Más de 70 organizaciones denuncian un estancamiento de políticas LGBTI en la región en V Consulta Pública

Activistas de organizaciones y movimientos de la diversidad sexual de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se hicieron oír en la Consulta Pública LGBTI convocada por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR. La audiencia -quinta de una serie de consultas donde se invita a la sociedad civil, y la primera centrada en temáticas sobre personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex – se hizo en la sede del Instituto, en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, en la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de agosto.

¿Cómo proteger los derechos de las personas LGBTI?¿Cuáles son los esfuerzos que deben articular los Estados de la región? fueron las preguntas sobre las que se centró la jornada, en sus diferentes instancias. Participaron más de 70 representantes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades de países del MERCOSUR y de organismos internacionales.

Por la mañana hubo exposiciones individuales y plenarias. Por la tarde, se trabajó grupalmente en torno a ejes: justicia, trabajo, salud, familias, memoria, verdad, justicia y reparación histórica de personas LGBTI, política, entre otros. Al cierre, se compartieron e intercambiaron aportes en torno a cada uno de ellos. Y hubo un espacio para recorrer las instalaciones del edificio donde funcionó un centro clandestino de detención emblemático del terrorismo de Estado.

“Paraguay no avanza en derechos humanos”

Adriana Peroni, representó a la organización de lesbianas Aireana (Paraguay). Habló de la situación de derechos humanos en Paraguay y expresó críticamente, entre otras cosas, que el mismo gobierno a través de sus representantes ha dicho públicamente que “En Paraguay la homofobia no existe”. ¿”Cómo van a hacer políticas públicas para una población que consideran no existe?”, se preguntó.

También denunció que su país no cumple en garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, especialmente las lesbianas, a quienes se les impide el acceso a relaciones sexuales intramuros, porque se les pide libreta de matrimonio, requerimiento que no se hace a heterosexuales, contó Peroni.

Yren Rotella, también paraguaya, de la organización Panambí, expresó: “Paraguay no avanza en derechos humanos. Lo sentimos en carne propia. No hay políticas públicas dirigidas a LGBTI. Nos preocupan los crímenes impunes de tantas mujeres trans”.

Las principales preocupaciones

La mayoría de las organizaciones presentes compartieron la preocupación por el estancamiento de políticas públicas en materia de derechos de personas LGBTI en la región (en el caso de Argentina, se habló de la falta o recorte de presupuestos y programas), los crímenes de odio basados en identidad de género u orientación sexual, y la violencia que se perpetra cuando las investigaciones judiciales por delitos contra personas LGBTI no avanzan.

Desde el Centro Educativo Trans Puertas Abiertas de Tucumán, una de sus integrantes, Claudia, habló a los presentes acerca del reciente travesticidio de Ayelén Gómez. “El de Ayelén no es el primer travesticidio en Tucumán pero sí el primero donde se alzan voces exigiendo Justicia”, destacó.

Más violencia institucional, menos políticas

Desde Ciento por ciento diversidad y derechos, Ricardo Vallarino expresó: “Nos preocupa el crecimiento de la violencia institucional especialmente hacia las personas trans. Tenemos sólo un caso de travesticidio que avanza en la Justicia, el de Diana Sacayán. Muchos crímenes de odio no se investigan”.

Desde Conurbanos por la Diversidad, Darío Arias habló de “un momento de quiebre de avances en Argentina”. “Hay miradas negacionistas y discursos de odio que alientan a algunos sectores a sentir que pueden atacar a las personas LGBTI. Esto coexiste con un vaciamiento de políticas públicas LGBTI y aumento de la violencia institucional hacia travestis y trans”.

Claudia Vega, de AMI (Asociación por un Mundo Igualitario) propuso: “Debemos llevarnos de acá una declaración de emergencia. En Argentina somos un país de vanguardia en materia de derechos LGBTI pero hay un retroceso y vaciamiento en políticas desde el Estado actual”. Más tarde, en diálogo con Presentes, Vega puntualizó cómo impacta la situación de retroceso de Argentina entre los países de la región, donde las personas LGBTI están más desprotegidas en materia de leyes.

