El Salvador: justicia para todos

El Salvador: justicia para todos

Foto mara salvatrucha

Rafael Cuevas Molina, desde San José de Costa Rica

Después de 23 años de impunidad, el 13 de julio de 2016 la Corte de Constitucionalidad de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, negociada entre las partes en conflicto durante la Guerra civil que duró de 1980 a 1993, y que dejó en la impunidad los crímenes de guerra.

Tanto el Ejército, la derecha salvadoreña a la que sirvió, como la izquierda ex combatiente han puesto el grito en el cielo pues dicen que tal decisión pone en peligro la paz del país, que se sustenta en la intocabilidad de las partes contendientes.

¡Valiente paz! Se erige sobre la impunidad de miles de desapariciones, asesinatos, masacres y crímenes de lesa humanidad contra individuos y poblaciones enteras cuyo esclarecimiento han pedido los familiares de las víctimas durante más de dos décadas.

Que la derecha se oponga a ser juzgada es caso conocido no solo en ese país sino en América Latina en general. Pero que la izquierda asuma el mismo papel es un verdadero despropósito.

Ahora resulta que según la izquierda salvadoreña, quienes piden justicia le hacen el juego a la derecha continental que utiliza la estrategia de golpes blandos, y ponen en riesgo al mismísimo presidente de la República, quien aducen podría ser llevado a juicio por haber sido uno de los lideres principales del movimiento guerrillero de los años 80.

Es difícil que tal cosa suceda pero podría pasar, es una opción entre otras. Si es así, que se defienda, como deberá hacerlo la derecha salvadoreña.

Efectivamente, que tal cosa sucediera sería un fuerte golpe para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FNLM), actualmente en el poder, pero no hay vuelta de hoja: para poder erigir sociedades de derecho, algo que tanta falta hace en Centroamérica, deben fortalecerse las instituciones de justicia y las leyes deben aplicarse de forma pareja a toda la ciudadanía. No puede haber justicia para unos y no para otros; no puede haber ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda categoría.

Tampoco dudamos que esta resolución de la Corte de Constitucionalidad pueda ser parte de una estrategia continental contra los gobiernos de izquierda; una vez que hemos visto lo que ha sucedido en Brasil, lo que está pasando en Venezuela y en otras partes del continente concluimos que hay razones suficientes para pensarlo así.

Pero los proyectos progresistas de América Latina no pueden sustentarse sobre bases falsas, y la impunidad de los crímenes de guerra es una base falsa, vengan estos crímenes de donde vengan. No hay proyecto progresista, de izquierda o revolucionario que pueda sustentarse sobre premisas de ese tipo. Si para mantenerse en el poder hay que pasar sobre la justicia y el respeto a los derechos de la ciudadanía, el proyecto no vale la pena. La izquierda debe sustentar la superioridad de su proyecto en una moral y una ética distintas a las de sus oponentes.

Esa ha sido, además, una de las mayores y más fuertes tradiciones del pensamiento progresista y revolucionario latinoamericano, desde José Martí hasta el Che Guevara. Echarlo por la borda en cuanto no nos conviene es una muestra de oportunismo y falta de visión histórica.

A lo anterior hay que añadir que esas son las reglas del juego que la izquierda y los sectores progresistas latinoamericanos han aceptado jugar en nuestros días. No estamos en la época de la Revolución Cubana cuando, de forma explícita y sin tapujos, la izquierda se demarcó de la democracia burguesa y asaltó el poder por la fuerza de las armas. Ahora ha aceptado participar en el juego democrático y no puede ser que se eche a un lado cuando no le conviene.

Ante estos acontecimientos, comprendemos por qué el Foro de Sao Paulo emitió hace pocos días un comunicado general en el que consideraba a la CICIG de Guatemala como un instrumento de injerencia del imperialismo norteamericano en América Latina.

Mal hace la izquierda continental en asumir estas posturas que la desacreditan. La izquierda debe estar siempre al lado de la justicia, de la lucha por la construcción de una sociedad prístina, sin dobleces y sin privilegios para nadie.


