En pleno conflicto con Monsanto por el cobro de regalías que ejerce la multinacional sobre los productores sojeros, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, confirmó que el gobierno nacional ya tiene listo el anteproyecto de modificación de la Ley de Semillas. Afirmó que esto se hace para que “la industria pueda cobrar la tecnología y el productor pague lo que le corresponda, o será sancionado”.

De esta manera, el Poder Ejecutivo anunció que enviará de manera inminente al Congreso Nacional un proyecto para actualizar la Ley de Semillas, vigente desde 1973. En lo relativo a la propiedad intelectual, la norma actual reconoce el Derecho de Obtentor (DOV). Se trata de un derecho exclusivo para la explotación comercial a quien “obtiene” una nueva variedad de semilla por un lapso determinado.

No obstante, según la misma ley, esa exclusividad contempla el “derecho al uso propio”, que autoriza al agricultor a resembrar las semillas obtenidas en cada cosecha sin tener que pedir autorización o pagar por ello al obtentor de la variedad sembrada. Esta excepción al derecho del obtentor respeta el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales celebrado en 1978 (UPOV 78), del cual nuestro país es signatario. Y es justamente el “uso propio”, lo que desde un comienzo estuvo en el centro de las disputas.

Un conflicto con historia

En 2012, coincidiendo con el anuncio de Monsanto del lanzamiento en nuestro país de la soja RR2 Intacta, el gobierno nacional de Cristina Fernández anticipó la intención de modificar la Ley de Semillas. El hecho generó un importante rechazo en cuanto a los contenidos y a la orientación de los anteproyectos que pudieron conocerse, por parte de organizaciones sociales, políticas, campesinas, indígenas y de la agricultura familiar. La Federación Agraria Argentina (FAA) y algunos sectores del gobierno kirchnerista, también explicitaron su desacuerdo.

El anteproyecto nunca salió del Ministerio. Y como respuesta a esto, hacia finales de 2014 Monsanto implementó contratos de manera directa con los productores sobre el tipo de soja “Intacta”, un tipo de semilla que incorpora tecnología. Entre otras cosas, esto obliga a los agricultores a renunciar al derecho de uso propio, permitir el ingreso a su campo a fiscalizadores designados por la empresa y vender su cosecha únicamente a exportadores y/o acopiadores autorizados por la mencionada corporación.

Esto desató un conflicto de gran envergadura ya que varios productores se negaron a aceptar este control. El gobierno intentó intervenir a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que también tuvo un amplio rechazo social y nunca llegó a emitirse.

La ley de Cambiemos

Ni bien asumió en diciembre, el designado ministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos anunció que la sanción de la nueva Ley de Semillas será una prioridad de su gestión. Y al mismo tiempo, Buryaile tomó partido por la Mesa de Enlace en su disputa con Monsanto por el cobro de regalías extendidas, al firmar la Resolución N° 140. Así, quedó invalidada una de las cláusulas establecidas por la empresa, aquella referida a la fiscalización para detectar su tecnología “Intacta” en soja, en tanto el sistema “deberá contar para su implementación con la previa autorización” del Ministerio.

Esto generó la desaprobación de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Para el presidente de dicha entidad, Alfredo Paseyro, esta resolución “afecta” los contratos “tanto en el lanzamiento de productos como entre las empresas socias de ASA”. “Esta resolución no ordena el comercio de granos ni ayuda a la industria semillera, sólo suma incertidumbre”, concluyó.

Monsanto, por su parte, comenzó a amenazar -una vez más-, con abandonar el mercado local si las condiciones no se tornan más favorables para sus inversiones. Para Buryaile, “la forma en la que corresponde salir de esta situación es con una Ley de Semillas, que éste Ministerio ya la tiene lista”. Cabe destacar que aún no circuló ninguna versión del mencionado anteproyecto.

Ante esta situación, varias voces ya se expresaron a favor. Gustavo Grobocopatel, solicitó “resolver rápido el tema de las semillas” con la sanción de una nueva ley para el sector que “debería hacer que el productor pague regalías en la bolsa, que tenga un sistema de retribución justa para quienes hacen la investigación y el desarrollo”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el legislador del Frente Renovador, Gilberto Alegre, presentó el 27 de mayo un proyecto de modificación que busca regular el “uso propio” creando para tal efecto un registro de “agricultores exceptuados”, manteniendo así el espíritu de los que circularon en 2012 y 2014.

Si bien aún no hay certezas acerca del comienzo de la discusión parlamentaria, todo indica que el tema será parte de la agenda oficialista en breve. Y por lo tanto, los conflictos ya iniciados, se agudizarán.

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