Sasha Sacayán, hermano de Diana y referente de MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación) compartió la idea del incremento de la violencia: “Se ha incrementado no solo violencia institucional, sino todo tipo de violencia. Consideramos que existe un vaciamiento de las políticas públicas que hemos logrado. Nuestra organización pertenece al conurbano bonaerense. Algo tan simple como los consultorios amigables han sido vaciados en nuestra zona. Muchas compañeras hoy no tienen acceso a la salud porque siguen siendo expulsadxs de esos lugares”.

Walter Torres, de la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto (Córdoba) señaló: “Me gustaría que los funcionarios que estuvieron presentes en la apertura se quedaran a escucharnos. Se ha dicho que Argentina es un país de vanguardia pero tenemos que preguntarnos cómo pasar de la igualdad jurídica a la igualdad real”.

Conclusiones por ejes

Sobre los temas específicos, estas fueron algunas de las ideas y propuestas trabajadas:

Acceso y goce de derechos y espacios de representación política: los participantes hablaron de la urgencia de garantizar la seguridad social de personas trans mayores. También del intercambio de estrategias técnicas y parlamentarias entre los países del bloque.

Memoria, verdad, justicia y reparación histórica de las personas LGBTI: se demandaron incentivos para el estudios sobre recuperación de memoria, y políticas públicas hacia fuerzas armadas y de seguridad. También creación de fiscalías específicas.

Educación y salud: Se condenaron las visiones patologizantes. Se escucharon propuestas de formación continua de diversidad a educadores y educadoras, se exigió el cumplimiento de Ley de Educación Sexual Integral (Argentina) y avanzar sobre el cumplimiento efectivo de leyes de identidad de género (Argentina).

Derecho al trabajo digno: se pidió protección y acceso a trabajo para todas las personas de la región, también para aquellas que viven con vih, y trabajar sobre la no discriminación a migrantes. Se habló de la urgencia de implementar el cupo laboral trans, que en la provincia de Buenos Aires sigue siendo la letra de una ley, aún sin reglamentar.

Movilidad humana, cultura y etnicidad: se habló de la importancia de políticas migratorias inclusivas que contemplen a las personas LGBTI migrantes.

Familias diversas: una de las cuestiones más relevantes: garantizar medios de constitución de las familias y leyes de adopción no discriminatorias (por estado civil, orientación sexual o de identidad de género). También se habló de la necesidad de que los Estados articulen estrategias pensando en personas del MERCOSUR que acceden al matrimonio igualitario en Argentina pero residen en otros países donde no tiene validez.

Política: se hizo énfasis en el presupuesto público y financiamiento para políticas públicas para personas LGBTI. Se pidió a los Estados garantizar líneas de financiamiento para la participación de organizaciones LGBTI.

Desde el IPPDH, informaron que Consulta Pública “también sirvió de espacio para el intercambio y articulación de las organizaciones sociales con los organismos internacionales que han incorporado la temática LGBTI en sus agendas”. Entre los presentes estuvieron Diego Beltrand, director regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Michelle Di Nissa, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Eugenia Carbone del Instituto Auschwitz, Carlos Passarelli, director de ONUSIDA y Miguel Mesquita de la CIDH. Entre los representantes de los Estados, estuvieron Diego Borisonik, director de Políticas Integrales de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Argentina, Felipe Lopes, de la embajada de Brasil, y Carolina Eymann, de la Cancillería.

Por la mañana, en la mesa de apertura, Marcelo Ferreyra, de Akahata (Argentina) había destacado la importancia del aporte que tienen para la sociedad civil estas consultas públicas: y de “las coaliciones regionales para evitar toda forma de discriminación e intolerancia”.

Agencia Presentes