Las maras y la excepción salvadoreña

Edición del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Aparte de los aspectos morales y cívicos del problema, la actividad pandillera dificulta y encarece la gestión económica de cualquier sociedad. Las maras –contracción de “marabuntas”, que en Centroamérica designa a esas organizaciones delictivas– vienen del pobrerío urbano y se dedican a extorsionar a la gente modesta y a los pequeños y medianos negocios.

Le cercenan ingresos y le encarecen sus consumos corrientes a gente humilde, restringen sus actividades y generan inseguridad. Las grandes empresas y las familias adineradas cuentan con medios y servicios de seguridad privada pero, aun así, ello incide sobre su mano de obra y causa inconvenientes y gastos adicionales, puesto que sólo quienes venden esos medios y servicios lucran con ese problema. En otras, el pandillerismo perjudica el desenvolvimiento de cualquier tipo de economía y sociedad.

Aunque también hay maras en Honduras y Guatemala, el caso salvadoreño sobresale por el alto volumen de la población involucrada. Se estima que allí las pandillas tienen más de 60 mil miembros –incluidos unos 13 mil ya encarcelados–, cuantía que al sumarle sus dependientes y asociados sube a más de 250 mil personas.

Pero, como dice una canción antillana, “no hay cama pa’ tanta gente”. El tamaño de la economía y la sociedad salvadoreñas no puede sostener una carga proporcionalmente tan enorme. Corregir esa distorsión se vuelve una responsabilidad de todos.

¿De dónde surgió semejante fenómeno?

Viene de los años –80, cuando los gobiernos del partido ultraderechista Arena adoptaron las recetas neoliberales, descartando las políticas rurales que históricamente habían sostenido y caracterizado al país, lanzándolo sin transición a la economía de servicios. Si poner dinero a plazo fijo pagó hasta el 24% en intereses, no quedó quien aceptara invertir en el agro. Eso causó el desplazamiento de millares de familias campesinas depauperadas hacia las periferias urbanas y a la emigración.

Entre esa población proliferó la delincuencia menor. A su vez, muchos de los jóvenes que emigraron –mayormente a California–, allá formaron parte de bandas, tanto para protegerse en un medio hostil como para darse una identidad.

No pocos delinquieron, purgaron condenas y fueron deportados, retornando al país sin más calificación ni alternativas que ese acervo cultural y delictivo, que pronto contribuyó al salto de la delincuencia menor al poder de las maras, y la ostentación de sus símbolos en las paredes de sus territorios y el tatuaje de sus cuerpos.

A su vez, al recrudecer la lucha entre las pandillas por controlar territorios, se multiplicaron sus enfrentamientos armados que, agregados al asesinato de quienes rechazan las extorsiones, convirtieron al país en el tercero del mundo por su tasa anual de homicidios.

En 2012, el primer gobierno con participación del FMLN consintió negociar con los jefes mareros una tregua que detuviese los choques entre pandillas. Aunque eso redujo la tasa local de homicidios de 14 a “sólo” 5 semanales, lo que deslumbró a ciertos organismos internacionales tuvo dos efectos perversos: primero, que ello en nada mejoró la vida de los ciudadanos comunes, que siguieron siendo igualmente extorsionados.

Y, además, que la tregua facilitó a las maras consolidar sus zonas de dominio territorial, dejó a los jefes pandilleros presos dirigir operaciones desde la cárcel y les dio una equívoca visión de que podían negociar de poder a poder con el Estado, como antaño pudieron lograrlo las organizaciones guerrilleras.

Por consiguiente, el actual gobierno del FMLN, presidido por Salvador Sánchez Cerén, optó por la política de aplicación de la ley, lo que ha vuelto a incrementar las acciones de la policía nacional, ahora respaldada por el ejército.

Ofuscada por dicha equívoca visión, un sector de la Mara Barrio 18 decidió contragolpear al gobierno imponiendo, a fi nes de julio pasado de 2015, un paro forzoso del transporte público, con la amenaza de matar a los conductores de vehículos, nueve de los cuales fueron asesinados.

El paro causó serias molestias a la población y poco después fue controlado por la policía. Acto seguido, esa organización pandillera fue intensamente perseguida y sufrió importantes bajas entre jefes apresados y miembros abatidos, mientras algunos de sus jefes pudieron fugarse a Honduras.

