El documento presentado por el Centro Democrático llamado “Bases para un acuerdo nacional de paz” es una pieza reaccionaria y provocadora que busca echar el país para atrás o empujarlo al abismo.

Uribe y sus corifeos buscan, al acusar el acuerdo de La Habana de propiciar la impunidad, proteger al paramilitarismo, a los parapolíticos, a las manzanas podridas, a los despojadores de tierras, a los terratenientes, es decir, a su combo, para que las cosas sigan como siempre. Uribe recoge el pensamiento más retardatario político y religioso que va de Núñez a Laureano, y con él amasa una propuesta que en el fondo es una invitación a Santos y a Pastrana para crear otro Frente Nacional y arremeter así, con todos los fierros, contra las guerrillas.

La propuesta más radical es la eliminación de la Jurisdicción especial para la paz y regresar a la Ley de justicia y paz que dejó en la más absoluta impunidad al 99,99% de los paramilitares: 35 sentencias de los 4.440 desmovilizados. Más aún, Uribe, que tanto ha gritado contra el reclutamiento de menores, impidió que 3.000 niños que estaban en las filas paramilitares fueran entregados al ICBF. ¡Cuánto fariseísmo!

Preocupa que la idea de volver a la Ley 975 de 2005 sea también la propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez, tan amigo de Vargas Lleras. Por supuesto que no se trata de judicializar a unos poquísimos guerrilleros si se aplica la 975 tal como ha sido aplicada. Lo que pretende Uribe es dividir las guerrillas, al condenar por la justicia ordinaria a los comandantes –que son quienes podrían ser acusados de crímenes de lesa humanidad– y amnistiar a sus tropas.

Es en este punto exactamente donde se cruzan dos rayas rojas. El Centro Democrático no cederá en este punto porque sabe que la Jurisdicción de paz podría destapar todo lo que ha sido tapado desde la muerte de Pedro Juan Moreno. Un expediente pesado. Tampoco cederá en este tema la guerrilla no sólo porque renunciaría a un principio establecido desde siempre, sino porque cualquier concesión en el tema amenazaría con una división en sus filas y nada ha caracterizado tanto a las Farc como su unidad.

Por lo demás, lo que se propone el uribismo es impedir que los jefes de las guerrillas vayan al Congreso y participen de la vida política. Es el miedo que ha caracterizado a la extrema derecha, el que está detrás de los asesinatos de Gaitán, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro.

El pavor de ser desplazada por una fuerza que reduzca sus privilegios. Privilegios políticos con que siempre se ha defendido la gran propiedad y que de nuevo brincan en la propuesta del Centro Democrático: trabar la realización de un catastro técnico y actualizado; atravesarse al limitado alcance de la Ley de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011); privilegiar la agroindustria de la palma, la caña de azúcar, los granos transgénicos, en detrimento de la economía campesina; generalizar las Zidres y debilitar más las cinco Reservas Campesinas, y, como si fuera poco, volver a la fumigación de cultivos de coca como método para desplazar colonos y ampliar la frontera agrícola en favor de la ganadería extensiva. Es decir, la uberrimización del campo.

Las manifestaciones que han llenado calles y plazas muestran qué tan pírrica es la mayoría del No alcanzada en el plebiscito y qué tan carente de principios éticos es el uribismo que lo demandó ante las Cortes para ahora usar su resultado como programa electoral. El Sí confía en que la valiente perseverancia del presidente en la búsqueda de la paz no ceda a los cantos de sirena de un nuevo Frente Nacional que, como el del 57, conduzca a la guerra.

Usurpación de baldíos

La tan mentada y resonante cuestión agraria, a la que le hemos dado tantas vueltas y revueltas, se reduce en última instancia a la apropiación de baldíos. La tierra se la han ido apropiando de hecho los terratenientes, los grandes concesionarios y también los campesinos. Los enfrentamientos en los años 20 y 30 fueron por los baldíos trabajados por los colonos y reclamados por los latifundistas con la venia de los gobiernos y las amenazas de los yataganes de la Policía.

Los títulos de propiedad registrados con sellos y firmas son muchos menos que las tierras ocupadas de hecho por unos y otros. Esa debilidad institucional es intencionada para facilitar la expansión de la gran propiedad. El resultado ha sido la violencia, con mayúscula o con minúscula. El Estado no sabe a ciencia cierta cuánta tierra tiene, ni cuánta es de los propietarios –pequeños o grandes– y menos cuánta es de los poseedores.

Total, el caos. Los papeles sobre las tierras –las llamadas escrituras– para serlo de verdad requieren el respaldo oficial del Estado, o sea de los notarios, que han sido tradicionalmente, hasta hace muy poco, fichas políticas. Es un reconocimiento basado en la buena fe y entre amigos ese trato no ha sido problema. Pero cuando sale un campesino a reclamar su trabajo sobre una montaña, la buena fe deja de ser fundamento del trato.

Cuando se comenzó a discutir el primer punto de la agenda en La Habana, la tierra, saltó a la mesa el asunto del catastro. ¿Cuánta tierra es baldía y cuánta ha sido apropiada, poseída, ocupada? Quizá sólo el 30% de la tierra tiene títulos con firmas, sellos y resellos . El 70% está el aire. De ahí la urgencia de actualizar el catastro, ponerlo al día, definir de quién es qué. No es una tarea fácil. Pero es difícil, no desde el punto de vista técnico, eso es lo de menos. Lo complicado es la resistencia de los grandes poseedores de tierra a que se la midan y se les destape su tradición legal. Después del despojo de seis millones de hectáreas hecho por la trinca del paramilitarismo, grandes ganaderos y políticos, el Gobierno nombró un superintendente de notariado y registro que una vez terminado el uribato fue nombrado gerente de Fedegán. En realidad no fue un nombramiento, fue una confesión.

La oposición del No al acuerdo de La Habana principia con el No a una actualización del catastro y sacan de los zamarros el argumento de la “buena fe exenta de culpa” para legalizar los papeles que la Superintendencia dejó volando y no alcanzó a firmar. Por esa razón Uribe habla de que el acuerdo es un ataque a la propiedad privada. Quiere dejar que esos seis millones de hectáreas que los paramilitares les robaron a los campesinos sigan en manos de los testaferros de primera, de segunda y de tercera generación.

Contra el testimonio de los actuales “propietarios” no hay recurso alguno; la palabra del terrateniente equivale al título de propiedad. Las ubérrimas tierras ganadas con el terror paramilitar quedan en manos de los que fomentaron, financiaron y hoy exculpan a los victimarios. El uribismo busca brincarse la Ley de restitución de tierras para regresar a lo que en su gobierno se sancionó como legítimo.

No es posible que el país se deje meter semejantes uñas en la boca.

(*) Sociólogo, periodista y escritor colombiano.