Caso Odebrecht: el gobierno peruano busca una vía rápida para que EEUU deporte al expresidente Toledo
Zavala explica la vía al que apela el Perú para que EE. UU. deporte a Toledo
Pese a que Interpol lanzó una alerta roja para ubicar al expresidente Alejandro Toledo en 190 países, Estados Unidos ha solicitado al Perú justificar detalladamente los motivos por los que debe detenerlo para que un juez local proceda a pedir su captura.
Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros señaló que existe un camino más rápido que el común que requiere la autorización de un juez estadounidense, y que Pedro Pablo Kuczynski le explicó esto a su homólogo norteamericano, Donald Trump, en su llamada de este domingo.
“Se identificó que existe una norma que dice que el Departamento de Estado puede evaluar deportar a una persona. Existe el mecanismo legal. Esto es lo que explicó el presidente Kuczynski [en la llamada a Donald Trump]. Hay otro mecanismo [el más largo] a través del Departamento de Justicia con la información que envía el juez”, explicó en diálogo con RPP.
De no proceder esta vía “más rápida”, el Perú esperará a que un juez de Estado Unidos dicte la orden de captura y se inicie el proceso de extradición. Para ello, Zavala explicó que se envió información sobre el caso de Toledo, pero que el proceso es diferente que en otros países por lo que EE. UU. ha solicitado más detalles sobre la investigación que se le sigue a Toledo en el Perú.
«Lo que existe es la solicitud. El Gobierno peruano cumplió con la solicitud del juez de plantear esa solicitud en EE. UU. Sin embargo, el sistema en EE. UU. funciona diferente a lo que funciona en otros países: la solicitud tiene que entrar por el Departamento de Estado y este la tramita al Departamento de Justicia y esta va a un juez, quien señala si procede o no», indicó.
El premier añadió que, ante esta solicitud del país norteamericano, «el fiscal y el juez [del caso Odebrecht en el Perú] han trabajando durante el fin de semana para completar esa información».
Acusan a Nadine Heredia de guiar licitación de Gasoducto a favor de Odebrecht
Un nuevo testigo afirma que la ex primera dama Nadine Heredia habría direccionado el otorgamiento de la buena pro del Gasoducto Sur Peruano a Odebrecht, siguiendo órdenes del ex gerente de la constructora en Perú Jorge Barata, informó Cuarto Poder.
Según el testimonio otorgado al fiscal Reynaldo Abia, de la segunda fiscalía anticorrupción, y que habría sido clave para que el citado fiscal inicie una investigación por este caso a Heredia, las bases de la licitación «desde un comienzo estaban dirigidas a favor de la empresa Odebrecht», por lo que Barata «coordinaba directamente» con la esposa del ex jefe del Estado.
El fiscal ha abierto a Heredia una investigación por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.
«Jorge Barata Simoes le habría solicitado a Nadine Heredia Alarcón que realice las gestiones pertinentes con el ministro de Energía y Minas o con el presidente de Proinversión, con la finalidad de retrasar la licitación internacional, siendo además que en marzo o abril del 2014, Nadine Heredia habría decidido cambiar al presidente del Comité del Proyecto Gasoducto Sur Peruano, también por solicitud de Jorge Barata», señaló.
Fue en mayo del 2014, que el entonces ministro de Energía, Eleodoro Mayorga, designó como presidente de ese comité a Edgar Ramírez, pese a que este había brindado consultorías tanto a Kuntur, la subsidiaria de Odebrecht a la que el gobierno de Alan García entregó el proyecto inicialmente, como a Odebrecht, vía Latin Energy Global Services SAC, empresa de la que es socio fundador. Un mes después, el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que competía con Odebrecht y Enagás, fue descalificado pese a que su propuesta era menos onerosa.
Ramírez argumentó que se tomó la decisión en función de informes solicitados a los estudios de abogados, Delmar Ugarte y Echecopar. Pero para la fiscalía anticorrupción y la comisión del Congreso que investiga los presuntos actos de corrupción del gobierno de Ollanta Humala, ambos estudios habrían incurrido en conflicto de intereses debido a sus vínculos con las empresas del consorcio ganador.
