Asesinato de líderes sociales pondría en riesgo implementación de acuerdos: Mininterior

El asesinato de líderes sociales del movimiento Marcha Patriótica el pasado fin de semana en el país encendió las alertas sobre los riesgos que tienen los movimientos políticos alternativos y sacó a relucir las amenazas contra el proceso de paz por parte de, al parecer, paramilitares.

Tan sólo este fin de semana fueron asesinados tres líderes y otros dos sobrevivieron a atentados en su contra en hechos registrados en Caquetá y Nariño. Así lo denunció el movimiento Marcha Patriótica y lo recalcaron las Farc mediante una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos.

Según las denuncias, el viernes pasado fueron asesinados en San Vicente del Caguán, Caquetá, los líderes Erley Monroy, dirigente de la Asociación Campesina de Losada-Guayabero y Didier Losada Barreto, dirigente campesino en San Juan del Losada.

En ese mismo municipio fue víctima de un atentado el señor Víctor Hugo Cuéllar.

El mismo viernes, Danilo Bolaños Díaz, miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan) sobrevivió a un atentado cuando viajaba hacia el municipio de La Unión.

El pasado sábado fue asesinado Rodrigo Cabrera, en la vereda Rosales del municipio de Policarpa, Nariño, cuando se dirigía a su casa. Cabrera era agricultor, líder campesino del corregimiento Altamira y militante de Marcha Patriótica en el departamento de Nariño.

Con su homicidio, van 124 personas asesinadas del movimiento Marcha Patriótica en los últimos cuatro años.

Al respecto, el ministro Juan Fernando Cristo dijo que “preocupa enormemente la forma como puede afectar la implementación del posconflicto y el desarrollo del proceso de paz en departamentos como el Caquetá”. Además condenó los homicidios y dijo que el Presidente convocó a una reunión para adoptar las medidas pertinentes.

En diálogo con W Radio, el ministro Cristo manifestó que las autoridades están trabajando en evitar la estigmatización del trabajo de líderes sociales del país, y se están investigando las causas de cada uno de los casos.

“No hay duda que hay enemigos del proceso de paz en varias regiones del país, dispuestos a generar incertidumbre, un clima que sin duda alguna afecta a la población, especialmente a líderes sociales y comunitarios que hacen su tarea en territorios que tradicionalmente han sido afectados por el conflicto”, manifestó.

La Unidad de Víctimas se sumó a las voces de rechazo gubernamentales y a través de un comunicado manifestó que los atentados “ponen de presente la necesidad de implementar urgentemente los acuerdos de paz alcanzados con las Farc, para consolidar las garantías de no repetición por las que la unidad vela, como parte de la reparación a las víctimas”.

Mediante una carta pública, las Farc resaltaron su preocupación por el accionar de agentes en contra del proceso de paz, que estarían vinculados con los homicidios denunciados.

“Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes, no hay, ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir acrecentando más privilegios y poder”, manifestaron las Farc en un comunicado.

Dijeron también que no es admisible que bajo el nombre de ‘Los Úsuga’ o ‘Águilas Negras’ se “mantenga una cortina de humo para ocultar la responsabilidad de determinadores agazapados en el Bloque de Poder Dominante”.

Congresistas piden acciones contra grupos de “ultraderecha”
Los voceros de la Marcha Patriótica pidieron al Gobierno Nacional que admita la presencia de grupos paramilitares en los homicidios de los líderes de su movimiento.

Si bien la Fiscalía sostiene que el flagelo del paramilitarismo despareció tras la desmovilización de las AUC, Marcha Patriótica y varias organizaciones aseguran que dichos grupos estarían detrás de los homicidios.

El senador Iván Cepeda indicó que hay una “ausencia de responsabilidad”, y los recientes ataques han quedado en la impunidad, sin embargo, para él los grupos que están contra el acuerdo de paz tendrían participación en los recientes ataques.

“Aquí más que pedir investigaciones y protección, la discusión que tenemos es con la extrema derecha, y hay que decirlo con nombre propio la extrema derecha es la que quiere impedir que se refrende y se implementen los acuerdos de paz, no nos va a temblar la voz, para decir que no nos van a amedrentar, quienes han intentado siempre acabar con el proceso de paz”, señaló Cepeda.

Igualmente, el congresista pidió que se indaguen las declaraciones entregadas recientemente por el alcalde de San Vicente del Cagüán, Humberto Sánchez, quien según Cepeda señaló a dos defensores de derechos humanos asesinados en esa zona de ser colaboradores de la guerrilla, acusación que para él es “grave”, por lo que dijo: “Vamos a proceder desde el punto de vista penal y disciplinario”.

