El Gobierno pidió este martes suspender las órdenes de captura contra dos exjefes del ELN, uno de ellos detenido hace un mes cuando mediaba para instalar negociaciones entre el Ejecutivo y la guerrilla, y los nombró “gestores de paz”.

Carlos Arturo Velandia, conocido como Felipe Torres, y Gerardo Antonio Bermúdez, conocido como Francisco Galán, fueron nombrados “gestores de paz” para que “colaboren desde la libertad con el Gobierno Nacional en la estructuración de estrategias de paz y propuestas concretas para la reconciliación, en especial en los territorios”, indicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado.

“A juicio del Gobierno, su experiencia y sus conocimientos serán de gran utilidad en un momento definitivo del proceso de paz”, que busca ponerle fin a más de medio siglo de conflicto armado, agregó el organismo.

Para ello, la administración del presidente Juan Manuel Santos pedirá la suspensión de las órdenes de captura en contra de los dos exdirigentes por supuesto secuestro masivo, “con el compromiso de que los mismos sigan afrontando su proceso penal y atiendan el llamado de las autoridades cuando sean requeridos”.

Contra ambos exdirigentes insurgentes pesa una orden de captura por su presunta participación en un secuestro masivo en el año 2000.

Velandia, quien mediaba entre el Gobierno y el ELN para instalar diálogos de paz, fue detenido el 20 de junio cuando llegó al país procedente de España por su presunta participación en un secuestro masivo en 2000.

El exlíder, que había ingresado al ELN en 1970 y está libre desde 2003, tras casi una década preso, desde hace años ya no se consideraba un guerrillero, sino un “eleno” de formación, y había hecho llamados a sus excompañeros a abandonar la lucha armada.

Por su parte, Galán, quien no fue detenido, actuó en numerosas oportunidades como negociador del ELN en infructuosas tentativas de paz con el Gobierno, pasó 15 años en la cárcel y en abril de 2008 anunció públicamente su renuncia a la guerra.

La decisión de nombrarlos gestores y suspender las órdenes de captura se dio “con fundamento en facultades legales expresas y en el marco de la ley de orden público”, explicó el Gobierno.

RCN