Cambios en democracia – por Pedro Brieger

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Venezuela: Pedro Brieger, director de NODAL, polemiza con Aram Aharonian

La detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, plantea numerosos interrogantes para los gobiernos progresistas –en el más amplio sentido de la palabra- de la región. Todos estos gobiernos se enfrentan a poderosos actores políticos, empresariales y mediáticos que buscan minar su poder y contribuir a su derrota.

En el caso venezolano, Aram Aharonian nos recuerda en NODAL (https://www.nodal.am/2015/02/venezuela-decimocuarto-ano-de-golpe-continuo-por-aram-aharonian/) que Venezuela vive su “decimocuarto año de golpe continuo”. En su artículo se pregunta “¿qué hay que hacer con los que atentan contra la democracia?”, y –si bien- claramente descarta de plano –y con razón- las desapariciones o los encarcelamientos de Guantánamo, tampoco encuentra una respuesta a dicha pregunta.

El paradigma revolucionario heredado de la revolución francesa que se implementó en el siglo XX no contemplaba numerosos derechos democráticos para los opositores, más bien los cercenaba. Este paradigma, en América Latina y el Caribe se transformó con la revolución sandinista de 1979. En clara diferenciación con todas las experiencias anteriores, incluso la cubana, los partidos y medios de comunicación opositores no fueron silenciados y hubo una combinación de la llamada “democracia burguesa” parlamentaria y el “poder popular” surgido de la toma revolucionaria del poder.

Los sandinistas no pudieron desarrollar su experiencia justamente por el sabotaje opositor y la formación de la “contra” que incluyó a numerosos miembros de la antigua Guardia Nacional somocista con aporte financiero y militar del gobierno de Ronald Reagan. En 1989, en nuestro libro “Adónde va Nicaragua” nos preguntábamos “¿Pero qué hacer frente a los partidos políticos que agitaran por el derrocamiento del sandinismo?”. La respuesta del sandinismo fue la de seguir apostando a la pluralidad política y permitir su actividad incluso durante los peores períodos de una guerra que los fue desgastando. En 1990 fueron derrotados en las urnas por una coalición opositora (Unión Nacional Opositora-UNO) y entregaron el poder.

Mucho ha cambiado en América Latina y el Caribe, y aunque los periodistas del diario El País de España insistan en que el gobierno de Nicolás Maduro “sigue empeñado en reproducir la experiencia comunista del siglo XX” (23.02.15), cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual sabe que esto no es así y que el chavismo está muy lejos de emular la experiencia soviética o cubana. Hay dos elementos centrales que lo diferencian. Por un lado, su acceso al poder a través del triunfo en la urnas en diciembre de 1998, ratificado una y otra vez en elecciones basadas en un sistema electoral heredado de la Cuarta República. Por el otro, la oposición existe y actúa en el espacio público través de partidos políticos y medios de comunicación abiertamente antigubernamentales que incluso apoyan golpes de Estado como sucedió en 2002. Es más, una de las críticas dentro del chavismo al mismo Hugo Chávez fue no haber sido más duro con todos aquellos que promovieron el golpe de 2002 dejando que se reorganizaran como si no hubieran participado del mismo.

Y volvemos a lo que plantea Aharonian: ¿Qué hacer contra los que atentan contra la democracia?”

Los golpistas de hoy no apelan a los militares para que éstos desalojen del poder a un gobierno, cierren el Congreso, prohíban los partidos políticos y los movimientos populares. Su discurso es que son justamente los gobernantes los que violan la constitución y que por eso hay que destituirlos, tal como sucedió en Honduras con Manuel Zelaya y Fernando Lugo en Paraguay. Es así que cobra sentido el documento firmado por Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López. (

https://www.nodal.am/2015/02/venezuela-arrestan-al-alcalde-de-caracas-acusado-de-formar-parte-de-una-conspiracion-desestabilizadora/)

En él se puede leer que existe “una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario (…) Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas (…) rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional (y) realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes”. Cualquiera que no sepa qué ocurre en Venezuela al leer este documento llegará a la conclusión de que es un movimiento que, en nombre de la democracia, denuncia una dictadura. En “abstracto” podría ser visto como el manifiesto político de un partido con lenguaje radical. Pero en el contexto de Venezuela, un año después del plan “La Salida” -que propugnaba el derrocamiento de un presidente a meses de haber sido elegido- es un claro llamado a continuar con la misma estrategia de provocar la caída del gobierno sin respetar las reglas del juego que ellos mismos dicen invocar.

