Triunfo y temor – Periódico El Nacional, República Dominicana

El siguiente editorial responde exclusivamente a la visión de este medio

 

El criterio casi unánime es que de las negociaciones entre Gobierno y Barrick Gold para la explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo ha resultado  un contrato modélico muy ventajoso para el Estado que revirtió otro estatuto oneroso, sin dañar el imprescindible clima de seguridad jurídica para la inversión extranjera.

Se afirma que como consecuencia de esa revisión, el Estado obtendría ingresos por unos once mil 600 millones de dólares durante el tiempo útil de la operación minera y US$2,200 millones durante los próximos tres años, si se toma como referencia un precio promedio del mil 600 dólares la onza de oro.

Un logro significativo ha sido que el pago del impuesto de Participación en las Utilidades Netas (PUN), que sería efectivo a partir del 2019, entrara en vigencia de inmediato, lo que supone ingresos por US$1,283 millones, además de que la tasa de depreciación se redujo de un 40% a un 15%.

Otro aspecto importante en esa renegociación ha sido la extensión del plazo para que los accionistas de Barrick concluyan la recuperación de su inversión, que en vez de 2016 será en el año 2026, además de reducir la tasa de interés que se pagan por los préstamos de filiales de la multinacional, que generaría un ahorro de 907 millones de dólares.

Sin importar las razones económicas o políticas que signaron el contrato con Barrick Gold de 2008, después que esa empresa adquirió los derechos de operación de la mina de su adjudicataria inicial Place Dome, y que ha sido definido como perjudicial para los intereses del Estado, debe resaltarse que la renegociación encaminada por las actuales autoridades ha tenido un resultado auspicioso.

A pesar de la promesa del Gobierno, de que los recursos que ingresen por vía de ese contrato serían destinados a “la inversión social”, prevalece el angustioso temor de que circunstancias apremiantes obliguen a tirar esos centenares de millones de dólares por el saco roto del subsector eléctrico que cada año se traga más de US$1,300 millones en trasferencias presupuestales para conjurar déficits.

No se duda de la promesa oficial de que los recursos generados por la explotación de la mina de Pueblo Viejo irían a la inversión social, pero debería recordarse que tal compromiso también se suscribió con relación a los ingresos por el Acuerdo Petrocaribe, pero más de tres mil millones de dólares por crédito en importación de petróleo han ido a parar en su totalidad a las arcas de las generadoras eléctricas.

A la par con la buena nueva de la renegociación del contrato con Barrick Gold, el Gobierno debería jurar ante el país que esos recursos serán usados exclusivamente en favor del desarrollo y de la equidad social, sin dirigir ni un chele hacia la maldición del sector eléctrico, ni aun en el caso de que la tierra se divida en dos.

http://www.elnacional.com.do/editorial/2013/9/9/172045/Triunfoy-temor