En abril de 2016 el segundo gobierno del FMLN convenció a la oposición política de que el camino que lleva su estrategia contra las pandillas es el correcto, y de forma unánime, la Asamblea Legislativa avaló las medidas especiales para restringir al máximo los derechos de los pandilleros encarcelados.

De manera coincidente, los tres órganos del Estado han doblegado a las compañías telefónicas, que se resistían a bloquear las señales en las cárceles, una medida que significaría un duro golpe contra las extorsiones y para la comunicaciones entre mandos medios y la calle.

El 29 de marzo de ese año, al trasladar a los mandos medios al penal de Quezaltepeque, el gobierno dio un nuevo golpe contundente contra las pandillas, que de manera curiosa respondieron con un cese indefinido a la violencia.

De acuerdo con información policial, a finales de abril de 1017 la Mara Salvatrucha (MS 13), se dividió y comenzó una purga interna entre sus cabecillas por la administración de millones de dólares que recibió la pandilla durante la oculta tregua pactada con el gobierno del anterior presidente Mauricio Funes, quien en 2016 recibió asilo político en Nicaragua tras ser investigado en su país por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Ya en 2005, los rivales de la MS 13, Barrio 18, cuyo nombre responde al número de la bestia (6+6+6) se dividió en dos facciones: Revolucionarios y Sureños.

La MS 13 ordenó no sólo de matar a los miembros de la facción disidente, también a los familiares de todos aquellos que se posicionen frente a la dirección nacional (Ranfla). Eso es un cambio en el supuesto “código de honor” de las pandillas que dicta que los familiares quedan fuera de las guerras internas.

Algunos dirigentes del FMLN sostienen que la extrema derecha solivianta a las maras para incrementar un clima de inseguridad y violencia que desacredite al gobierno, como parte de su estrategia de “golpe blando” contra el gobierno. La actitud de la derecha en la Corte Constitucional, donde bloquea toda iniciativa económica gubernamental, en el Parlamento y en sus medios de comunicación es consistente con esa opinión.

La reducción del campo de actividades de las maras, del número de miembros que ellas pueden reclutar y movilizar y de su disponibilidad de armas, se traducirá en una disminución de sus delitos y víctimas.


Trump y las maras

El supuesto de que Estados Unidos incrementó la deportación de pandilleros de origen salvadoreño para desestabilizar al gobierno, parece carecer de bases.  Según datos oficiales, las mayores deportaciones de mareros ocurrieron en los años ’90 y actualmente ellos son expulsados a medida que cumplen sus condenas. Lo que faltaba era un sistema salvadoreño de reinserción de los retornados, que ahora es preciso financiar.

 El poder de la MS 13, con muchos de sus cabecillas enriquecidos controlando negocios como discotecas, hoteles o gasolineras, se extiende desde Centroamérica a Estados Unidos. Justamente el pasado 18 de abril el propio presidente de EEUU, Donald Trump, hacía referencia en uno de sus famosos ‘tweet’ a ellos diciendo “las débiles políticas migratorias de la Administración Obama permitieron a pandillas maras como la MS 13 formarse en ciudades a través de EEUU. ¡Las estamos removiendo rápidamente!”.

Unos días después, el 23 de abril, publicaba otro tweet en el que ponía como ejemplo a la MS 13 para levantar su famoso muro: “Los Demócratas no quieren dinero del presupuesto vaya al muro a pesar de que eso parará las drogas y a los malos miembros de la MS13”.

No decía nada Trump de que las maras se crearon, crecieron y se hicieron fuertes en los barrios de Los Ángeles y desde ahí dieron el salto a toda Centroamérica y no viceversa.

Viudas de negro y la explotación sexual

El plan se pone en marcha cuando el novio y la novia dicen “Sí, acepto”. Es el día de su boda y nunca antes se han visto. Ella está ahí, vestida de blanco, para que los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) no la maten; él, porque cree que se casará con una ciudadana de los Estados Unidos para emigrar a aquel país de manera legal.

Días después del matrimonio, la novia volverá a una casa en la que otras salvadoreñas como ella sufren de explotación sexual, y bajo amenazas de muerte son obligadas por pandilleros a formar parte de una inusual estructura criminal. El novio, en cambio, morirá. Esta nueva estructura criminal de las pandillas, las “viudas de negro”, es demostración de la diversificación de sus actividades delictivas.

