El gobierno chileno ofrece el 10% de escaños en el Congreso a pueblos originarios

“Que la Constitución establezca que la representación política de pueblos indígenas se materializará en el Congreso Nacional, a través del 10% de escaños reservados, asegurando (además)paridad de género”.

El texto corresponde al séptimo punto de la segunda propuesta que el gobierno presentó ayer a los delegados que participan de la Consulta Constituyente Indígena. El resultado de estas negociaciones será incorporado en el proyecto de reforma constitucional que La Moneda pretende presentar antes de que termine 2017.

De acuerdo al sistema electoral proporcional, que regirá al Congreso a partir del 10 de marzo de 2018, con esta medida los pueblos originarios aspirarían a contar con 15 o 16 diputados de los 155 que compondrán la Cámara Baja. Mientras en el Senado, su participación alcanzaría a cinco.

Para Marcial Colín, consejero y delegado mapuche, la propuesta del gobierno avanza hacia “la no discriminación, en la posibilidad de ser parte de los espacios de decisiones a nivel nacional”.

En cuanto al porcentaje de escaños, consideró “equitativo que en el Congreso se represente el porcentaje de la población indígena”.

Rafael Tuki, consejero rapa nui, dijo que la propuesta “significa un avance, al asegurar la representación de cada pueblo”.

La última proposición del gobierno también cedió en la petición indígena de reconocer en la Constitución la autodeterminación de los pueblos. El concepto es uno de los pilares del petitorio de los delegados, junto a la declaración de plurinacionalidad y la definición de territorios ancestrales.

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco jurídico del Estado. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”, considera la propuesta del Ejecutivo.

Según Colín, esto significa un paso importante en la negociación, aunque advirtió la necesidad de que lo acordado en la consulta “sea vinculante”.

“Cualquier mecanismo para establecer una nueva Constitución debe respetar lo que se logre en la consulta”, señaló, en relación al paso por el Parlamento que tendrá el proyecto de reforma constitucional una vez que sea presentado por la Presidenta Michelle Bachelet.

Pese a valorar este punto, para Rafael Tuki la dependencia de la libre determinación al “marco jurídico del Estado” es una piedra de tope para llegar a acuerdo.

“La libre determinación estaría acotada a la legislación del Estado, pero hay un estándar internacional y eso no se puede bajar”, indicó el delegado isleño, en relación a lo dispuesto por los convenios internacionales que Chile ha firmado.

Pese a los avances en la discusión, la falta de acuerdo respecto de declarar a Chile un Estado plurinacional derivó en la recomendación de la ONU, ente que es garante, a extender la consulta, que originalmente culminaba ayer. La decisión fue aceptada y la instancia continuará hoy.

La Tercera