A 30 años de democracia en Uruguay, balance histórico de la Ley de Caducidad- Por Inés Nercesian

El presente 2015 es un año clave para la historia de la democracia en la región porque se cumplen 30 años ininterrumpidos de la recuperación de la democracia en Uruguay (1985) y Brasil (1985) que se suman a los de Argentina (1983). La reciente asunción a la presidencia de Tabaré Vázquez por el Frente Amplio, el 1 de marzo, el mismo día que se puso fin a la dictadura militar, treinta años atrás, constituye una fecha ideal para la celebración y los balances.

La salida de la dictadura (1973-1985) en ese país fue a través de un pacto entre militares y partidos políticos al igual que en Chile y Brasil, y a diferencia de Argentina, Bolivia y Paraguay. La transición se realizó a la uruguaya, a partir del plebiscito de 1980, y terminó con el de 1989, donde se ratificó la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que todavía se encuentra vigente.

El 30 de noviembre de 1980 la sociedad le dijo “No” al régimen en la consulta popular que pretendía reformar la Constitución, como habían hecho los militares chilenos pocos meses antes. A partir de la derrota, la primera medida optada por la dictadura fue designar a un militar, Gregorio Álvarez, para timonear esta etapa y garantizar impunidad a la corporación. Esto llama la atención por el contraste porque, a diferencia de todas las otras dictaduras del Cono Sur, desde 1973 los militares uruguayos habían optado por presidentes civiles para legitimar el régimen. Tras un año de grandes movilizaciones, en 1984 la dictadura dio un paso más e inició diálogos con algunos partidos que culminaron en el llamado “Pacto del Club Naval” a partir del cual se fijaron los términos de la salida.

En las elecciones de 1984, resultó ganador el Partido Colorado, consagrando a Julio María Sanguinetti (1985-1990) primer presidente posdictatorial. Pero a pesar de la restauración democrática, la transición estaba lejos de haberse concluido. En 1986 a instancias de Sanguinetti se aprobó –con la oposición del Frente Amplio y sectores del Partido Nacional– la Ley de caducidad1, un instrumento que frenó la posibilidad de enjuiciar a los responsables de violar los derechos humanos, aún en vigencia.

La clave para entender la permanencia de esta ley se encuentra en las consultas populares de 1989 y 2009, donde ambas veces fue ratificada. De ahí la encerrona, porque muchos actores incluso del propio Frente Amplio se oponen a derogar la ley alegando que eso haría colisión con la voluntad popular que ya se expresó dos veces en las urnas. Aun cuando ampara a los militares, en el artículo 4 de la ley se habilita al Poder Ejecutivo a iniciar investigaciones. De hecho, hubo enormes avances en materia de juicios a militares a instancias de los gobiernos del Frente Amplio, por caso, el propio general Gregorio Álvarez, actualmente en prisión. Pero el juicio a los militares y cómplices de la dictadura no puede recostarse sobre la voluntad del Ejecutivo, cualquiera sea su color político.

En las elecciones del pasado 2014, la cuestión de los Derechos Humanos se hizo presente y el candidato opositor del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, sostuvo que suspendería la búsqueda de desaparecidos porque “hay que cerrar un capítulo”.2 El resultado ya es conocido. Tabaré Vázquez se consagró presidente y este 1 de marzo, a treinta años del fin de la dictadura militar, acaba de iniciar el tercer gobierno de izquierda. Aunque hubo muchos avances en la materia, es un buen momento para afrontar por fin ese legado de la dictadura, pero está claro que el dilema de qué hacer con el plebiscito está siempre presente.

te 2015 es un año clave para la historia de la democracia en la región porque se cumplen 30 años ininterrumpidos de la recuperación de la democracia en Uruguay (1985) y Brasil (1985) que se suman a los de Argentina (1983). La reciente asunción a la presidencia de Tabaré Vázquez por el Frente Amplio, el 1 de marzo, el mismo día que se puso fin a la dictadura militar, treinta años atrás, constituye una fecha ideal para la celebración y los balances.

La salida de la dictadura (1973-1985) en ese país fue a través de un pacto entre militares y partidos políticos al igual que en Chile y Brasil, y a diferencia de Argentina, Bolivia y Paraguay. La transición se realizó a la uruguaya, a partir del plebiscito de 1980, y terminó con el de 1989, donde se ratificó la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que todavía se encuentra vigente.

El 30 de noviembre de 1980 la sociedad le dijo “No” al régimen en la consulta popular que pretendía reformar la Constitución, como habían hecho los militares chilenos pocos meses antes. A partir de la derrota, la primera medida optada por la dictadura fue designar a un militar, Gregorio Álvarez, para timonear esta etapa y garantizar impunidad a la corporación. Esto llama la atención por el contraste porque, a diferencia de todas las otras dictaduras del Cono Sur, desde 1973 los militares uruguayos habían optado por presidentes civiles para legitimar el régimen. Tras un año de grandes movilizaciones, en 1984 la dictadura dio un paso más e inició diálogos con algunos partidos que culminaron en el llamado “Pacto del Club Naval” a partir del cual se fijaron los términos de la salida.

En las elecciones de 1984, resultó ganador el Partido Colorado, consagrando a Julio María Sanguinetti (1985-1990) primer presidente posdictatorial. Pero a pesar de la restauración democrática, la transición estaba lejos de haberse concluido. En 1986 a instancias de Sanguinetti se aprobó –con la oposición del Frente Amplio y sectores del Partido Nacional– la Ley de caducidad1, un instrumento que frenó la posibilidad de enjuiciar a los responsables de violar los derechos humanos, aún en vigencia.

La clave para entender la permanencia de esta ley se encuentra en las consultas populares de 1989 y 2009, donde ambas veces fue ratificada. De ahí la encerrona, porque muchos actores incluso del propio Frente Amplio se oponen a derogar la ley alegando que eso haría colisión con la voluntad popular que ya se expresó dos veces en las urnas. Aun cuando ampara a los militares, en el artículo 4 de la ley se habilita al Poder Ejecutivo a iniciar investigaciones. De hecho, hubo enormes avances en materia de juicios a militares a instancias de los gobiernos del Frente Amplio, por caso, el propio general Gregorio Álvarez, actualmente en prisión. Pero el juicio a los militares y cómplices de la dictadura no puede recostarse sobre la voluntad del Ejecutivo, cualquiera sea su color político.

En las elecciones del pasado 2014, la cuestión de los Derechos Humanos se hizo presente y el candidato opositor del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, sostuvo que suspendería la búsqueda de desaparecidos porque “hay que cerrar un capítulo”.2 El resultado ya es conocido. Tabaré Vázquez se consagró presidente y este 1 de marzo, a treinta años del fin de la dictadura militar, acaba de iniciar el tercer gobierno de izquierda. Aunque hubo muchos avances en la materia, es un buen momento para afrontar por fin ese legado de la dictadura, pero está claro que el dilema de qué hacer con el plebiscito está siempre presente.