“Era una operación bien sofisticada, bien planificada”, dijo Violeta Olivares, jefa de la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía General de la República, a la prensa. Aunque El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, la noticia cobra aún más relevancia porque, según Olivares, ésta es la primera vez que el Gobierno detecta que las pandillas operan bajo la modalidad de trata de personas con matrimonios forzados.

En el país operan tres grandes pandillas —Barrio 18 Revolucionarios, Barrio 18 Sureños y la Mara Salvatrucha (MS-13)—, pero las autoridades han precisado que sólo esta última es responsable de las “viudas de negro”.

Los integrantes de las maras salvadoreñas tatúan sus cuerpos como señal indentificatoria

Los detalles de la operación llegaron a oídos de la Justicia gracias a las declaraciones de una de las víctimas, que logró escapar y que la fiscalía tiene bajo su cuidado. Según explica el organismo, Mónica —nombre falso que le asignaron para protegerla mientras dure la investigación— detalló que una mujer llamada Esmeralda Aravel Flores Acosta —actualmente prófuga— la contrató para realizar oficios domésticos, pero al llegar a la casa en la que trabajaría comprendió que se trataba de una propiedad de la Mara Salvatrucha.

Descubierto el engaño, a Mónica no le quedó más que obedecer. “Vas a tener que estar aquí, te guste o no te guste, y te casarás con un desconocido al que le dirás que tienes la ciudadanía estadounidense”. Luego siguió la boda: la vistieron de blanco, la llevaron hasta la alcaldía de un municipio al occidente del país y ahí se encontró con su futuro marido.

La Mara Salvatrucha ordenó a Mónica que se casara con Melvin Reyes, un hombre al que le prometieron que tras el matrimonio podría emigrar legalmente a los Estados Unidos. Los investigadores ignoran cuánto suele pagar una víctima como Melvin por un supuesto enlace con una ciudadana estadounidense, pero sí saben que los hombres son timados para que compren un seguro de vida y argumentan que es un requisito de las autoridades migratorias para comprobar un compromiso de vida entre los esposos y una garantía económica para la mujer.

Anexo:

El genocidio entre 1979 y 1992 dejó 75 mil muertos

Al menos unas 75.000 personas perdieron la vida en la guerra civil que sufrió El Salvador entre 1979 y 1992. Se estima que hasta un 80% de las víctimas eran civiles. Muchos de ellos fueron asesinados en hechos que han pasado a considerarse como “crímenes de guerra” y fueron investigados en el informe de la Comisión de la Verdad de 1993.

Masacres contra población civil:

  • 14 de mayo de 1980: Soldados de la Guardia Nacional asesinan a aproximadamente 300 campesinos en las orillas del Río Sumpul en Chalatenango. ​
  • 10-11 de diciembre de 1981: El batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador masacró a más de 1000 campesinos en los cantones El Mozote, Los Toriles y La Joya del departamento de Morazán, en lo que ha pasado a conocerse como “Masacre de El Mozote” y ha sido considerado el crimen más grave de la guerra por su número de víctimas.2​3​4​
  • Crímenes de guerra cometidos por el Ejército (los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata ((BIRI)) y fuerzas combinadas, grupos paramilitares conocidos como los escuadrones de la muerte.
  • Ejecución selectiva. San José Las Flores, Chalatenango: 10 Jóvenes. Responsable la Policía de Hacienda. (marzo de 1979)
  • Masacres: San Salvador: 86 y 29 Civiles masacrados. Responsable Escuadrones de la muerte. (29 y 31 de octubre de 1979).
  • Masacre de Piedras Coloradas, Victoria, Cabañas. Responsable Batallón Atlacatl (17 y 18 de marzo de 1981)
  • Ejecución selectiva. San Francisco Guajoyo, Santa Ana: 12 Civiles. Responsable Escuadrones de la muerte. (29 de mayo de 1980)
  • Ejecución sumaria. San Pablo Tacachico, La Libertad: 31 Asesinados por Guardia Nacional. (9 de julio de 1980)
  • Ejecución selectiva. Tonacatepeque, San Salvador: 7 civiles. Responsable Escuadrones de la muerte. (25 de febrero de 1981).
  • Masacre. Guazapa, San Salvador: 34 Civiles Ejecutados por Policía de Hacienda. (8 de julio de 1981)
  • Ejecución selectiva. Armenia, Sonsonate: 27. 4 Lanzados en pozo y resto en riveras Río Talnique. (30 de julio de 1981)
  • Exterminio total de población civil, Cantón El Junquillo, Morazán. Cientos muertos. (12 de marzo de 1981)
  • Ejecución selectiva de 35 Civiles en suburbios de San Salvador. (19 y 22 de enero de 1982)
  • Masacre con morteros en “El Alto”, Chalatenango: 57 Civiles. (2 de febrero de 1982)
  • Masacre. Cantón “El Calabozo”, San Vicente: Más de 200 hombres, mujeres y niños. (22 de agosto de 1982)
  • Bombardeo. Cerros de San Pedro, San Vicente: 300 Civiles muertos. (24 de agosto de 1982)
  • Ejecución sumaria. Cantón “Las Hojas”, Sonsonate: 74 indígenas. (22 de febrero de 1983)
  • Bombardeo aéreo. Tenancingo, Cuzcatlán: 150 Civiles muertos. (1 de marzo de 1983) – Masacre de Tenango y Guadalupe
  • Bombardeo aéreo. Tenancingo, Cuzcatlán: 50 Civiles muertos. (25 de septiembre de 1983)
  • Masacre. Cantón “Copapayo”, Cuzcatlán: 118 Ejecutados. (4 de noviembre de 1983)
  • Masacre con morteros y bombardeo. Cantón “Las Piletas”, San Vicente: 25 Civiles. (9 de abril de 1984).
  • Masacre con morteros. “Los Llanitos”, Cabañas: 68 Muertos. (18 de julio de 1984)
  • Masacre. San Francisco Etxeberría, Tejutepeque, Cabañas: Más de 200 Muertos, en su mayoría mujeres y niños (18 de julio de 1984)
  • Masacre. La Carrasca, Tejutepeque, Cabañas: Más de 50 muertos. (19 de julio de 1984)
  • Masacre. Río Hualsinga, Chalatenango: 34 Ejecutados. (28 de agosto de 1984)
  • Masacre. Faldas Volcán Guazapa, Cuscatlán: 17 Ejecutados. (7 de junio de 1985)
  • Operación “Fénix” de la Fuerza Armada: 245 mujeres, niños y ancianos muertos en bombardeos y 1,045 desplazados a “Calle Real”, Volcán Guazapa. (10 de enero-febrero de 1986)
  • Masacre. Cantón “San Francisco”, en San Sebastian, departamento de San Vicente; por efectivos de la Quinta Brigada de la Fuerza Armanda: 10 Ejecutados. (21 de septiembre de 1986)
  • Masacre en la Colonia Las Delicias en Ciudad Delgado. Ejecución sumaria de 7 personas por la Policía de Hacienda (1981)
  • Masacre. La Quesera, Usulután.Operación de la Fuerza Armada. Matanza de 500 personas civiles. (21 a 30 de octubre de 1981)

 

Políticos y activistas sociales

 

  • 27 de noviembre de 1980: Los principales dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, (coalición que agrupaba a las fuerzas políticas de izquierda), Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Manuel Franco Humberto Mendoza, y Enrique Barrera fueron secuestrados en San Salvador y asesinados por un escuadrón de la muerte denominado Brígada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez.
  • 24 de septiembre de 1982: El socorrista voluntario de Cruz Verde Salvadoreña Manuel de Jesus Jovel Mejia y su esposa Juana Merino Rivas son torturados y asesinados por un escuadrón de la muerte en la ciudad de Cuscatancingo en San Salvador. Manuel Jovel vestía el uniforme de la Cruz Verde y realizaba labores humanitarias en el momento de ser asesinado por los miembros del escuadrón de la muerte.
  • 26 de octubre de 1987: Un escuadrón de la muerte asesina a Herberth Anaya Sanabria, activista por la defensa de los derechos humanos, en la Colonia Zacamil de San Salvador.
  • Junio de 1989: Es asesinado, José Antonio Rodríguez Porth, ministro de la Presidencia del gobierno de Alfredo Cristiani. De nuevo, este hecho fue atribuido a un comando urbano del FMLN.
  • 31 de octubre de 1989: En la madrugada del 31 de octubre de 1989, se colocó una bomba en la entrada al local del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero (Comadres) en San Salvador. Cuatro personas resultaron heridas. Al mediodía, se colocó una bomba en el local de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (Fenastras) en San Salvador con nueve muertos, entre ellos la dirigente sindical Febe Elizabeth Velásquez. El hecho fue atribuido a la acción de un escuadrón de la muerte.

