Paraguay: denuncian falta voluntad política para aclarar asesinato de periodista Pablo Medina
La Comisión Bicameral que investiga el asesinato de un periodista y de su asistente, en octubre pasado, denunció hoy la falta de voluntad política para ayudar a aclarar el crimen.
Esta falta de voluntad se da por parte de las autoridades del departamento paraguayo de Canindeyú, donde ejercía como corresponsal el informador asesinado.
Pablo Medina, periodista del diario ABC Color, y Antonia Almada, fueron asesinados a balazos en una carretera de ese departamento, fronterizo con Brasil y uno de los principales productores de marihuana del país.
Medina era conocido por sus investigaciones sobre las supuestas relaciones entre tráfico de marihuana y algunos políticos locales.
Uno de esos representantes, el exintentende Vilmar Acosta, arrestado a principios de mes en Brasil, está imputado como ideólogo del doble asesinato.
En su informe preliminar presentado hoy en el Senado, la Comisión Bicameral destaca el escaso conocimiento mostrado por la gobernadora de Canindeyú, la diputada oficialista Carmen Villalba, y por el gobernador, el también oficialista Alfonso Noria, sobre el narcotráfico en el departamento.
«Nunca han visto una planta de marihuana en su departamento», dice el informe, que añade que esas plantaciones están a la vista de cualquier persona que visite la zona.
«No saben nada, no se involucran, no se interesan, no denuncian», prosigue el informe preliminar, agregando que la Comisión Bicameral no descarta que con esa actitud las autoridades políticas del departamento «estén siendo apoyadas de una u otra manera por los narcotraficantes».
La Comisión, presidida por el senador Arnoldo Wiens, tiene 45 días para presentar el informe final sobre ese asesinato, según informó un comunicado del Senado.
El asesinato de Medina y Almada removió los cimientos políticos de Paraguay al plantear la posible infiltración de las redes del narcotráfico entre la clase política.
Esta semana un grupo de periodistas se manifestaron frente a la embajada de Brasil, en Asunción, para exigir que ese país extradite a Paraguay a Acosta, quien estuvo prófugo cinco meses antes de ser detenido.
