La defensa técnica de José Efraín Ríos Montt, ha solicitado ayer a la Jueza A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, el cese de la persecución penal contra el exJefe de Estado (1982/83) a quien la fiscalía acusa de responsabilidad en la matanza de 273 campesinos peteneros en la aldea “Las Dos Erres”, ocurrida durante su corto gobierno de facto.

Encabezada por el abogado Jaime Hernández, la representación legal del General de Brigada en retiro –90 años de edad– argumentó que su cliente no posee las condiciones mentales para ser juzgado, por lo cual pedía que se le declarara no apto –igual como lo dictaminó el Inacif dentro del proceso por la masacre de 1,071 indígenas ixiles en Quiché en el mismo 1982–.

Sin embargo, la juzgadora optó por no seguir conociendo el asunto y suspender la audiencia este martes, debido a que ninguno de los dos juristas que auxilian al militar acusado cuentan por ahora con un mandato judicial del o los tutores –su hija Zury Mayté Ríos Sosa–, habiéndola reprogramado para el 16 de noviembre próximo cuando habrá de profundizar y resolver sobre lo solicitado por la defensa.

La diligencia de hoy se realizaba en contra de la opinión del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH), querellante adhesivo en la causa penal de “Las Dos Erres”. Su personero legal Edgar Pérez dijo ayer que no se ha cumplido la etapa intermedia y ya estaban “convocando a audiencia para conocer la solicitud del acusado para que cese la persecución penal”.

Citó además que así la jueza Domínguez iba a transgredir el debido proceso, porque primero debe completarse la etapa intermedia o tiempo que tarda la investigación del Ministerio Público (MP), una vez el funcionario instructor del caso resuelve si existen suficientes indicios de culpabilidad de la persona señalada, a efecto de decidir si la envía o no a un debate público y oral.

Según explicó ayer Pérez a la agencia alemana dpa, en mayo del 2012 Ríos Montt quedó sometido a proceso por este caso, y que por dictamen de juez y tres meses después la Fiscalía presentó la acusación formal por delitos de lesa humanidad. “Pasaron cuatro años y nunca se convocó a la fase intermedia”, advirtió el jurista representante del CALDH.

El Periódico