El 19 de febrero de 2017 se realizarán las elecciones generales en Ecuador para presidente y vicepresidente (binomio), 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. De ser necesaria, la segunda vuelta presidencial sería el 2 de abril. Este balotaje ocurriría si el binomio triunfante no obtiene al menos el 50% de la votación o si, habiendo obtenido al menos el 40%, no supera a su inmediato seguidor en 10 puntos.

Para esta ocasión, han sido habilitados 70 partidos y movimientos políticos que pueden postular candidatos hasta noviembre, cuando se cierre el registro electoral. En ese “multipartidismo” se confunden empresas electorales, clubes de caciques locales o regionales, agrupaciones personalistas, organizaciones electoreras, movimientos coyunturales y “partidos”, con múltiples intereses.

Pero es el régimen presidencial del país el que despierta los ánimos más candentes de disputa política, y hasta hoy es posible definir varias macrotendencias. En la derecha tradicional hay dos sectores: uno, el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), cuyo candidato es el exbanquero guayaquileño Guillermo Lasso; y otro, el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), con su candidata Cynthia Viteri, respaldada, además, por Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil y figura histórica del PSC, un partido más costeño que serrano y que representa fundamentalmente los intereses de las élites económicas de esa ciudad.

El PSC-MG forma parte de la llamada “Unidad”, que agrupa a figuras políticas y “partidos”, entre los que destacan Avanza, liderado por Ramiro González, el Movimiento Juntos Podemos que patrocina a Paúl Carrasco, actual prefecto del Azuay, y SUMA (Sociedad Unida Más Acción), una fuerza política identificada con Mauricio Rodas, actual alcalde de Quito. En esa Unidad, el peso lo tiene Viteri y es muy dudoso que su candidatura ceda a favor de las otras figuras que carecen, por sí solas, de posibilidades de éxito presidencial. Queda descartada cualquier modificación de la candidatura de Lasso, por lo cual la derecha irá dividida a las elecciones.

Otra macrotendencia está en el Acuerdo Nacional por el Cambio (ANC), que integra a viejos partidos marxistas, izquierdas “críticas”, líderes de los fraccionados y débiles movimientos indígenas y de los trabajadores, y otros sectores afines. Un pluripartidismo que supone ser la alternativa radical frente al gobierno, al que consideran de “derecha”. Es probable que aquí se produzca otra división, si la revivida Izquierda Democrática (ID) postula como candidato presidencial al general Paco Moncayo, actual coordinador de la ANC. Además de estas macrotendencias han aparecido otros precandidatos presidenciales sin significación alguna.

Pero a todos, de derecha o de izquierda, les une una consigna: acabar con el “correísmo”. Para las candidaturas de CREO y PSC/MG eso significa, ante todo, deshacerse del modelo “estatista” para reimplantar el modelo empresarial inspirado en el neoliberalismo. Y a nivel económico, no hay ninguna diferencia entre las candidaturas de Viteri o de Lasso, por lo que con cualquiera vendría la restauración conservadora, que seguirá un camino similar a lo que acontece en Argentina y Brasil. Para las candidaturas del ANC, acabar con el “correísmo” significará lograr el triunfo de la “verdadera” izquierda e impulsar un programa de gobierno “auténticamente popular”. Ninguno de sus precandidatos ni figuras políticas tiene peso electoral presidencial, por lo que apuntarán, ante todo, a obtener espacios en la Asamblea.

Para Alianza País (AP), el partido de gobierno, el desafío electoral tiene sus particularidades: Rafael Correa ya no podrá ser candidato y su indiscutible liderazgo es irrepetible; se discute entre la candidatura del exvicepresidente Lenin Moreno o la del actual vicepresidente Jorge Glas (las encuestas dan ventaja a Moreno). Si bien hay confianza en el triunfo por los logros sociales de una década y ante una oposición multidividida, la progresiva recesión económica desde 2015 acumula desengaños, sobre los que a diario actúan importantes medios de comunicación privados que obran como oposición política; ciertas contradicciones y errores del gobierno generan desilusiones entre antiguos seguidores; y hay un contexto de fuerzas internacionales interesadas en dar fin a los gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda en América Latina.

Suponiendo que AP no triunfe en la primera vuelta, el balotaje acumulará sectores políticos contra el “correísmo” y, además, con opciones de triunfo. Y si triunfa AP en la presidencia, pero pierde la mayoría que hoy tiene en la Asamblea, entonces seguramente revivirá la “pugna de poderes”, cuyo futuro nadie puede ver sin riesgos. Así es que la continuidad del proyecto político de AP dependerá, más que de sus opositores, de lo que el partido y el gobierno hagan en los próximos meses del fin del mandato del presidente Rafael Correa (2007-2017).

* Ecuatoriano. Doctor en Historia. Profesor de la PUCE