El testigo afirma, además, que fue Heredia quien propuso a Mayorga como ministro de Energía y Minas para supuestamente cumplir con su objetivo de armar una licitación a la medida de Odebrecht.
«Nadine Heredia propuso como ministro a Eleodoro Mayorga, siendo nombrado este último en el cargo en febrero del 2014, siendo que luego de ello se habrían producido varias coordinaciones entre Nadine Heredia, Eleodoro Mayorga, Edgar Ramírez y Jorge Barata, las mismas que se realizaban de manera frecuente y con la finalidad de eliminar a la empresa que competía contra Odebrecht para la licitación».
Como se sabe, Mayorga admitió que asesoró a Odebrecht el 2012. Pero lo más grave es que durante el proceso de licitación del Gasoducto, entre marzo y abril del 2014, se reunió hasta 4 veces con Barata y otros funcionarios de la constructora. Además, cuando fue acusado de hacer lobby a favor de Interoil, aseguró que Ollanta Humala sabía de sus vinculaciones con esta y otras empresas de energía.
Lo rechaza
Interrogado sobre la supuesta coordinación que realizaba Nadine Heredia con Jorge Barata, el ex congresista y abogado de la ex pareja presidencial Santiago Gastañadui rechazó esa posibilidad.
Sostuvo que la licitación del gasoducto del sur «fue impecable» y que Humala y su esposa se reunieron con Barata durante el periodo electoral, como ocurrió con otros candidatos.
Odebrecht y Barata visitaron Palacio, pero no a Humala
En agosto del 2012, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata visitaron Palacio de Gobierno, donde estuvieron por varias horas, según documentos oficiales de la Casa Militar dados a conocer anoche por Willax TV. Según el reportaje de Mira Quién Habla, fueron dos visitas en las que la anfitriona habría sido Nadine Heredia.
No obstante, los registros señalan que en la primera, del 1° de agosto del 2012, Barata se reunió durante seis horas con el secretario general Luis Chuquihuara. En la segunda, del 9 de agosto, Barata estuvo acompañado de Marcelo Odebrecht y se reunieron por 3 horas con la jefa de comunicaciones, Cinthya Montes. En ese momento Ollanta Humala no estaba en Palacio.
El informe destaca que dos semanas después Heredia viajó a Brasil, donde se reunió con Dilma Roussef e Inacio Lula da Silva, actualmente investigados por sus vínculos con la corrupción.
¿Cuál es la situación judicial de los expresidentes del Perú?
Todos los expresidentes del Perú que aún siguen vivos enfrentan distintos problemas con la justicia. Unos están siendo investigados y otros ya han sido sentenciados, aunque solo uno en el Perú. RPP Noticias te cuenta al detalle cada caso.
1. Alejandro Toledo. Sobre el expresidente entre 2001 y 2006 pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva. La Fiscalía lo acusa de tráfico de influencias y lavado de activos por, supuestamente, haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht para que le entregara a esta empresa brasileña la construcción del tramo II y III de la Carretera Interoceánica. Desde que se oficializó la investigación fiscal, su paradero exacto es desconocido. Se sospecha que está en Estados Unidos.
2. Ollanta Humala. El líder del Partido Nacionalista gobernó del 2011 al 2016. Hoy lucha para que se revierta la orden que condiciona su salida del país a la autorización de un juez. Humala es investigado junto a su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. El origen de los fondos para sus campañas de 2006 y 2011 no ha sido esclarecido.
3. Alan García. Fue presidente en dos ocasiones (1985-1999 y 2006-2011). La Fiscalía formalizó la investigación más reciente a inicios de mes por el presunto delito de lavado de activos. Una militante del Partido Aprista Peruano lo denunció el 2015 por adquirir propiedades valorizadas en 1.6 millones de dólares. La Unidad de Investigaciones Especiales de Lavado de Activos de la Policía Nacional también está a cargo de las indagaciones.
Otro caso que lo persigue es el de la Megacomisión del Congreso, que le señaló desbalance patrimonial. Pese a que esta acusación fue desestimada en el Legislativo, la investigación fiscal fue reactivada en diciembre pasado. El presunto cargo también corresponde a lavado de activos.
