de la ciudad de Rafaela, Argentina