Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ha dado a conocer públicamente sus preocupaciones por los últimos atentados del régimen orteguista contra la democracia electoral y representativa en Nicaragua.

Por medio de una declaración oficial del portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, emitida este lunes primero de agosto, EE.UU. critica sin eufemismos diplomáticos “las acciones del Gobierno de Nicaragua y de la Corte Suprema de Justicia que han cerrado los espacios democráticos previo a la realización de las elecciones presidenciales y legislativas el próximo 6 de noviembre”.

La declaración oficial del Departamento de Estado menciona la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, dictada el pasado 8 de junio, que “despojó al opositor Partido Liberal Independiente (PLI) del líder por muchos años reconocido”. Añade que “la Corte Suprema adoptó medidas similares el pasado 17 de junio al invalidar el liderazgo del Partido de Acción Ciudadana (PAC), que es el único partido de oposición con validez legal que aún queda para presentar un candidato presidencial”. Y agrega que “más recientemente, el 29 de julio, el Consejo Supremo Electoral destituyó a 28 diputados del PLI (16 propietarios y 12 suplentes) de los cargos a los que fueron elegidos por el voto popular”.

La declaración del gobierno estadounidense muestra ante todo una posición de principios. Para Estados Unidos, como se dice en el comunicado, “unas elecciones creíbles y el pluralismo político son fundamentales para que exista una democracia sólida”. De allí su exhortación “al Gobierno de Nicaragua a que respete las voces de su pueblo y dé los pasos necesarios para la realización de elecciones justas y transparentes que permitan la plena participación de todos los ciudadanos nicaragüenses, incluyendo la participación independiente de los partidos de oposición”.

Pero la declaración manifiesta también una preocupación política práctica de los EE.UU. por el quebrantamiento de la democracia en Nicaragua. Los gobernantes estadounidenses saben muy bien cuál es la dinámica de la escalada de una dictadura o la radicalización de un régimen que es o se dice revolucionario. Inquieta pensar en lo que puede venir después de lo que ha hecho Ortega en Nicaragua. ¿El encarcelamiento o destierro de Eduardo Montealegre? ¿La liquidación de la prensa libre que aún subsiste? ¿La disolución de los organismos independientes de la sociedad civil ? ¿La represión contra la oposición y la liquidación física de líderes y activistas opositores? ¿Atacarán directamente a la empresa privada y la Iglesia?

Es fácil conocer cómo comienza una dictadura, pero muy difícil saber hasta dónde puede llegar; y las consecuencias de no haberlo prevenido son a menudo catastróficas. El mejor ejemplo de eso, actualmente, es Venezuela.

Si Daniel Ortega consolida la dictadura que está construyendo con fervor totalitario —con la irresponsabilidad de alguien que juega con fuego—, el próximo gobierno de EE.UU. (que posiblemente será de la demócrata Hillary Clinton, quien ya sancionó a Ortega por el fraude de 2008), tendrá que enfrentar otra vez en Nicaragua y en toda el área centroamericana una situación muy complicada, como en los tiempos de la Guerra Fría. De allí la grave preocupación que los Estados Unidos están expresando ahora.

La Prensa