El asesor jurídico de la Fundación Por la Defensa de los Derechos Humanos, Camilo Fagua, señaló por su parte que la Fiscalía debe actuar de manera inmediata, dado que se deben brindar las garantías necesarias a este tipo de personas, además se deben identificar a los responsables de los ataques.

“Nuestra fundación ya había denunciado la aparición de folletos de las AUC en San Vicente del Caguán, y se lo habíamos comunicado al alcalde, sin embargo, la respuesta de él fue el señalamiento y la estigmatización de los líderes sociales de este municipio”, señaló Fagua.

Por su parte, la excongresista Gloria Inés Ramírez indicó que se deben tomar medidas inmediatas, para que no ocurra un genocidio como el de la Unión Patriótica.

“No queremos más anuncios, queremos acciones concretas, y en la última semana tenemos cinco asesinatos, por lo que queda claro que lo que hay acá es un plan de exterminio, ellos estaban muy activos en la defensa del proceso de paz, y esos hechos nos serían espontanéanos o aislados”, señaló Ramírez.

Ante los recientes asesinatos, la Fiscalía General de la Nación envió ocho investigadores al Caguán para esclarecer los últimos homicidios, además vinculó a cuatro directores regionales para ponerse al frente de la situación, con lo que se consolida un total de 21 investigadores en los lugares de los hechos.

El País


Fin de semana de pánico: cinco líderes sociales sufrieron atentados

Varias municipios de Colombia vivieron un fin de semana de pánico. Cinco miembros de asociaciones campesinas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Caquetá, Meta y Nariño.

Uno de ellos es Erley Monroy, un líder de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero (Ascal-G) fue encontrado herido el pasado viernes en la vereda Siberia, en San Vicente del Caguán, cerca del Batallón Cazadores. Ante la grave de las lesiones, murió horas más tarde en el hospital municipal.

“Con el asesinato de Erley se priva a una familia y a toda una región de la alegría de un hombre ejemplar, comprometido con su comunidad, con la región, y con la construcción de un nuevo país, en el que la paz y la democracia sean algo real”, pronunció el viernes la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC).

Un día después, Hugo Cuéllar, otro dirigente de esa organización y presidente de la Junta de la Vereda La Víctoria (La Macarena), fue víctima de un atentado cuando salía del entierro de Erley en San Vicente del Caguán. Según se ha dicho, Cuéllar habría recibido varios disparos por parte de dos sicarios. Se encuentra en cuidados intensivos.

La situación en ese municipio es bastante preocupante. No son pocos los habitantes y líderes que temen por sus vidas, no solo por los homicidios que ya se han presentado, sino porque en los últimos días han circulado panfletos firmados supuestamente por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Llegamos al Caquetá y estamos para quedarnos. Milicianos y testaferros de las FARC, venimos a hacer limpieza de San Vicente, Puerto Lozada y Meta”, dice el panfleto.

El orden público parece salirse de control en San Vicente del Caguán y muchas organizaciones reclaman al alcalde, Humberto Sánchez, por lo que está ocurriendo. Como es sabido, Sánchez ha sido un fuerte crítico del proceso de paz y de corriente uribista.

“Los panfletos de los paramilitares en San Vicente y @HumbertoHSC no se pronuncia. ¿Complicidad? ¡Gobierno debe actuar!”, tuiteó la Fundación DHOC.

Ante eso, el alcalde rechazó en un video los reclamos y acusaciones que hacen contra él. “Quieren estigmatizar la administración. Quieren empañar el proceso de paz y orientar el hecho a algo político, cuando en realidad puede ser un ajuste de cuentas. (…) La verdad es que con esa ausencia de las FARC en el territorio, que en cierta manera ayudaban a controlar este tipo de asesinatos, pues lógicamente ha habido nuevos homicidios”, dijo.

Según el mandatario local, se encuentran investigando qué ocurrió, pero cree que los atentados podrían haber sido ocasionados por problemas entre los mismos pobladores. Sánchez, junto al Ejército y la Policía, ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por alguna información que esclarezca los hechos y pidió la presencia de la ONU en su municipio.

Otra de las víctimas en este fin de semana fue Didier Losada Barreto, que murió después de recibir varios disparos en la noche del viernes en su casa en la vereda Platanillo, en La Macarena (Meta). Losada era presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda.

Lo mismo habría ocurrido en la vía que comunica a La Unión y Leiva (Nariño), donde dos hombres armados atentaron este sábado contra el campesino Danilo Bolaños Díaz, luego de que asistían a un evento organizado por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Este integrante de Marcha Patriótica logró salir ileso.

Y este domingo Rodrigo Cabrera, defensor de derechos humanos y también miembro del movimiento Marcha Patriótrica, fue asesinado en Policarpa (Nariño). Hasta el momento, no hay mayores detalles.