Todos los gobiernos progresistas de la región enfrentan dilemas similares, aunque en el caso venezolano esté exacerbado por su creciente importancia regional y la riqueza petrolera. Existe una tensión muy difícil de resolver entre las libertades públicas y democráticas y los movimientos desestabilizadores que tienen como objetivo derrocar a un gobierno a cómo sea y cuentan con el apoyo explícito de emporios mediáticos que se unen abiertamente a nivel regional para intervenir en Venezuela como quedó demostrado con la campaña “Todos somos Venezuela” que aglutinó a más de 80 diarios de América en 2014

(https://www.nodal.am/2014/03/unos-30-medios-de-diversos-paises-articulan-campana-internacional-contra-el-gobierno-venezolano/). Por otra parte, no alcanza con los triunfos electorales, también hay que ratificar día a día que se cuenta con el apoyo de la mayoría de la población. Pero para ello hay que gobernar para las grandes mayorías, y justamente uno de los objetivos de estas oposiciones es poner numerosas piedras en el camino para que no se puedan implementar los proyectos de cambio, y así “demostrar” la ineficiencia de dichos gobiernos. Todo un intríngulis.

 

Venezuela: decimocuarto año de golpe continuo – Por Aram Aharonian

Desde hace casi tres lustros, ante sus reiterados y sucesivos fracasos electorales, algunos sectores de la oposición venezolana se han planteado estrategias poco democráticas para derrocar al gobierno bolivariano, y aun hoy hablan de forzar la renuncia del presidente Nicolás Maduro y del derecho a la rebelión.

En 2002 fue la primera vez que quedó al descubierto la injerencia de Washington en las intentos golpistas; esa conspiración amainaba, pero no cesó nunca. Siempre estuvo en estudio, de bajo perfil, y desde mayo de 2004 se hizo más activa y gradualmente se desarrollaron lo que ahora se ha definido como “guerra económica”, acciones en el frente mediático nacional e internacional, señala el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.

De este nuevo complot desbaratado formaban parte algunos militares, sectores empresariales y políticos. Su patrocinio y preparación venían de los Estados Unidos que unos días antes (2 de febrero) anunciara nuevas sanciones al Estado Venezolano. Pero esta vez no sembraron la muerte las calles (¿daños colaterales?) y la intentona fue frenada a tiempo.

Ese acto sería la culminación de una guerra económica que incluye vastas maniobras de desabastecimiento destinadas a producir insatisfacción y conflictos en la población. El mencionado golpe incluiría el asesinato de Maduro bombardeando el palco de un acto de masas que estaba presidiendo. Tales artefactos serían arrojados desde un avión Tucano procedente de una base militar extranjera. Haber abortado ese hecho permitió la detención de varios civiles y militares complotados, entre ellos el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma.

Desde algunos sectores seudoprogresistas se especula con que el gobierno no ha medido las consecuencias políticas de esos actos e incluso se critica el hecho de que Ledesma haya sido puesto a disposición de la justicia, en lo que llaman “judicalización de la oposición”, que bien suena a El País de España. La pregunta sería: ¿Qué hay que hacer con los que atentan contra la democracia, ¿llevarlos ante la justicia, desaparecerlos, torturarlos en Guantánamo o Abu Ghraib, ajusticiarlos… o convalidar su impunidad?

Como comparación, la legislación estadounidense considera como un crimen federal cualquier acto de un nacional que “organice, ayude o intente organizar una sociedad, grupo o conjunto de personas que enseñan, promueven o alientan el derrocamiento o destrucción del gobierno”, que no necesariamente debe ser ejecutado para que se configure el delito. Por esta ley, Oscar López Rivera -líder independentista de Puerto Rico y veterano de la guerra en Vietnam- fue condenado a 70 años de prisión por conspiración sediciosa y otros delitos.

Vale la pena recordar que al día siguiente del anuncio de Obama de reanudar relaciones con Cuba, el mandatario estadounidense firmó la ley para juzgar y sancionar a altos funcionarios venezolanos, con cualquier agumento. Con cierta regularidad se detectan indicios de intromisión, algunas de las cuales han sido denunciadas, e incluso se han tomado acciones como la expulsión de oficiales responsables de tratar de infiltrarse en la Fuerza Armada y de funcionarios consulares.

