Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Colombia acaba de pasar una semana de infarto. El resultado adverso del plebiscito por la paz puso al descubierto los pormenores de las tensiones y contradicciones de la maltrecha/restringida democracia y del espinoso camino que le espera a la construcción de la paz. Hay mucho ruido y diversas aristas para el análisis, sin embargo, la tarea urgente es comprender los intereses en disputa de los sectores de poder que están detrás de la interpelación de los Acuerdos de Paz -todo lo que no se dijo abiertamente en la campaña-. Se trata nada más ni nada menos que abordar los temas de las tierras, de la impunidad y del poder.

Las tierras

En la letra menuda, la más importante de las proclamas de la extrema derecha liderada por Álvaro Uribe para oponerse al Acuerdo de Paz, está el tema de las siete -o más- millones de hectáreas de tierras arrebatadas por los paramilitares al campesinado[1]. Quieren que el acuerdo permita un punto final sobre el despojo violento ocurrido durante los últimos 25 años. Y es que el problema de las tierras está en la base de la guerra misma, generada en la acumulación por desposesión y en el giro de la vocación alimenticia de la producción hacia el monocultivo de la coca, la palma africana y la caña de azúcar.

En el acuerdo firmado en Cartagena, se establece que los siete millones de hectáreas se le devolverán a sus dueños o sus legítimos poseedores, hoy desplazados forzadamente en las ciudades. Y que la restitución estará seguida de una serie de compromisos de acompañamiento técnico, educativo, crediticio y de mejora para el campesinado en su participación sobre la cadena productiva alimenticia[2]. Por ello, en las proclamas presentadas por el uribismo luego del plebiscito, pretenden repetir la fracasada historia de los dos intentos más serios de reformas agrarias en el país -1936 y 1968-, que terminaron siendo aprovechadas por los latifundistas a través del despojo violento de los títulos otorgados a los campesinos sin tierra.

En el mismo sentido, la extrema derecha parece estar muy preocupada por el giro en la política antidrogas expuesta en los acuerdos de paz en donde propone un cambio sustancial sobre la acción punitiva y represiva utilizada contra el campesinado para erradicar los cultivos de uso ilícito. En adelante la acción privilegiada será la sustitución manual y concertada de esos cultivos en el marco de los programas de la Reforma Rural Integral, impulsando la economía campesina y colectiva de las zonas de desarrollo agroalimentario y las zonas de reserva campesina. Proyectos alternativos que le quitarán mano de obra a la economía del tráfico de drogas, en su eslabón más débil, peor pagado y más penalizado. Los campesinos tendrán opciones y a los patrones eso les asusta.

Un asunto que conocen muy bien las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, pues contra ellos ha llovido glifosato y persecución. Si se logra superar el bache generado por el Plebiscito, la implementación de la Reforma Rural Integral y el cambio de la política antidrogas serán dos muy duros desafíos que requerirán de la movilización de la sociedad colombiana y del respaldo real y en terreno de la comunidad internacional, puesto que los enemigos de la restitución de tierras no sólo están armados de votos.

Impunidad

El Acuerdo de Paz firmado y en vigencia tiene en cuenta a las víctimas, a todas las víctimas. La pretensión de la extrema derecha, por el contrario, es generar una ley de punto final similar a la española posfranquista, que deje sepultada la verdad a la que tienen derecho cientos de miles de familias víctimas de los asesinatos selectivos de sindicalistas, de jóvenes, de activistas de la izquierda, de luchadores sociales, de masacres, de los “falsos positivos”. Incluso pretende dejar enterrados los desaparecidos contados por miles y que están regados en fosas comunes en todo el país.

La extrema derecha pide en las proclamas presentadas al presidente Santos que haya una revisión de los casos de los políticos presos por la parapolítica y por el proceso 8000[3], echando para atrás el Tribunal de la Verdad acordado como mecanismo de generar justicia. Meses atrás, Uribe por medio del asesor de la mesa de diálogos Alvaro Leyva, había pedido que se excluyera del tribunal de la verdad la exigibilidad de que los militares, paramilitares y financiadores de la guerra dieran los nombres de sus jefes o de los autores intelectuales de las masacres, falsos positivos y otros delitos[4]. Esto demuestra el temor de la extrema derecha a que la verdad genere una segunda oleada de parapolítica que llegará aún más cerca del círculo íntimo del uribismo. Las muestras desesperadas para impedir la verdad del expresidente Uribe así lo indican.

