Ante el complejo escenario económico de disminución del precio del petróleo, apreciación del dólar y desaceleración económica mundial, la liquidez en la economía ecuatoriana se ha reducido. El gobierno entre otras medidas y pese a las recientes reformas tributarias ha planteado la apertura a capitales privados y la venta de activos entre los que se menciona Tame, FABREC, el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones e hidroeléctricas como Sopladora.

La primera y obvia pregunta es hasta qué punto son necesarias estas ventas.

Acaso, ¿no son suficientes los nuevos ingresos provenientes de las reformas tributarias?

O ¿acaso no existen recursos para pagar los vencimientos de la deuda contratada?

Hay que recordar que en momentos de dificultades económicas las condiciones de negociación son adversas y evidentemente los precios que se pueden obtener en ventas de activos van a ser mucho menores que en otras circunstancias.

Sin embargo, pareciera que el terremoto y sus víctimas sirven de pretexto para tomar decisiones económicas sin mayor análisis.

La segunda pregunta es si no existen alternativas que remplacen la venta de los activos del Estado.

Y la respuesta es que SI existen alternativas.

– Se podría titularizar los flujos futuros de los proyectos rentables: por ejemplo de las hidroeléctricas, de las cuales se ha mencionado que podrían llegar a tener una rentabilidad por encima del 20% anual. Las hidroeléctricas que deberían entrar en operación entre este y el próximo año son Coca Codo Sinclair, Sopladora, Manduriacu y Ocaña.

– Si se quiere vender un activo que se construyó con deuda porque no se dispone de los recursos para pagar la deuda contratada, habría que analizar si dicho crédito tiene un seguro de crédito contratado en caso de incumplimiento, puesto que pagar ese seguro y no usarlo en estos momentos en que el Estado no tiene recursos implicaría una renuncia a un derecho adquirido[1]. Si alguno de los créditos tuviese dicho seguro, la alternativa sería no pagar asumiendo solamente el deducible, porque el pago del resto estaría garantizado por el seguro. Además, la catástrofe como el terremoto obliga a priorizar los recursos públicos y es causa suficiente para usar el seguro de crédito.

Por otro lado, en el caso de las hidroeléctricas que fueron construidas con deuda se ha señalado que se puede vender el activo, es decir la obra, pero ¿cómo se pagaría el crédito?

Si se vende solo el activo, el valor de la venta debería compensar el valor de la deuda, lo cual es improbable dada la situación económica actual y las condiciones actuales de negociación arriba descritas.

En este contexto ¿por qué la hidroeléctrica Sopladora se ha mencionado prioritariamente a la venta? Considero irrazonable e injustificado la venta de Sopladora ya que afectaría los intereses nacionales.

En época de crisis es cuando más se debe analizar y tomar decisiones que no impliquen perjuicio para los intereses del Estado y sobre todo para su población.

Finalmente, cabe recordar el efecto en el precio de los servicios básicos (telecomunicaciones y electricidad) que tendrán estas privatizaciones. Incluso si las tarifas se mantienen, los subsidios ocultos harán más caros los servicios en un marco regulatorio en el que no estaba previsto que participen actores privados.

Nota

[1] Cuando se contrata un crédito, la institución financiera puede solicitar al deudor pagar por un seguro de crédito a ser efectivizado en caso de que por eventos fortuitos el crédito no se pueda pagar. De esta forma la institución financiera garantiza el pago del crédito. En el Ecuador este tipo de seguros son poco conocidos, e incluso cuando se contratan a título individual no se utilizan salvo en los seguros de desgravamen.

* Economista heterodoxa ecuatoriana. Ex ministra coordinadora de la política económica y ex coordinadora del Centro de Investigaciones económicas y de la pequeña y mediana empresa (Ciepymes) en Flacso Ecuador.