Religiosos

En el conflicto perdieron la vida, varios sacerdotes y monjas de la Iglesia Católica:

  • -12 de marzo de 1977: El sacerdote jesuita Rutilio Grande, párroco de Aguilares, es asesinado en la carretera a El Paisnal junto con dos campesinos. El hecho fue atribuido a un escuadrón de la muerte. El arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, condenó el crimen y convocó a una misa única que se celebró el 20 de marzo de 1977, en la Plaza Barrios de San Salvador, como protesta ante el asesinato del jesuita.
  • 11 de mayo de 1977: El sacerdote Alfonso Navarro Oviedo, párroco de la Colonia Miramonte de San Salvador es asesinado en su iglesia parroquial, junto a un muchacho que colaboraba como sacristán. La organización ultraderechista Unión Guerrera Blanca, se atribuyó la autoría del crimen.
  • 28 de noviembre de 1978: El sacerdote Ernesto Barrera Motto, que realizaba labores de pastoral obrera en Ciudad Delgado fue asesinado en San Salvador por la Guardia Nacional. El gobierno lo acusó de pertenecer a las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL) y de haber muerto en combate contra los cuerpos de seguridad.
  • 20 de enero de 1979: El sacerdote Octavio Ortiz fue asesinado en una casa de retiros en San Antonio Abad, San Salvador por la Guardia Nacional junto a 4 jóvenes, aspirantes al sacerdocio.
  • 20 de junio de 1979: El sacerdote Rafael Palacios fue asesinado en Santa Tecla, luego de haber recibido amenazas de muerte del grupo ultraderechista Unión Guerrera Blanca.
  • 4 de agosto de 1979: El sacerdote Alirio Napoléon Macías fue asesinado en la sacristía del templo parroquial de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente. El hecho fue atribuido a un escuadrón de la muerte.
  • 24 de marzo de 1980: El arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado mientras celebraba misa en la capilla del Hospital “Divina Providencia”. El hecho fue investigado por la Comisión de la Verdad que señalo como autores intelectuales del crimen a los ex militares Roberto d’Aubuisson y Álvaro Saravia.7​
  • 2 de diciembre de 1980: Las religiosas norteamericanas Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan, son violadas y asesinadas por soldados de la Guardia Nacional tras salir del Aeropuerto Internacional de San Salvador. El hecho fue investigado por la Comisión de la Verdad en su informe de 1993.8​9​
  • 14 de marzo de 1983: Marianella García Villas: Fue asesinada durante su último viaje a Suchitoto donde intentaba documentar el uso de fósforo y napalm contra civiles por medio de las fuerzas Armadas del gobierno, en las zonas controladas por la guerrilla. El plan era presentar la documentación en la reunión anual de derechos humanos de la ONU en Ginebra.
  • Marzo de 1989: Es asesinado por comandos urbanos del FMLN Francisco Peccorini Letona, columnista de El Diario de Hoy. Este hecho fue atribuido a un comando urbano del FMLN y corroborado en el informe de la Comisión de la Verdad
  • 5 de abril de 1989: María Cristina Gómez, impulsora del Movimento Ecuménico en El Salvador, del sindicato de maestras ANDES 21 de Junio y de la CONAMUS (Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña) fue secuestrada el 5 de abril de 1989 y asesinada una hora después.
  • 16 de noviembre de 1989: Los sacerdotes jesuitas españoles, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno junto con el jesuita salvadoreño Joaquín López y López y las domésticas salvadoreñas, Elba y Celina Ramos que trabajaban con ellos, son masacrados por un escuadrón del Batallón Atlacatl de la la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.Fuerza Armada de El Salvador dentro del campus universitario.

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