No es un problema de “psicosis” o “excesiva paranoia” del gobierno. Este intento, lamentablemente, no sorprende, si bien pareciera carecer de los objetivos claros de un típico golpe, pero era evidente que buscaba la desestabilización y generar un caos que ayudara a crear condiciones para un eventual desplazamiento de Maduro. Y estos intentos continuarán…mientras Venezuela tenga las más grandes reservas de petróleo del mundo. Volverán… y seguramente fracasarán, dice Díaz Rangel.

Pero, volver al neoliberalismo y a la entrega de la soberanía y las riquezas nacionales a potencias extranjeras no parece ser aceptable para la mayoría de los venezolanos, mucho menos cuando se pretende que ello se imponga a través de la fuerza, señala Sergio Rodríguez Gelfestein. Lo cierto es que pese a la intensa campaña internacional, al terrorismo mediático, el uso de mercenarios y paramilitares, la guerra económica y los desaciertos bolivarianos, el grueso de la población sigue junto al gobierno constitucional.

Lo cierto es que ni al gobierno ni a la oposición democrática le puede interesar que Maduro sea desalojado por la fuerza del palacio de Miraflores, reconoce el opositor Leopoldo Puchi. Deben militar para garantizar la continuidad institucional, que en estas democracias se asienta en la voluntad popular expresada mediante el voto y se articula en los procesos comiciales ya previstos.

A nadie puede sorprender que cada tanto se produzcan o se anuncien actos de violencia de calle y dos por tres algún intento de golpe también, únicos mecanismos que algunos sectores de la oposición asumen como vía para un retorno conservador. Si hasta ahora no han ocurrido hechos más graves, es por la mesura que han mostrado los sectores chavistas (no responder a las provocaciones) y quizá también, por la falta de respaldo (más allá de lo entusiastas apoyos desde el exterior y los partidos conservadores) que ha sumado la oposición.

Quizá los venezolanos estén acostumbrados a este juego de ajedrez y no le den demasiada importancia a un nuevo golpe develado -¿incluido en la rutina-país?, donde se esperaba un “goteo” de militares que se irían sumando a la intentona, lo que no sucedió-, sino piensen en cómo planificar los movimientos para evitar uno nuevo, próximo, previsible. En este contexto, lo más inquietante no es el reciente movimiento desmantelado, sino lo que pudiera venir.

El desabastecimiento supero a la inseguridad como problema más grave percibido por los venezolanos, es decir, hoy son los problemas económicos lo que realmente preocupa e importa a la mayoría de los venezolanos, señala Oscar Schemel, de la encuestadora Hinterlaces. Si el gobierno falla y la MUD sigue jugando en varios escenarios, podrían llegar tiempos de tinieblas.

No sabemos qué porcentaje de venezolanos creyó la palabra del gobierno sobre el denunciado golpe. Y la credibilidad se logra con información –oportuna, veraz-, transparencia, seguimientos de los temas. La necesidad de generar confianza en torno a esas graves denuncias, debiera ser prioritario en la política comunicacional (de haberla).

Con el episodio del apresamiento de Ledezma, el país estuvo recibiendo por las redes sociales informaciones generadas por la oposición, que iban formando un imaginario colectivo, mientras ni voceros del gobierno ni del PSUV, el partido oficial, se animara a decir nada. Hasta que habló Maduro.

“El Gobierno debe hacer un esfuerzo mayor para lograr que más y más venezolanos tengan confianza en sus denuncias. Y en ese sentido, pienso que el juicio a los presuntos responsables, militares y civiles, debe ser lo más abierto posible, que permita conocer las pruebas, los indicios, las declaraciones y las acusaciones de los involucrados, que ayude a despejar las dudas”, señala Díaz Rangel.

Es deber del gobierno desmontar los elementos de malestar y preocupación que crean el clima propicio para el complot y la conjura. La situación económica –desabastecimiento, inflación- pesa y desestabiliza.

Del lado de la oposición, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) reafirmó públicamente o su estrategia electoral, pero se abstuvo de condenar directamente la conspiración del grupo

de oficiales detenidos ese día. Esta conducta dubitativa le brinda de manera objetiva piso social a los grupos que apuestan a una “transición (antidemocrática)” en lugar del camino de la alternancia electoral.

Pero, ¿quién le dio autoridad a EEUU para pretender “encauzar” la democracia venezolana por los caminos que interesen a Washington y sus mandantes de las trasnacionales y fondos buitres? Hace poco, Obama habló de torcerles el brazo a aquellos países que no hagan lo que ellos quieran, y ahora anuncian que, en el caso de Venezuela, los “encauzarán”.

Que no se equivoquen otra vez.

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