La CIDH repudia el homicidio de campesinos en Colombia y el presidente Santos reúne a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

Contexto Nodal
El 5 de octubre campesinos que protestaban por la erradicación forzada de los cultivos ilícitos de coca en Tumaco, departamento de Nariño (sureste colombiano), fueron atacados por fuerzas de seguridad. El gobierno sostiene que murieron seis campesinos pero los pobladores aseguran que son al menos nueve. En tanto, el domingo 8, una comisión humanitaria de la ONU y la OEA que se dirigía a la zona también fue atacada por las fuerzas policiales.

CIDH repudia el homicidio de campesinos en Colombia y de un líder comunitario y el ataque a la misión humanitaria y a periodistas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia la muerte violenta de al menos 7 campesinos, incluyendo dos miembros del pueblo indígena Awá, en el municipio de Tumaco, en Colombia. La CIDH urge a las autoridades colombianas a adoptar medidas urgentes para investigar de manera exhaustiva estos hechos y garantizar la seguridad e integridad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Asimismo, la CIDH condena el ataque ocurrido tres días después contra una misión humanitaria, periodistas y miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y Policía Antinarcóticos.

La información disponible indica que el ataque contra los campesinos se produjo el 5 de octubre de 2017, en el marco de una movilización campesina en contra de la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y en reclamo por el incumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz y del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) acordado con el Estado. Como resultado al menos 7 campesinos murieron y otras 20 personas resultaron heridas.

El Ejército y la Policía Nacional señalaron que las indagaciones preliminares apuntaron a que un grupo residual de las FARC, ex columna Daniel Aldana, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y que luego atacaron con fusiles y ametralladoras a manifestantes y a autoridades. No obstante, la CIDH expresa su grave preocupación respecto a la información aportada por habitantes de la región, según la cual miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de estos hechos.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2017, una comisión humanitaria se trasladó a la zona para verificar los hechos, encabezada por el Vice-defensor del Pueblo y el Director del Sistema de Alertas Tempranas. Testigos aseguraron que los miembros de la delegación fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía Antinarcóticos.

En este mismo sentido, el Defensor del Pueblo señaló que los testimonios recogidos en la zona de los hechos permiten inferir la presunta participación de funcionarios de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas, y recomendó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación y a la Procuraduría General de la Nación determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre constituyen falta disciplinaria. La CIDH toma nota que la Procuraduría designó al Procurador Delegado de Derechos Humanos para que asuma la investigación integral de los hechos; y que la Inspección General de la Policía Nacional procedió a aplicar la medida de suspensión disciplinaria a cuatro policías que presuntamente accionaron sus armas de fuego.

La Comisión Interamericana expresa su consternación y condena al ataque contra la misión humanitaria y los periodistas. La misión humanitaria estaba integrada por personas de la Gobernación de Nariño, Personería de Tumaco, Diócesis de Tumaco, Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Misión de Verificación de la ONU y MAPP-OEA. Acompañaban a esta misión periodistas realizando su labor. De acuerdo a lo señalado por miembros de la misión humanitaria, se realizaron todas las comunicaciones pertinentes para dirigirse al lugar. En medio del recorrido la delegación fue atacada por miembros del ESMAD y Policía Antinarcóticos con varias bombas de aturdimiento pese a que los integrantes de la misión intentaron identificarse. Los testigos informaron que durante el ataque también se escucharon disparos y fue utilizado algún tipo de gas.

La CIDH nota que el Vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, manifestó que hubo un comportamiento irregular de la Policía frente a la misión y pidió explicaciones a la Policía Nacional al respecto. Asimismo, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, rechazó la agresión y manifestó que espera garantías por parte del gobierno para que la investigación se adelante. La CIDH toma nota que la Policía Nacional ofreció excusas públicas a los integrantes de la misión y reiteró su disposición de colaborar con la investigación respectiva. La CIDH observa asimismo que Jhon Jair Cortés, líder comunitario perteneciente a una de las comunidades que denunció el ataque ocurrido, fue asesinado el 17 de octubre. Jhon Jair Cortés era miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y trabajaba para visibilizar la situación de emergencia humanitaria y violencia que campesinos de la comunidad afro e indígena viven en la zona rural de Tumaco. Según información de público conocimiento, había recibido amenazas, y así como los otros 18 miembros de la Junta, estaba bajo protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La Comisión insta al Estado de Colombia a investigar con debida diligencia y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables con el fin de evitar que estos lamentables hechos se repitan. Asimismo, llama al Estado a garantizar una atención médica integral a las personas heridas. Además, el Estado debe adoptar medidas urgentes a fin de garantizar la seguridad e integridad de los miembros de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. El Estado debe también garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

CIDH


Asesinato de Jair: el riesgo persiste

La junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera no quiere saber de medios de comunicación. Agradecen la preocupación, pero no hablan. Están dedicados a ultimar los detalles del entierro de su compañero Jair Cortés, asesinado el pasado 17 de octubre en la vereda Restrepo, en Tumaco (Nariño).