Ante la gravedad del asunto, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica se pronunció este domingo y aseguró que desde 2011 han sido asesinados más de 120 de sus integrantes. Y en lo que va del 2016, han muerto 17.

“En las últimas horas han sido asesinados varios integrantes del Movimiento en diferentes zonas del país, consolidándose un nuevo genocidio político en Colombia”, manifestó ese movimiento.

No fueron los únicos. Desde su cuenta de Twitter, el negociador de paz de las FARC Pablo Catatumbo condenó el “asesinato sistemático de líderes campesinos”.

“Exigimos aplicación inmediata Acuerdo Garantías de Seguridad. Vuelve la guerra sucia”, escribió el líder guerrillero, refiriéndose al pacto para su desmovilización que forma parte de los acuerdos de paz.

A esta preocupación se unió la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que se mostró alarmada ante un reporte en el que organizaciones de acción comunal advirtieron del homicidio de 33 de sus miembros durante 2016.

“La Misión expresa su preocupación por las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los integrantes de organizaciones de acción comunal, movimiento históricamente afectado por el conflicto”, dijo el ente en un comunicado.

Y añadió: “Preocupa el reporte público presentado recientemente por las directivas de organismos acción comunal ante el Ministerio del Interior, que advierte sobre 33 homicidios, dos casos de desaparición forzada y múltiples situaciones de amenaza de comunales en todo el país, en lo corrido de 2016”.

Para la OEA, el asesinato de líderes sociales no sólo supone una revictimización del movimiento comunal, sino una fuerte afectación a las comunidades y las iniciativas que representan.

Por último, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, condenó los homicidios y aseguró que el presidente Juan Manuel Santos convocó a una reunión extraordinaria para adoptar medidas ante la situación.

Y el fiscal Néstor Humberto Martínez también se pronunció. “Todas las agencias del Estado tenemos que enfrentar a los enemigos de la paz en Colombia. (…) No podemos permitir que estos hechos se empicen a consolidar en ningún lugar del territorio”, dijo.

Martinez aseguró que, desde el sábado, ocho investigadores fueron a San Vicente del Caguán para esclarecer los hechos. En total, dijo, ya son 21 funcionarios que están en las zonas donde han ocurrido los atentados. Y también habilitaron la linea celular 310-277-9573 para que los ciudadanos denuncien. Ojalá las autoridades pongan un ‘tatequieto‘ a los que están detrás de estos repudiables homicidios.

Semana


Santos convocó a reunión por homicidios de líderes sociales

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló la preocupación del Gobierno Nacional ante el incremento de homicidios y atentados en contra de líderes sociales e integrantes de colectividades como Marcha Patriótica.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Cristo anunció una reunión convocada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para enfrentar la situación que ha sido denunciada por los activistas sociales y en redes como un nuevo genocidio en marcha.

Y es que en la noche del sábado se presentó un atentado contra Danilo Bolaños Díaz, delegado de comunicaciones de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan).

Bolaños sobrevivió a seis disparos que le propinaron cuando viajaba en su moto del municipio de Leiva a La Unión (departamento de Nariño), en compañía de su pareja.

Este atentado se suma a los homicidios de Erley Monroy y Didier Losada Barreto, integrantes de Marcha Patriótica, quienes fueron asesinados el viernes pasado.

Monroy era miembro de la Asociación Campesina de Losada-Guayabero (Ascal-g) y se encontraba en la vereda La Siberia del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), cuando recibió varios impactos de bala.

Didier Losada, líder campesino de Platanillo, jurisdicción de La Macarena (Meta), fue asesinado en su propia casa por un encapuchado que le disparó varias veces con un arma de fuego.

Otros tres líderes sociales fueron asesinados recientemente. Se trata de Rodrigo Cabrera, en Nariño, y José Velásquez y Jhon Rodríguez, en el departamento del Cauca.

Hugo Cuéllar fue herido por disparos de arma de fuego justo después del velorio de Erley Monroy y Hannier Hurtado, estudiante de la Universidad del Valle y miembro de Marcha Patriótica, está desaparecido desde finales de octubre.

La organización social asegura que en lo que va del año han sido asesinados 17 de sus líderes. Y desde su fundación, 123 integrantes de Marcha Patriótica han fallecido como consecuencia hechos violentos.

El Colombiano


Van 70 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2016

Un informe conocido por El Espectador señala que durante lo corrido de 2016 se han presentado 70 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como 279 amenazas y 28 atentados contra estas personas.

Las cifras se conocen en medio de un fin de semana de horror que se ha vivido en diferentes regiones del país, en las que se han presentado tres asesinatos y dos atentados en contra de la vida de líderes defensores de DD. HH.

