Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La debacle venezolana se lee en estas horas en cifras cada vez más preocupantes no sólo debido al derrumbe del precio del petróleo, único producto de exportación del régimen bolivariano. Los venezolanos sufren el rigor de la escasez de productos básicos, las colas interminables, los cortes de energía, la falta de agua y la emergencia de salud por las carencias estructurales en el abastecimiento de medicamentos. La escasez y el desabastecimiento son quizá las muestras más evidentes del descontento, pero también la acelerada inflación de los alimentos. Los precios de la canasta alimentaria treparon a niveles exorbitantes. Maduro y sus ministros insisten en atribuir estos problemas a una absurda conspiración internacional y a una guerra económica que se libraría desde el exterior y el interior del país.

Sin embargo, la fuente de la crisis es el modelo que genera ineficiencia y corrupción, la caída del precio del petróleo es sólo el condimento. Además, al atacar al sector privado culpándolo de esta crisis para adjudicarle la responsabilidad política, lo que se hace es espantar aún más a los únicos actores que pueden ayudar a resolver el problema. Transparencia Internacional sitúa a Venezuela como el país más corrupto de América latina. El año pasado fue el noveno entre los más corruptos del mundo.

A esta compleja realidad se le suman los niveles de delincuencia extremos a los que está expuesta la sociedad venezolana. En efecto, según el informe de 2015 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), hubo 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. En un país de poco más de 30 millones de personas, significa una cifra récord de 27.875 muertes violentas, una media de aproximadamente 76 homicidios por cada día del año. Para el OVV, la violencia se ha incrementado en el país por la mayor presencia del delito organizado, el deterioro de los cuerpos de seguridad, el incremento de los linchamientos, la militarización represiva de la seguridad y el empobrecimiento, acompañado por la impunidad generalizada.

Por ejemplo, Caracas fue la ciudad más violenta del mundo el año pasado. Un estudio publicado por la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal llegó a una conclusión impactante: nueve de las 10 ciudades más violentas del mundo en 2015 eran latinoamericanas, y tres son venezolanas, encabezadas por Caracas. La capital, de poco más de 3.200.000 habitantes, ocupó el primer lugar, con 3946 homicidios, en 2015: 119,87 muertes violentas cada 100.000 habitantes.

Pocos se atreven a salir de noche en Caracas, donde se dan cursos para responder en caso de secuestro en distintas zonas y se decretan toques de queda. Sólo en el Gran Caracas asesinaron a 145 uniformados en 2015, en su gran mayoría para robarles el arma reglamentaria. Ha habido una destrucción institucional que quebró el pacto social, las normas y las leyes como reguladores de la vida social e impuso la violencia como único método eficiente para obtener las metas.

La violencia que impera en Venezuela también ha llegado a la política, situación que no es nueva, pero que ha vuelto a repetirse en los últimos días, cuando policías y militares impidieron a diputados opositores ingresar en la sede del poder electoral para exigir la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, desatándose enfrentamientos con los chavistas, en los que fue agredido un parlamentario. La situación se tornó tensa cuando los opositores quedaron cara a cara con un grupo de partidarios del oficialismo y con gases lacrimógenos se dispersó a los manifestantes. Algunos cruzaron golpes, mientras que militantes chavistas agredieron con palos al diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, jefe de la bancada de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, quien se refugió en la sede administrativa de la asamblea legislativa.

Lo que genera una sociedad violenta es la falta de cumplimiento de leyes. Para construir un modelo ciudadano de convivencia, es necesario que se abra la puerta del diálogo para que se dé un proceso de transición. Si no hay instituciones fuertes en el marco de la ley, surge la anarquía y crece la tierra de nadie. Sólo una rectificación profunda podría evitar que Venezuela se hunda en el abismo de la violencia.

La Nación