A finales de septiembre de este año la junta en pleno (15 personas) y tres líderes de negritudes se desplazaron hacia el casco urbano de Tumaco. Habían salido del consejo comunitario tras amenazas proferidas por grupos ilegales que operan en la zona rural del municipio.Las intimidaciones llegaron tras oponerse a la pretensión de los armados de obligar a las comunidades negras, campesinas e indígenas que habitan en la región a protestar contra la erradicación forzada. El problema no es menor, ese municipio nariñense es el que más sembradíos de coca tiene: 23.148 hectáreas, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Las denuncias vienen de tiempo atrás, en un consejo de seguridad de la Gobernación de Nariño se habló de las presiones de los armados y por eso salieron del territorio. En un comunicado del 5 de octubre, horas después de la masacre que acabó con la vida de siete campesinos en la vereda El Tandil, la junta de gobierno reiteró: “Durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armadoshacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la Fuerza Pública que realiza labores de erradicación forzosa”.

“Nosotros creemos que todo tiene que ver con eso”, enfatiza Celimo Cortés, representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que aglutina a 16 de estos. Por “esto” se refiere a la sustitución de coca que el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera está impulsando desde septiembre del año pasado. El fin de semana pasado, incluyendo Jair Cortés, estaban reunidos con los funcionarios del Gobierno hablando de la sustitución de cultivos de uso ilícito.

“El mensaje fue claro: a los dirigentes comunitarios que no se opongan a la erradicación y que promuevan la sustitución serán víctimas de hechos violentos”, concuerda Hárold Ruiz, asesor de Paz y coordinador del Equipo de Acompañamiento a la Sustitución de la Gobernación de Nariño.

La amenaza se extiende a otras comunidades. Por ejemplo, la guardia indígena del pueblo awá también ha contrariado a la disidencia de las Farc cuando han pretendido obligarlos a manifestarse. El riesgo se agrava teniendo en cuenta que en varios sectores, a orillas del río Mira, la disidencia ejerce control territorial.

Era el caso de la zona en la que Jair Cortés ejercía liderazgo. Él había sido elegido como representante de la zona 4 del consejo comunitario, y allí impulsaba la sustitución voluntaria. En ese punto del resguardo hacen presencia los hombres comandados por Cachi, quien, se dice, sería un subalterno de Guacho, señalado disidente de la guerrilla.

Sin embargo, no son los únicos actores armados en el territorio. En el área rural de Tumaco también tienen presencia estructuras armadas del clan del Golfo, al mando de Contador, y un satélite del cartel de Sinaloa,comandado por David. Ambos grupos se oponen a los procesos de sustitución voluntaria. Además, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo ayer, en el que señala el surgimiento de un nuevo grupo denominado Guerrillas Campesinas del Norte, que según el documento se opone a la sustitución y opera en las cuencas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje.

La protección de los líderes es una preocupación en Nariño. Ítalo Pantoja, subsecretario de Gobierno de la Gobernación, se queja de que“la Unidad Nacional de Protección (UNP) se demora muchísimo en sacar los estudios de riesgo”. El viernes 13 de octubre Jair Cortés había salido a visitar a su esposa, quien se encontraba enferma. Llevaba un chaleco antibalas y un celular que le había asignado la UNP.

La tierra: un conflicto vivo

Las Farc, tras la aplicación del Plan Colombia por parte de la Fuerza Pública en Huila, Putumayo y Caquetá, llevaron colonos a poblar territorios del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Así lo reconoció la exguerrilla cuando quedó estipulado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz que devolverían tierras en las cuales impulsaron el proceso de colonización.

Por lo anterior, las tensiones entre campesinos y negros son fuertes, tanto que cuatro fuentes que conocen la zona (entre quienes se encuentran funcionarios de la Gobernación y afrodescendientes) afirman que esas diferencias pueden ser la causa del asesinato de Cortés. Recuerdan el asesinato de Genaro García, líder de Alto Mira y Frontera, el 3 de agosto de 2015 a manos de integrantes de las Farc.

La Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) es la organización con la cual el consejo comunitario ha tenido diferencias más fuertes en los últimos tiempos. Incluso, la señalan de ser la base política de las Farc.

