Puerto Rico: el gobierno paga a bonistas y organizaciones responsabilizan a EEUU por la crisis fiscal

El gobierno de Puerto Rico pagó ayer, a última hora, unos $354.7 millones de la deuda que arrastra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y recurrió por primera vez a una cláusula constitucional (“clawback”) para desviar ingresos de algunas corporaciones públicas, a fin de mantener al gobierno operando.

Sin embargo, el designado secretario de Estado, Víctor Suárez, quien preside el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico, no pudo garantizar que ese mecanismo constitucional les permita pagar el bono de Navidad a los empleados públicos, remitir los reintegros que le adeuda el Departamento de Hacienda a los contribuyentes ni hacer el pago de las deudas que vencen más allá de enero próximo.

“Todas las obligaciones del gobierno de Puerto Rico, nómina, reintegros, obligaciones de deuda, están bajo continua evaluación durante estos días y se tomarán las determinaciones cuando surjan esos vencimientos”, dijo Suárez en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Suárez explicó que el gobernador Alejandro García Padilla firmó una orden ejecutiva ayer, lunes, que provee para la retención de dineros de la Autoridad de Carreteras, la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad para el Transporte Integrado (ATI) y la Compañía de Turismo. La orden tiene vigencia inmediata.

El funcionario no pudo dar el desglose de partidas por cada corporación pública, pero dijo que el estimado de ingresos que desviarán de estas dependencias públicas, entre diciembre y junio de este año, es de unos $329 millones.

“Esto es lo que se llama el “clawback”. En palabras sencillas lo que esta orden dice es que el dinero que teníamos para pagar el celular tenemos que dedicarlo para comprar la comida de la casa, que es esencial”, explicó Suárez.

Indicó, por ejemplo, que el dinero del impuesto hotelero, que recauda la Compañía de Turismo para pagar a bonistas del Centro de Convenciones, se desvía al Secretario de Hacienda para cumplir “con las deudas de obligación constitucional y poder continuar brindando los servicios de policías, enfermeras y maestros que necesitan los puertorriqueños”.

“Estas son medidas extraordinarias, que ya no nos quedan mucho más y que demuestran el grado de debilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico en relación al flujo de efectivo y a los servicios que provee a la gente. Por eso el gobernador le manifestó hoy al Congreso que de no tomar acción pronto y brindar a Puerto Rico un régimen para poder reestructurar su deuda y llegar a un impago o un default, podía causar consecuencias catastróficas. La gente podría dejar de recibir servicios esenciales”, sostuvo el designado Secretario de Estado, quien ocupa la Secretaría de la Gobernación.

Aguardan por el Congreso

El funcionario añadió que esperan que el Congreso de los Estados Unidos actúe antes del 11 de diciembre próximo, cuando se espera que se apruebe el presupuesto de gastos del gobierno federal.

Suárez estuvo acompañado de los demás integrantes del grupo de trabajo de recuperación económica, Melba Acosta Febo, presidenta del BGF; Luis Cruz Batista, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); César Miranda, secretario de Justicia y el subsecretario de Hacienda, Juan Flores Galarza.

Acosta indicó que el pago se hizo de los fondos del BGF.

La cantidad pagada hoy, martes, por el BGF corresponde al pago semestral que vencía en esta fecha y tenía que hacerse antes de las 4:00 p.m. al banco custodio para que éste remita el pago a los bonistas. La deuda total del BGF ronda los $4,000 millones.

“Llevamos semanas trabajando en la venta de activos para ir mejorando la liquidez del Banco. La importancia de este pago es que es deuda garantizada y si queremos llegar a reestructurar la deuda total del gobierno teníamos que empezar de una forma estructurada”, explicó la Presidenta del BGF.

La funcionaria aclaró que la cláusula del “clawback” no se aplicó al BGF.

“El Gobierno de Puerto Rico, debido a la condición que tiene decidió hacer ‘clawback’ de los ingresos que normalmente entran al gobierno de Puerto Rico y que a través de los años ha entregado esos ingresos para pagar otros bonos. Ese dinero es del gobierno central y se está haciendo para generar el dinero suficiente para que el gobierno pueda pagar sus obligaciones máximas constitucionales y seguir dando los servicios básicos”, sostuvo.

Expuestos a litigios

Por su parte, el Secretario de Justicia reconoció que aunque la deuda no ha vencido, el gobierno podría encarar litigios.

“Se podría interpretar como que hay un tipo de “default” técnico en la medida en que se retiene el dinero que iba destinado a pagar una deuda cuando venciera, pero lo cierto es que la deuda no ha vencido y se podría completar una default absoluto sino se paga. Alguien podría interpretar que no retener hoy el dinero cuando venza se podrá concretar el default, puede interpretar que utilizarlo desde hoy puede haber default”, indicó Miranda.

“El gobierno se quedó sin efectivo desde que comenzó este año fiscal, por eso recurrió a medidas como retener reintegros, retener el pago a suplidores y tomar prestado a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. El gobierno viene arrastrando un flujo de efectivo que ya se está tornando insostenible”, recalcó, por su parte, Suárez.

Se le preguntó, qué otras medidas tomarán ya que los $329 no le van a dar para pagar las obligaciones de enero y mayo próximo y su respuesta fue: “Estamos en una situación muy difícil de flujo de efectivo, se nos están agotando las medidas extraordinarias. El gobernador firmó la orden ejecutiva tomando un más, pero nos quedan muy pocas”.

“Se hizo el pago (del BGF), estamos en “clawback” y nos estamos moviendo para los próximos pagos en enero de los GO’s (obligaciones generales)”, agregó, por su parte, la Presidenta del BGF.

Primera Hora