También señala el documento que 30 de esos homicidios han tenido lugar en fechas posteriores al inicio del cese del fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y las Farc. Una de las características que han tenido los hechos de violencia, de acuerdo al documento, es que fueron realizados por individuos fuertemente armados luego de amenazas directas o indirectas.

“El accionar paramilitar en el territorio nacional se erige como la principal amenaza al proceso de paz entre la insurgencia armada de las Farc-EP y el gobierno nacional y los diálogos con la insurgencia del ELN que están a punto de iniciar en su fase pública”, señala el documento.

Denuncia además que en amplias zonas del territorio nacional ha habido presencia de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, ejércitos antirrestitución y Águilas Negras que realizan acciones de control paramilitar en vías intermunicipales y veredas, amenazas de muerto con panfletos, llamadas o degüello de perros, toques de queda, asesinatos, restricciones de movilidad y desplazamientos forzados.

Estas acciones se realizan mayormente en los departamentos de Meta, Guaviare, Norte de Santander, Santander, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Tolima, Caquetá, Choco, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.

Movilización campesina

Por otra parte, en un comunicado el Comando del punto de preagrupamiento guerrillero temporal de la zona de El Tigre y Buenavista hizo un llamado a los municipios del piedemonte llanero y de la región del Ariari, en el Meta, para que se realice una movilización para denunciar los crímenes y las amenzas sobre la población por “la creciente presencia y accionar de las bandas sucesoras del paramilitarimo en la región de Losada y Guayabero y el norte del Departamento del Caquetá”.

“Los enemigos del proceso de Paz pretenden responderle con el asesinato de los líderes campesinos, para descabezar la futura promoción de la representación electoral de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, y que merecen las Circunscripciones Especiales de Paz”, señala la comunicación.

Asimismo le exigen al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese del fuego, al delegado de la ONU para los derechos humanos en Colombia y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que se ponga en marcha el Protocolo para el cese el fuegoy de hostilidades, en lo concerniente a “…cantidad de personal del MM&V para el monitoreo local de los puntos de Pre agrupamiento Temporal (PPT)…”.

El Espectador


Farc condenan “asesinato” de campesinos y exigen aplicación de acuerdo

Uno de los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Pablo Catatumbo, condenó este domingo el “asesinato sistemático” de líderes campesinos y exigió la aplicación “inmediata” del pacto de “Garantías de Seguridad” incluido en el acuerdo de paz alcanzado con el Gobierno de su país.

“Condenamos asesinato sistemático de líderes campesinos. Exigimos aplicación inmediata Acuerdo Garantías de Seguridad. Vuelve la guerra sucia”, escribió Pablo Catatumbo (alias de Jorge Torres Victoria) en su cuenta de la red social Twitter.

“Catatumbo”, integrante del equipo de las Farc que negoció el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana durante los últimos cuatro años, afirmó que “asesinan líderes campesinos, desalojan campamentos de Paz, asesinan guerrilleros en cese al fuego, se dilata la implementación” y consideró que todo ello es una “pésima señal”.

Uno de los puntos del Acuerdo de Paz incluye “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”.

El pasado 12 de noviembre se firmó en La Habana un nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, que contiene las aportaciones de los sectores contrarios al pacto inicial, que fue suscrito el 26 de septiembre en Cartagena de Indias y rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre.

Esta semana, el líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, aseguró que el nuevo acuerdo firmado con el Gobierno es “definitivo, sólido, incluyente, plural” y aseguró que el grupo guerrillero está cumpliendo “rigurosamente” los acuerdos a los que llegó con el Ejecutivo.

El Espectador


Fiscalía crea grupo especial para investigar asesinatos de líderes indígenas

“Enfrentar a los enemigos de la Paz” dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez frente a la ola de asesinatos en los últimos días de líderes sociales que en su mayoría hacen parte del movimiento Marcha Patriótica.

El fiscal anunció la creación de un equipo especial conformado por 21 investigadores, que estarán a cargo de 4 directores de fiscalías para esclarecer los hechos que rodean las muerte de casa integrante del movimiento social, “las agencias del Estado y por supuesto la Fiscalía tenemos que enfrentar a los enemigos de la paz, no podemos permitir que estos hechos se empiecen a consolidar en ningún lugar del territorio”, señaló.

Al respecto dijo que ocho investigadores ya han estado conociendo de la situación en la zona del Caguán.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerque a la Fiscalía y a las autoridades a denunciar los hechos y para ello habilitó la línea 3102779573 en donde se estarán recibiendo las denuncias y quejas de los habitantes afectados.

Caracol