Costa Rica: sindicatos califican de “provocación” decreto ejecutivo de aumento salarial

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), criticó la decisión del Gobierno de fijar, mediante decreto, los aumentos salariales del sector público para el segundo semestre del año.
Los sindicatos pretendían un aumento de 1,91% para empleados profesionales y 2,16% para no profesionales; sin embargo, la decisión gubernamental dista mucho de lo solicitado, pero el Ejecutivo fijó el viernes anterior un aumento de 0,08%, lo que representará 80 por cada 100 mil colones.

En un documento, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, considera que “de manera sorpresiva y cuando se esperaba para este martes 4 de agosto una cuarta ronda de negociación, acerca del monto del reajuste por costo de vida para quienes trabajan para el sector Público, mismo que es aplicable para el segundo semestre del presente año 2015; el Gobierno, abrupta y sorpresivamente, se decidió por el “decretazo” salarial”.

Considera que la decisión “es una provocadora decisión que condenamos. Además, agrega un nuevo ingrediente de desestabilización social en un escenario que se sigue cargando de elementos confrontativos, precisamente por el ataque a mansalva de los sectores política y económicamente hegemónicos en contra del Empleo Público, cuya vocería mediática ha estado desarrollando una intensa campaña, cargada de manipulaciones y de apelaciones al odio, en contra de quienes laboran para el Estado y, por ende, de sus propias familias”.

Advierte que el decreto genera una “tensa situación sociopolítica”, y anuncia que lo que está aconteciendo con el “ataque” al Empleo Público, será analizada por el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, del cual la ANEP forma parte, en la sesión que ya estaba prevista para este lunes 3 de agosto.

“Si bien es cierto y no es posible desconocerlo, la imposición del 0.08% corresponde, a rajatabla, a una aplicación de la fórmula de cálculo de los reajustes por costo de vida establecida en el 2007; la insistencia de las centrales sindicales con presencia activa en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, en buscar una negociación de un incremento mayor al que da la ya desactualizada y anacrónica fórmula, ha estado siempre correcta”, añade.

Para la ANEP las víctimas directas a nivel salarial de quienes laboran para el Estado, son las personas trabajadoras del Gobierno Central (ministerios y entes adscritos a éstos, básicamente); “pues se les cobra en sus bolsillos el “tortón” del famoso déficit fiscal que ninguna de ellas generó, a pesar de ser pagadores puntuales de sus impuestos: el de ventas al momento mismo de la compra; el de renta salarial, si corresponde, es rebajado de planilla, puntillosa y puntualmente”.
Resalta que gran parte de los puestos incluidos en la escala de salarios del Gobierno Central-Régimen de Servicio Civil, han sufrido, adicionalmente, un proceso de pauperización y deterioro del poder de compra de sus respectivos salarios, producto de 30 años de “enganche” con la ley salarial médica; ley que nunca ha sido objetado, con excepción de ese mecanismo de “enganche”.

“Si bien y ante la insistencia en solitario de la ANEP para modificar esta injusta situación, el actual Gobierno accedió a un “desenganche” parcial en los casos de puestos no profesionales; correspondía en este tipo de negociaciones, por tanto, empezar a repararles, en algo, esa pérdida salarial de tanto tiempo para ese tipo de puestos”, precisa Vargas.
Ahonda que este tipo de puestos, de gran precariedad salarial y con tanta pérdida adquisitiva acumulada, “son ocupados por personal del Estado central como el de los CEN-CINAI, los diferentes cuerpos policiales; el personal oficinista, de secretariado, de mantenimiento, cocinas, servicios generales, choferes, agentes de seguridad y hasta técnicos de diversas especialidades”.

“Es al perro flaco al que se le pegan las pulgas: Este tipo de personal paga puntualmente sus impuestos, no es el culpable del déficit fiscal, han sufrido un prolongado “enganche” salarial altamente perjudicial y ahora, superado éste, no se les empieza a aumentar lo realmente justo”, sostiene.

De acuerdo con Vargas Barrantes, a los profesionales del Gobierno Central, esta situación también les conduce directamente a la fila primera del congelamiento salarial “que se mira claramente en el horizonte”.
Puntualizó que la cifra de “reajuste” impuesta por “decretazo” salarial, también del 0.08 % para este sector, les lleva a un aumento salarial cero.

“Hemos clamado a lo largo de los últimos tiempos por un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, realmente, dimensione lo que está pasando en los bolsillos de toda la clase trabajadora en materia de costo de vida; tanto en las familias quienes tienen empleo fijo y salario formal, como los que están, desafortunadamente, en la informalidad. El divorcio entre las cifras oficiales de inflación y la realidad adquisitiva del bolsillo de la persona trabajadora, es evidentísimo”, asegura Vargas.

De seguido apunta que, “el anuncio de que ese nuevo IPC estaría excluyendo, el verdadero impacto en el salario de lo que pase con el precio de la gasolina, de los buses, de los taxis, por ejemplo, nos lleva a desconfiar de que pudiera haberse definido un nuevo IPC que no refleje la verdadera realidad del crecimiento de la desigualdad, de la exclusión social y del avance de la vulnerabilidad de pobreza y la pobreza misma; para deleite gubernamental y para propiciar, aún más intensamente, el proceso de acumulación de quienes, aunque en cantidad reducida, siguen teniendo más y más, sin tributar lo realmente justo”.

Según ANEP, queda claro que para quienes laboran en el Gobierno Central, como primeras víctimas directas de un déficit fiscal que jamás generaron; para quienes laboran en otras entidades del sector Público que no son del Estado central; e, incluso, para todas las personas trabajadoras, asalariadas o no asalariadas del sector Privado, el desafío estratégico no es, necesaria y únicamente, luchar por un punto porcentual más en reajustes semestrales por costo de vida.

Al respecto, advierte que “el real desafío estratégico es utilizar el gigantesco potencial de la fuerza obrera y social, en movilización pacífica, constante e intensa, bajo el concepto de la democracia de la calle, para que cambie, realmente, lo que tiene que cambiar: el perverso e injusto sistema tributario que afecta, y ya peligrosamente, al pueblo trabajador”.

“Ese perverso e injusto sistema tributario que, por ejemplo, deja en manos de unos pocos 14 puntos de Producto Interno Bruto (PIB): 8 puntos de robo de impuestos y elusión tributaria; 6 puntos por exenciones y exoneraciones, muchas de ellas abusivas como las de las zonas francas”, añadió.

“En el primer caso, 8 % PIB, hablamos de 2 billones 160 mil millones de colones, ¡anuales! (2.160.000.000.000.00). En el segundo, 6 % PIB, y en este caso hablamos de 1 billón 620 mil millones de colones, ¡también anuales! Sumados ambos: 3 billones 780 mil millones de colones (3.780.000.000.000.00). Ninguno de nosotros, hombres trabajadores; ninguna de nosotras, mujeres trabajadoras, somos responsables de semejante desastre fiscal e injusticia tributaria criminal. (Cifras con base en datos oficiales del Banco Central de Costa Rica -BCCR-, así como del propio Ministerio de Hacienda)”, concluye la ANEP.

El País