Honduras: la Plataforma Agraria denuncia que el Estado no garantiza la vida de los y las defensoras de derechos humanos

La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán denuncia ante el pueblo hondureño, la comunidad internacional, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacional que el Estado de Honduras no garantiza la seguridad ni la vida de los y las defensoras de Derechos Humanos (DD.HH).

En un comunicado, la Reforma Agraria indica que “a 90 días del asesinato de los líderes campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores y Silmer Dionicio George, no se han ejecutado las aprensiones secretario_Plataforma_Agraria_Aguánen contra de los actores materiales aun habiendo órdenes de captura, según un informe de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), por lo que el grupo paramilitar sigue operando en el asentamiento la Confianza, sembrando terror y miedo en la población, por lo que creemos que no existe voluntad por parte de las autoridades competentes para ejecutar las capturas, situación de que obedece al plan del Gobierno actual para desarticular las organizaciones campesinas en el Aguán”.

En ese sentido señala que denuncian “la negación por parte del Gobierno de Vocero_Plataforma_agraria_aguánHonduras para readecuar la deuda de MUCA y MARCA, además del incumpliendo de los acuerdos firmados en el 2010. Las operaciones de impacto psicológico de los grupos paramilitares ejecutadas el 19 de junio del 2016 en la comunidad de Panamá donde asesinaron a Allan Martínez y Manuel Milla dos jóvenes campesinos frente a más de 50 personas en un campo de futbol, este mismo patrón se repitió el pasado del 18 de Octubre con el asesinato de José Ángel Flores y Silmer Dionicio George en el asentamiento la Confianza, así también el atentado del 28 de septiembre en la comunidad del Remolino donde hubieron hombres, mujeres y niños heridos, también de estos hechos las autoridades policiales de investigación y judiciales tienen pleno conocimiento pero los asesinos continúan en libertad”.

Asimismo recuerda que “pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha exhortado al Gobierno de honduras “que adopte las medidas necesarias para garantizar que los miembros de las organizaciones de la Plataforma Agraria, puedan desarrollar sus actividades como defensoras de Derechos Humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones”, así como también tiene pleno conocimiento el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la embajada Norteaméricana de las constante violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de líderes y lideresas del Bajo Aguán beneficiarios de la medida cautelar MC50-14. Existe mucha preocupación ya que en menos de tres meses han sido asesinadas tres personas beneficiarios de esta medida”,

“Condenamos el desalojo violento cometido en contra de las familia Indígenas lencas aglutinada en la Empresa 9 de julio, en San pedro Tutule, la Paz, de igual manera el vil asesinato cometido en contra del comunicador social Igor Padilla en San Pedro Sula”, expresa el escrito.

Sin embargo, indica que responsabilizan “al Estado de Honduras de cualquier acto de violencia o asesinatos en contra de los miembros de las organizaciones que conforman la Plataforma Agraria y las organizaciones sociales y populares del bajo Aguan, la familia de José Ángel Flores y Silmer George y los testigos que lamentablemente presenciaron el doble asesinato el pasado 18 de Octubre”.

Finalmente, hace un llamado “a los organismos defensores de derechos humanos nacional e internacional a estar pendientes de cualquier hecho violento que pueda darse en contra de los y las lideresas en el Bajo Aguán”.

Hondudiario


Comunicado íntegro de la Plataforma Agrararia Regional del Valle del Aguán

La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán denuncia ante el pueblo hondureño, la comunidad internacional, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacional lo siguiente:

1. Que a 90 días del asesinato de los líderes campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores y Silmer Dionicio George, no se han ejecutado las aprensiones en contra de los actores materiales aun habiendo órdenes de captura, según un informe de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), por lo que el grupo paramilitar sigue operando en el asentamiento la Confianza, sembrando terror y miedo en la población, por lo que creemos que no existe voluntad por parte de las autoridades competentes para ejecutar las capturas, situación de que obedece al plan del Gobierno actual para desarticular las organizaciones campesinas en el Aguán.

2. Denunciamos la negación por parte del Gobierno de Honduras para readecuar la deuda de MUCA y MARCA, además del incumpliendo de los acuerdos firmados en el 2010. Las operaciones de impacto psicológico de los grupos paramilitares ejecutadas el 19 de junio del 2016 en la comunidad de Panamá donde asesinaron a Allan Martínez y Manuel Milla dos jóvenes campesinos frente a más de 50 personas en un campo de futbol, este mismo patrón se repitió el pasado del 18 de Octubre con el asesinato de José Ángel Flores y Silmer Dionicio George en el asentamiento la Confianza, así también el atentado del 28 de septiembre en la comunidad del Remolino donde hubieron hombres, mujeres y niños heridos, también de estos hechos las autoridades policiales de investigación y judiciales tienen pleno conocimiento pero los asesinos continúan en libertad.

3. Pese a que la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha exhortado al Gobierno de honduras “que adopte las medidas necesarias para garantizar que los miembros de las organizaciones de la Plataforma Agraria, puedan desarrollar sus actividades como defensoras de Derechos Humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones”, así como también tiene pleno conocimiento el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la embajada Norteaméricana de las constante violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de líderes y lideresas del Bajo Aguán beneficiarios de la medida cautelar MC50-14. Existe mucha preocupación ya que en menos de tres meses han sido asesinadas tres personas beneficiarios de esta medida.

4. Condenamos el desalojo violento cometido en contra de las familia Indígenas lencas aglutinada en la Empresa 9 de julio, en San pedro Tutule, la Paz, de igual manera el vil asesinato cometido en contra del comunicador social Igor Padilla en San Pedro Sula.

5. Responsabilizamos al Estado de Honduras de cualquier acto de violencia o asesinatos en contra de los miembros de las organizaciones que conforman la Plataforma Agraria y las organizaciones sociales y populares del bajo Aguan, la familia de José Ángel Flores y Silmer George y los testigos que lamentablemente presenciaron el doble asesinato el pasado 18 de Octubre.

6. Llamamos a los organismos defensores de derechos humanos nacional e internacional a estar pendientes de cualquier hecho violento que pueda darse en contra de los y las lideresas en el Bajo Aguán.

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