“Rechazamos este tipo de agresiones contra los líderes. Ya hubo un caso con Genaro (García)”, enfatiza Diana Montilla, encargada de derechos humanos de Asominuma. Sin embargo, sobre la solución al tema de tierras hay dos versiones. Por un lado, Montilla asegura: “Hemos avanzado en el tema con el consejo comunitario”. Mientras que Celimo Cortés, de Recompas, dice que “no hay un clima de diálogo con ellos”, y complementa diciendo que en las mesas de concertación “no pasa nada”.

El desencanto con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se acentúa. No es para menos, en territorios donde se instalará la circunscripción especial número 10, acordada en La Habana, se han producido cinco homicidios de líderes. La desconfianza con el Estado llega al punto que personas de la región piensan que les quieren quitar la tierra para implementar parte del Acuerdo: “¿En dónde piensa que van a desarrollar los proyectos de la paz?”, preguntó un líder.

Los tres problemas que aquejan al consejo comunitario: los grupos armados, la coca y la tierra no se han resuelto. Mientras tanto, los campesinos, los awás y los negros siguen en la mitad.

Seis muertos en enfrentamientos entre disidencias y bacrim

Aún no hay nada claro sobre el presunto enfrentamiento entre un grupo armado organizado y disidencias de las antiguas Farc ocurrido en la vereda San José de Tapaje, del municipio de El Charco (Nariño), en donde murieron seis personas que habrían pertenecido a esa guerrilla.

Algunas versiones indican que el encuentro armado fue entre hombres a cargo de “Cachi” y “Guacho”, este último disidente de la columna Daniel Aldana, de las Farc, fue por el control de una de las rutas del narcotráfico que atraviesa la región; sin embargo, la información es tan dispersa, que no se tiene exactitud siquiera sobre la fecha en la que ocurrieron los hechos.

Incluso, la misma Gobernación de Nariño dice manejar información similar a la que se ha publicado en los medios de comunicación y señala que se encuentra a la espera de que una comisión pueda ingresar a la zona, de difícil acceso, para determinar qué sucedió en realidad.

Por su parte, una comunicación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán, de Nariño, condenó la muerte de seis de sus antiguos compañeros, a quienes identificaron como Alexis Estupiñán, Kevin González, Carlos “Pescadito” Perea, Júnior Velásquez, Bruno Suárez y Johan, de quien, dijeron, no pudieron establecer el nombre verdadero.

Colombia2020

Presidente de la República convocó para este jueves la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

El Presidente Juan Manuel Santos convocó para este jueves una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada a comienzos de este año en desarrollo del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y las Farc.

La reunión se llevará a cabo en la Casa de Nariño a partir de las 3:00 pm para analizar los hechos que han afectado la seguridad de líderes sociales.

Por medio del Decreto Ley 154 del 3 de febrero pasado se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc el 24 de noviembre de 2016.

Su objeto es “el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”.

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad está integrada por el Presidente de la República, quien la preside, los ministros del Interior, Defensa y Justicia; el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nación, el Comandante las Fuerzas Militares, el Director General la Policía Nacional, tres expertos reconocidos en la materia y dos delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.

Presidencia Colombia 


Denuncian amenazas contra 47 líderes sociales en el litoral nariñense

El representante legal de la Red de Consejos Comunitarios de Tumaco (Recompás), Celimo Cortés, señaló que 47 líderes sociales de la región, en inmediaciones al puerto nariñense, habrían recibido amenazas de grupos armados desconocidos: los habrían declarado “enemigos de la coca”.

Cortés sostuvo que con el asesinato de José Jair Cortés, el pasado martes, en la vereda Restrepo, de Tumaco ,“es claro que hay grupos que están hablando en serio”, sobre cometer acciones contra quienes estén en contra de los cultivos ilícitos, o no se sometan a presiones para evitar la erradicación por parte de las autoridades.

A Recompás pertenecen 16 consejos comunitarios de Tumaco, entre ellos Alto Mira y Frontera, donde el pasado 5 de octubre se registró la muerte de siete campesinos que se oponían a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en el territorio.

Entre tanto, el secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Jaime Eduardo Nastacuas, confirmó el asesinato de dos nativos, pero aclaró que no pertenecen a alguno de los resguardos de esta zona.

Los hechos se registraron el pasado lunes, a las 7:30 de la mañana, en el kilómetro 85 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto.

“Lo que sabemos es que ellos no estaban dentro del censo”, afirmó Nastacuas, quien además, dijo que los dos hombres habían sido amenazados desde hace más de un año por desconocidos.

Una de las víctimas fue identificada como Yovany Guanga Zabala, pero el nombre del otro sujeto aún no se ha podido establecer.

En este caso, la Policía tampoco ha precisado los móviles de los homicidios.

El Tiempo