Experto de la ONU elogia políticas de Cuba frente al cambio climático

El gobierno de Cuba ha apostado por un enfoque de adaptación basado en ecosistemas, para hacer frente a los riesgos climáticos y disminuir las vulnerabilidades costeras, aseguró en La Habana un experto de la Organización de Naciones Unidas. Los casos antes descritos constituyen alternativas viables en el contexto socioeconómico cubano, subrayó Heraldo Muñoz, Subsecretario General de Naciones Unidas y Director regional para América Latina y el Caribe del Programa de ONU para el Desarrollo (PNUD).

 

Su valor principal reside en la combinación de experiencias para incrementar la resiliencia de los ecosistemas con vistas a preservar su funcionalidad, añade el especialista chileno en un extenso artículo publicado en el número 73 de la revista cubana Temas.

Además, por la implementación de soluciones naturales, y el demostrado costo-efectividad para responder a las amenazas del cambio climático.

El experto sostiene que elementos esenciales para el éxito de este enfoque han sido la voluntad política del gobierno de la Isla, y la capacidad de sus instituciones, junto al acompañamiento de los diversos actores internacionales que lo han apoyado.

Temas dedicó su dossier monográfico al cambio climático, como resultado de un taller que, coauspiciado por el PNUD, reunió en La Habana a climatólogos, profesionales de salud pública, relaciones internacionales, oceanólogos, economistas, geógrafos y sociólogos, de varios países de América Latina y el Caribe.

En Cuba, una alianza estratégica de más de 20 años entre el gobierno, el PNUD, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y otros organismos internacionales, ha conseguido relevantes logros, continúa Muñoz.

Cita entre ellos la consolidación de áreas protegidas que abarcan sus ecosistemas más importantes, y el fortalecimiento de capacidades institucionales, científicas y técnicas que facilitan la toma de decisiones para incrementar la resiliencia del entorno.

También menciona la actualización del marco regulatorio dirigido a armonizar las consideraciones ambientales con los programas de desarrollo económico y social.

Hace alusión a la incorporación de una amplia variedad de actores de los principales sectores productivos del país, los gobiernos locales y las comunidades para disminuir las presiones de las actividades productivas sobre los ecosistemas.

Señala además, la reducción de la vulnerabilidad a través de soluciones naturales, con el objetivo de responder a las nuevas amenazas del cambio climático.

 

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