La Fiscalía paraguaya pidió ayer penas de hasta 40 años de prisión para los once campesinos acusados en el juicio por la masacre de Curuguaty en 2012, que provocó la muerte de 17 personas, seis policías y once labriegos, y el cese del presidente Fernando Lugo, y de la que hoy se cumplen cuatro años.

Además de ellos dos, también se pidieron penas de 20 años de cárcel para Arnaldo Quintana y Néstor Castro, ambos heridos durante el tiroteo que precedió a la masacre, mientras que la Fiscalía pidió para otros siete de los labriegos penas de cárcel de entre cinco y ocho años.

Las peticiones de la Fiscalía se produjeron después de que esta mañana considera probado, durante la segunda sesión de sus alegatos finales, que Villalba y Olmedo fueron responsables de dos de los tres disparos que, según el informe de uno de los forenses, recibió el cuerpo de Erven Lovera, y que le causaron la muerte.

Lovera comandaba a un grupo de los cientos de policías que el 15 de junio de 2012 acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty (este) para pedir que se incorporasen a la reforma agraria.

Según la teoría de la Fiscalía, Lovera fue el encargado de acercarse a dialogar de forma pacífica con los campesinos, momento que fue aprovechado por Villalba y Olmedo para abrir fuego contra el agente.

Villalba, que resultó herido durante el tiroteo, fue identificado por la Fiscalía como líder de los campesinos, y acusado de disparar contra Lovera con intención de matarlo, por lo que fue inculpado por homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Se trata del único de los once acusados que permanece en prisión, después de que en febrero de 2015 fuese condenado a siete años de encierro por un delito de coacción registrado en 2008 en el marco de una protesta.

A Olmedo, por su parte, se le atribuyó también el cargo de homicidio doloso, y desde que comenzó el juicio se encuentra bajo arresto domiciliario junto a otros nueve acusados en un albergue post-penitenciario de Asunción.

La Fiscalía consideró además que ambos acusados son responsables de los delitos de invasión de inmueble ajeno, en relación con la ocupación de la finca donde sucedieron los hechos y por cuya titularidad litigan el Estado paraguayo y una empresa privada, y de asociación criminal, en referencia a la comisión vecinal que conformaron para establecerse en las tierras.

El próximo 23 de junio se llevarán a cabo los alegatos finales de la defensa.

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