La impunidad que busca Uribe y otros sectores menos visibles con mucho poder, cada vez se hace más difícil, sobre todo por la entrada en vigencia del Tratado de Roma en la jurisdicción colombiana desde el 2009,  que impide cualquier ley de punto final para las violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, no sólo de militares o guerrilleros, sino de todas las personas de la cadena de mando civiles o militares que tengan responsabilidades. Todo un dolor de cabeza para quienes pretenden después del plebiscito chantajear al gobierno y a la sociedad a cambio de impunidad. En el Tribunal de la Verdad se podrán oir las confesiones de los perpetradores de delitos graves sobre la responsabilidad de cadena de mando, los instigadores y financiadores de la estrategia de despojo y paramilitarismo. Verdad que deberá ser conocida por la Corte Penal Internacional quien sólo tendrá jurisdicción sobre quienes no se allanen a la justicia transicional restaurativa del tribunal ¿ Será esta la razón de las acciones angustiosas y rabiosas de Uribe?

Poder

Este último punto suena a un lugar común, pero no lo es para el proceso político que está viviendo Colombia. Como todo el mundo se enteró, el diagnóstico de la democracia colombiana es crítico. Pepe Mujica la diagnosticaría de esquizofrenia y la mayoría de los analistas internacionales ha dado cuenta del deficit y la restricción en que vive la sociedad colombiana. Lo que argumenta con más fuerza la necesidad de un acuerdo que abra la democracia, que genere nuevas reglas e incluya a las mayorías que están por fuera del contrato social.

Contrario a este razonamiento, la extrema derecha busca que la democracia siga enferma, esperando que todo se mantenga igual. Con el exiguo 18% que vota por sus atrasadas, pero eficaces consignas, piensan que les es suficiente para gobernar a la anómica sociedad atrapada entre el cansancio de la guerra y el asfixiante neoliberalismo. La ultra derecha no quiere desarrollo territorial, ni participación política de competidores que pongan el debate en torno a la justicia social, porque en los municipios tienen la alianza perfecta entre latifundio, ignorancia política y violencia. Por ello, me temo que no importa si quedan satisfechos o no con las posibles adendas al Acuerdo de Paz firmado en Cartagena. Su objetivo es el poder, y el único discurso que tienen para articular sus fuerzas es contrario a la paz que genere democracia.

En ese sentido, el libreto del gobierno y del campo popular deberá ser más audaz, pasar a la iniciativa abriendo los escenarios de participación incluidos en los Acuerdos, realizar un salto adelante en procura de ganar hegemonía alrededor de la paz muy de la mano de las organizaciones sociales y grupos de ciudadanos que están movilizados para conseguirla. Son estos sectores los que, con las marchas, las asambleas, los discursos renovados y con la voz juvenil, están dando las bocanadas de aire fresco que necesita el cambio político en el país.

La disputa de los alentadores del viejo país, es por sobrevivir con sus anacrónicos métodos violentos, son como una locomotora vieja que no quiere parar destruyendo todo a su paso. Vienen desde siempre pidiendo silencio, logrando impunidad con leyes de punto final e imponiendo cárcel para sus contradictores. La ecuación de Violencia+Tierras+Impunidad=Poder los ha mantenido, por eso la paz, la verdad y las voces alternativas les aterran. Sin dudas le tienen miedo a la paz.

ADENDA: Saludo la buena nueva del inicio de los diálogos del Gobierno con el ELN, seguro será el tema para seguir pensando el embrollo colombiano.

[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/propuestas-de-alvaro-uribe-para-renegociar-el-acuerdo-final-con-las-farc/498453

[2] https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/acuerdo-final-1473286288.pdf Ver páginas de la 10 a la 12.

[3] Así se llamó el proceso de destitución contra el expresidente Ernesto Samper entre 1994 y 1998, que dejó a varios políticos presos por el ingreso de dineros ilícitos a la campaña electoral.

[4] http://www.semana.com/confidenciales/articulo/intento-frustrado-de-alvaro-leyva/485006

Javier Calderón Castillo. Magister en Sociología y Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires-UBA. Miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América latina y el Caribe, IEALC-UBA.

Celag