El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras está en medio de una nueva campaña de guerra psicológica, con riesgos reales para la integridad física de su personal, así lo denunciaron en un comunicado dado a conocer este sábado.

La campaña incluye diversas publicaciones insidiosas surgidas tras la enésima declaración hostil del Presidente Juan Hernández contra organizaciones de derechos humanos que incidimos en círculos de decisión internacional sobre la situación del país.

La matriz del mensaje busca asociar a la coordinación del Comité con las operaciones del crimen organizado en Colón, que habría construido redes paramilitares asociadas a instituciones estatales.

Incluye, además, vigilancia de nuestra sede en la avenida Cervantes de Tegucigalpa, seguimiento a miembros de nuestro personal y un afiche amenazante que encabeza el señor Wilter Blanco buscado por la DEA de Estados Unidos.

Es su deber, por tanto, informar que esta peligrosa campaña – focalizada contra la coordinadora de la organización, Bertha Oliva — procede de los aparatos de inteligencia que impulsan el continuismo del partido de gobierno, que debe responder al menos por tres hechos de impacto en las últimas semanas. Y por otros no menos recientes como es el robo al IHSS, el asesinato de Berta Cáceres y la conspiración mafiosa en la FIFA y el lavado de activos en bancos locales.

El gobierno debe esclarecer, sin duda, el asesinato del presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, José Ángel Flores.

También debe enfrentar en los próximos días la sentencia penal condenatoria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del candidato a diputado Ángel Pacheco León, en el marco de su campaña dentro del Partido Nacional, en noviembre de 2001.

El Cofadeh escuchó a la familia León desde el inicio y se convirtió en el impulsor del proceso en el sistema interamericano de derechos humanos, porque las víctimas fueron desatendidas por su propio partido y por los indicios racionales de participación de agentes estatales en el crimen.

Y el gobierno debe responder, igualmente, nuestra demanda histórica de justicia en los casos de desapariciones forzadas y crímenes políticos impunes contra personas vinculadas todavía a los aparatos de inteligencia del Estado; en este sentido, el arresto de Marco Tulio Regalado Hernández por el asesinato político de Herminio Deras toca sus intereses.

De modo que la campaña en su contra es una reacción a esos hechos y a nuestra decisión de respaldo a las acciones de la MACCIH contra la corrupción y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU contra la impunidad en Honduras.

Pese a todo, apuntaron que no van a renunciar a nuestro trabajo de litigio internacional contra los responsables de hechos atroces y vamos a impulsar las causas penales que sean requeridas contra los miembros del Estado implicados en los mismos.

Con este espíritu, señala el comunicado, van a conmemorar nuestros 34 años de vida organizada el próximo 30 de noviembre, con nuevos anuncios que sirven a la lucha contra la impunidad en el país.

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