Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El anuncio de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue rebasado en forma súbita por la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, que agrupa a la mayor parte de las facciones opositoras) de rehusarse a participar en un encuentro con representantes gubernamentales en la forma en que se había acordado con la mediación del papa Francisco.

En cambio, en el seno de la Asamblea Nacional, donde tienen amplia mayoría, los legisladores antichavistas iniciaron un juicio en contra de Maduro con varios argumentos penales y políticos, entre ellos uno particularmente pueril: el abandono del cargo, en razón de una gira del gobernante por varios países con el propósito de estabilizar los precios del crudo y que incluyó una visita a Roma, donde se reunió con el pontífice para abordar la crisis política que enfrenta.

La reacción gubernamental consistió en convocar al Consejo de Defensa de la Nación para hacer frente al golpe parlamentario, como Maduro definió el comienzo del juicio legislativo en su contra.

Tal es la más reciente vuelta de tuerca en el drama venezolano, luego que la semana pasada diversos tribunales suspendieron la recolección de firmas que realizaba la MUD para realizar un referendo revocatorio del mandato presidencial debido a que detectaron centenares de miles de falsificaciones en los listados. La crispación aumentó el pasado domingo cuando centenares de simpatizantes del gobierno irrumpieron en la sede legislativa para tratar de impedir la discusión sobre el proceso en contra del jefe de Estado.

Maduro se encuentra acorralado y en una situación de debilidad sin precedente. En ello no sólo incide la beligerancia opositora, sino también el declive de su popularidad, debido a una situación económica que golpea a vastos sectores de la población y que se traduce en carestía, escasez de bienes, crisis hospitalaria y una regresión generalizada en los avances sociales logrados desde 1999, cuando Hugo Chávez asumió la Presidencia por primera vez. Tal situación, a su vez, se explica por la caída de los precios internacionales del crudo, que dejaron al régimen chavista sin márgenes para mantener sus políticas de bienestar social. Pese a todo, el bando bolivariano parece conservar cohesión interna, como deja entrever el inequívoco respaldo de las fuerzas armadas al gobierno, expresado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien ayer acusó a la oposición de buscar justificaciones para una intervención extranjera.

Los opositores, por su parte, tampoco las tienen todas consigo: por un lado, el fracaso del diálogo con el gobierno dejó al descubierto una fractura en el seno de la MUD, entre el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Ramos Allup, y el gobernador del estado de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles; por el otro, los desaires opositores al papa Francisco y a otros mediadores foráneos, como el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, colocan al bando antichavista en el camino del aislamiento internacional y amenazan con erosionar su imagen democrática, empeñosamente cultivada por la mayor parte de los medios informativos occidentales.

En tales circunstancias, cuando la confrontación política amenaza con desbordarse y derivar hacia la violencia, resulta imperativo que ambas partes hagan esfuerzos de contención, que la oposición deponga su empeño maximalista en acabar con el régimen y reoriente sus exigencias a objetivos más realistas y perentorios, como medidas para aliviar la crisis económica. Por su parte, el gobierno de Maduro tendría que mostrar disposición a ceder y a aceptar la participación opositora en la formulación de soluciones viables para salir del atolladero en el que se encuentra Venezuela.

La Jornada