Por Sergio Gómez Maseri

Esta semana, los ojos del hemisferio estarán puestos en el edificio de la OEA en Washington, donde el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos debatirá, por primera vez en muchos años, la crisis que atraviesa Venezuela. En el medio de la tormenta está su secretario general, el diplomático uruguayo Luis Almagro, que a fines de mayo invocó la Carta Democrática para abordar lo que a su juicio es un quiebre del orden constitucional en Venezuela. Su decisión desató la ira del gobierno de Nicolás Maduro e incomodó a varios países de la región. En una entrevista, Almagro dijo que no busca la expulsión de Venezuela de la OEA (algo que la Carta contempla), sino un diálogo “serio” y con resultados concretos. Entre ellos, sostiene, que se fije una fecha este año para el referéndum revocatorio y una solución para los detenidos políticos en ese país.

-El artículo 20 de la Carta Democrática le permite al secretario general invocar sus mecanismos cuando se ha alterado el orden constitucional en un país. Pero Venezuela alega que eso no ha sucedido.

-En nuestro informe hemos verificado que el orden constitucional de ese país se ha visto alterado de múltiples formas, ha sido violado el principio constitucional de separación de poderes, se han bloqueado completamente los trabajos de la Asamblea Nacional, se ha cooptado el Poder Judicial, se violan los derechos humanos y se han introducidos obstáculos imprevistos a la realización del referéndum revocatorio que marca la Constitución bolivariana.

-Varios países se incomodaron cuando usted decidió lanzar su informe sobre Venezuela sin darle la oportunidad al Consejo de pronunciarse y actuar. ¿Por qué lo hizo?

-Yo anuncié que estaba preparando el informe mucho antes, y mantuvimos contacto con todos los Estados miembros. Nosotros ya les habíamos anunciado a todos ellos cuál sería la fecha de presentación del informe. Esto definitivamente fue realizado con un espíritu de transparencia, coordinación y cooperación con el Consejo Permanente.

-Hasta usted coincide en que el camino no es expulsar a Venezuela (algo que prevé la Carta). ¿Qué es entonces lo que espera lograr con la denuncia de esta situación?

-La invocación de la Carta Democrática establece un proceso en el cual la suspensión es naturalmente el último paso. Nadie aspira a llegar a ese desenlace. Por el contrario, buscamos soluciones a partir de ese proceso. Nadie quiere la suspensión de Venezuela. Nadie puede querer llegar a ello. Queremos soluciones y ese espíritu nos anima a dar impulso al procedimiento del articulo 20. Primero hay que determinar que existe una alteración del orden democrático y luego realizar gestiones diplomáticas y buenos oficios. Si esas acciones se estancan o la situación empeora, se convoca a la Asamblea General, que a su vez puede ordenar nuevas gestiones diplomáticas. La suspensión de un país está contemplada en el artículo 21 y es para casos de “ruptura del orden constitucional”. No estamos en eso ahora.

-Ya hay un grupo de ex presidentes nominados por la Unasur para que sirvan de mediadores. ¿Qué opina de esa iniciativa? Muchos creen que debería ampliarse para que incluyera otras voces, entre ellas las de la OEA.

-La realidad indica que todavía no hay diálogo. La mejor forma de estructurar el diálogo es por el artículo 20 de la Carta Democrática, porque ello impone la obligación de lograr resultados concretos. Dialogar no es sentarse a hablar. Es atender los problemas reales con la perspectiva de alcanzar soluciones concretas. Por ello es que propusimos que a los esfuerzos de diálogo ya iniciados se unan los de la OEA, con un grupo de ex presidentes que se sumen a las gestiones iniciadas. Así se podrán encontrar salidas para descomprimir la situación. Como ya se ha sugerido por un bloque sólido de 15 países, esas salidas tienen que ver con poner fecha al referéndum revocatorio para 2016, la libertad de los presos políticos, abrir canales internacionales de asistencia humanitaria y el respeto del estado de derecho. Para que el diálogo sea serio se debe cuidar la integración balanceada de éste, los contenidos que debe tener y los plazos para ver resultados.

-¿Qué pasa si este jueves los países rechazan su informe?

-El informe ya ha sido presentado a los países. Se ha convocado al Consejo Permanente. Ya ha sido activado el procedimiento del artículo 20. Mi expectativa es que se realice un diálogo serio sobre los problemas de fondo planteados en el informe y no se malgaste el tiempo en otras cosas.

-¿Qué les diría a los que afirman que lo suyo es una pelea personal con el gobierno de Maduro y que adoptó una posición de choque?

-Nunca fue ni es un tema personal. Es una cuestión de defensa de los principios que tienen que ver con la democracia y los derechos humanos. Si se quiere transformar en algo que no es, la razón es sencilla, no ir a los problemas de fondo y buscar en todo momento los ataques personales como pretexto

-Pero su función principal como secretario general es facilitar el diálogo y construir consenso.

-Siempre hemos favorecido el diálogo y hemos hecho varios llamados al respecto y ofrecido nuestros servicios de facilitación en este y otros países de la región. Acá estamos frente a una situación de grave alteración de la vida institucional con un bloqueo entre los poderes del Estado, la existencia de presos políticos, erosión de la libertad de expresión y prensa, y el resto de elementos que presento en el informe.

La Nación