El Gobierno rechazó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Grupo de Trabajo de la ONU la posibilidad de liberar a Milagro Sala, al indicar que esa medida “implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación” judicial que se le sigue por malversación de fondos y fraude en Jujuy.

“Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria”, afirmó el Gobierno en su respuesta a los organismos internacionales.

En un escrito, señaló que “la evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad (de Sala) en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación”.

La Cancillería, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, elevó una respuesta a los órganos de la OEA y la ONU sobre la situación de Sala ante el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que determinó hace 20 días en un informe que la detención de la dirigente social era “arbitraria” y había reclamado su liberación.

Según publicó La Nación, el Gobierno envió a los organismos internacionales un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 páginas con fundamentos de la detención de Sala del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy.

A la vez, en el informe enviado por la Cancillería invitó a los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU y de la OEA a visitar Jujuy “a efectos de tomar cabal conocimiento de todas las circunstancias que justifican la detención mientras se encuentran debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada”.

El informe que envió el Gobierno a Washington y a Ginebra advierte con claridad que Sala “lejos sufrir una detención arbitraria como opina el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU, permanece encarcelada en función de un proceso debidamente acreditado donde justifica de modo razonable el riesgo procesal por colusión de testigos”.

También consideró que los argumentos del Grupo de Trabajo de la ONU “desatienden una serie de cuestiones fácticas esenciales para arribar a semejante conclusión”.

Se incluyó además un informe sobre el expediente judicial que avanza en Jujuy contra Sala donde señala que “se encuentra plenamente acreditado un millonario fraude a la administración pública operado con fondos destinados a la construcción de viviendas”.

Además, aseguró que está probada “la activa participación de Sala en un mecanismo por el cual la dirigente social, a través de pequeñas cooperativas, recibía recursos provenientes del Estado Nacional, y que por medio de mecanismos extorsivos conseguía que las mismas emitieran facturas por obras que jamás se hicieron”.

• Liberado

Al mismo tiempo, el juzgado de Control N° 3 de Jujuy liberó al experiodista del diario La Nación Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encontraba detenido con prisión domiciliaria desde mediados de julio pasado, y a los dirigentes de la Tupac Iván Altamirano y Miguel Ángel Sivila.

Noro estuvo preso en el marco de la causa denominada “Pibes Villeros” en la que se investiga a cooperativas integradas a la Red de Organizaciones Sociales por el supuesto desvío fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Sala permanece a su vez encarcelada desde mediados de enero de este año, cuando fue detenida e imputada por “instigación” a raíz de un acampe de protesta de integrantes de cooperativas de vivienda frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. A partir de ese arresto se abrieron contra la diputada del Parlasur electa otras causas penales, entre ellas una por fraude fiscal, por denuncias del fiscal de estado Mariano Miranda y del gobernador Morales, entre otros.

La investigación por la causa “Pibes Villeros” se inició a partir de imágenes televisivas que que mostraban a supuestos integrantes de cooperativas de vivienda cuando retiraban dinero de entidades bancarias de Jujuy. El fiscal Miranda, denunciante en la causa, afirmó que “la caja de ahorro de la cooperativa Pibes Villeros registra movimiento del último mes de diciembre de más de $ 30 millones y de $ 780 millones en los últimos años”.

Ambito Financiero