El procurador general del Estado de Ecuador, Diego García, rechazó la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a admitir una apelación del país suramericano contra una sentencia favorable a la petrolera Chevron. En un comunicado, la Procuraduría puntualiza que con ello “se ha permitido que subsista el error de interpretación de los jueces inferiores que se negaron a aplicar la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos que les hubiese obligado a examinar la existencia de un Tratado de protección de inversiones que ampare a Chevron”.

De haberlo hecho, seguramente habrían encontrado la incongruencia de proteger una inversión que terminó antes de la vigencia del Tratado, agrega el texto en alusión a un fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que reconoció un laudo arbitral de 2011, que obliga a Ecuador a pagar $ 96 millones a la trasnacional norteamericana. El laudo materia de la discusión judicial en Estados Unidos fue emitido dentro del arbitraje iniciado por Chevron en contra de Ecuador en 2006 y terminó en 2011, y redujo a $ 96 millones la pretensión de la petrolera de cobrarle al gobierno suramericano $ 1.605 millones por supuesta violación de un tratado de protección de inversiones.

La defensa ecuatoriana argumenta, sin embargo, que dicho acuerdo fue suscrito entre Quito y Washington mucho después de la salida del país de la compañía Texaco, que luego fue adquirida por Chevron. Tras ese laudo arbitral favorable emitido por un tribunal internacional de La Haya, la poderosa transnacional petrolera estadounidense inició un proceso en su país de origen para lograr el reconocimiento y ejecución de esa sentencia.

Chevron, sin embargo, podría no recibir nunca los $ 96 millones que le concedió la corte de La Haya, pues fue a su vez condenada por un tribunal provincial ecuatoriano a pagar $ 9.500 millones a más de 30 mil pobladores amazónicos afectados por la contaminación que dejó Texaco. Aunque la petrolera se niega a acatar ese fallo, existe una orden de embargo de crédito dictada por la corte provincial ecuatoriana que es aceptada por varias instancias internacionales, entre ellas Canadá. El monto que el Estado ecuatoriano debe pagar, conforme al laudo arbitral, fue objeto de una orden de embargo de crédito dictada en octubre de 2012 por la Presidencia de la Corte Provincial de Sucumbíos en favor de los miembros de la comunidad de Lago Agrio que presentaron una demanda de daño ambiental en el 2003 contra Chevron, proceso judicial del que el Estado no es parte, recordó la Procuraduría este lunes.

Previamente, en un comunicado, la Embajada de Ecuador en Washington también recordó este fallo. “Este hecho imposibilita que el Ecuador realice pago alguno en el caso Chevron II”, recalcó. Agregó que, por otro lado, la validez de la sentencia de Lago Agrio está sujeta a un procedimiento arbitral ante La Corte Permanente de Justicia de la Haya. “Consecuentemente, el laudo de 2011, por 96 millones de dólares (Chevron II), no puede ser satisfecho por el Ecuador hasta que culmine el procedimiento arbitral en la Haya (Chevron III) y se agoten todos los recursos a que tienen derecho las partes”, subraya la nota de la Embajada.

 

ElTelégrafo


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