Valentín Paniagua (Acción Popular) asumió la presidencia del Perú transitoriamente tras la renuncia de Alberto Fujimori a fines del 2000. Gobernó hasta el 28 de julio de 2001. Falleció el 16 de octubre de 2006. Nunca fue investigado ni acusado por ningún acto de corrupción durante su gestión.
4. Alberto Fujimori. Fue presidente del Perú de 1990 al 2000, y es el único de esta lista que cumple condena actualmente. Sobre él pesa desde el 2009 una pena de 25 años de prisión por autoría mediata en los casos Barrios Altos y La Cantuta y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.
Si bien al momento de su sentencia los delitos de lesa humanidad no eran reconocidos en nuestra regulación, los jueces asociaron sus cargos por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado con esa categoría para efectos internacionales. Otras sentencias por usurpación de funciones, peculado y corrupción también fueron dictadas. En paralelo, el expresidente era procesado por el delito de peculado en el caso Diarios Chicha, pero la Corte Suprema lo absolvió en agosto de 2016.
5. Francisco Morales Bermúdez. Su caso es particular. Fue presidente de facto del Perú de 1975 a 1980. Su antecesor fue Juan Velasco Alvarado y junto a él dio un golpe de Estado a Fernando Belaúnde en 1968. La Justicia italiana determinó el 2007 que Morales estuvo involucrado en la desaparición de 20 opositores de ascendencia italiana en coordinación con otras dictaduras sudamericanas, un plan que se denominó Operación Cóndor.
Sin embargo, el Estado peruano, entonces presidido por Alan García, no atendió el pedido de extradición. Otra pretensión de extradición a Argentina también fue ignorada el 2015 durante el gobierno de Ollanta Humala. El 17 de enero pasado, el Tribunal de Roma condenó a Morales Bermúdez, ahora de 95 años, a cadena perpetua. Pero esta pena no se cumplirá mientras no sea extraditado.
Alejandro Toledo será suspendido de Stanford si es capturado
El ex presidente Alejandro Toledo, acusado por la fiscalía de recibir US$20 millones de la firma brasileña Odebrecht, será suspendido por la universidad de Stanford, donde actualmente es investigador, si se concreta el arresto ordenado por la justicia peruana. Así lo informó la Oficina de Comunicaciones de dicha casa de estudios.
“Stanford defiende el derecho de cada persona al debido proceso. Si toma lugar un arresto, su status como investigador visitante será interrumpido hasta tener un resultado en el proceso judicial”, indicó el director de Comunicaciones de la universidad de Stanford, Ernest Miranda, en un correo enviado a El Comercio.
Miranda también aclaró que Toledo solamente es una “investigador visitante”. Es decir, no dicta clases en la referida universidad.
“Alejandro Toledo ha sido un investigador visitante. No es un empleado y no es un profesor. No tiene responsabilidades laborales ni dicta clases en Stanford”, señaló.
Precisó que Alejandro Toledo tenía encargada una investigación respecto a la educación en América Latina. A raíz de ello, el líder de Perú Posible tuvo acceso a las oficinas y bibliotecas de la universidad de Stanford.
La casa de estudios, además, informó que el ex mandatario, denunciado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, no recibe un sueldo de parte de su institución. Sin embargo, sí un pago, a través de una donación, por sus investigaciones académicas anteriores.
“Stanford no interfiere con asuntos judiciales y no emitirá mayores comentarios”, finaliza el comunicado firmado por Miranda.
Anoche, por medio de su cuenta de Twitter, Alejandro Toledo negó ser un “fugitivo” e indicó que colaborará con “la justicia justa”. Sin embargo, no dijo dónde está.
«Nunca he huido de ningún desafío. Defenderé mi buen nombre bajo condiciones que no me prejuzguen culpable. […] Yo estoy de acuerdo a colaborar con una justicia, pero que sea justa y dentro del Estado de Derecho», refirió.
«Cuando salí del Perú no habían cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo, una distorsión maquiavélicamente política que rechazo», subrayó.
