Paraguay: se reinicia el juicio por la masacre de Curuguaty y restringen la presencia de público

Este martes se reinició el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty en el Palacio de Justicia de Asunción con la lectura del acta de elevación a juicio oral en idioma guaraní, tal como habían solicitado los abogados defensores a fin de que los acusados pueden entender la marcha del proceso al cual están sometidos.

El presidente del Tribunal de Sentencia, Ramón Trinidad Zelaya, restringió el acceso al público e incluso ordenó el “arresto disciplinario” de Fabricio Arnella, un activista del Partido Comunista Paraguayo (PCP) que acompaña a los labriegos procesados por la matanza, por supuestamente causar “molestias” durante el desarrollo de la audiencia.

Arnella aceptó retirarse pacíficamente de la sala, pero rechazó la medida del tribunal “arbitrario y criminal” por no haber cometido delito alguno, pero permanecerá arrestado en la guardia del Palacio de Justicia hasta las 15:00 horas. Además, fueron desplegados agentes de la policía militarizada fuertemente armados en las puertas de la sala de juicios orales.

En sus alegatos iniciales el fiscal Jalil Rachid se ratificó en los cargos por invasión de inmueble ajeno sosteniendo que las tierras son propiedad de Campos Morombí (en sintonía con el proyecto del Congreso que tuvo promulgación automática y que acepta la “donación” de las tierras de la Marina Kue) y de asociación criminal, señalando que la organización campesina fue formada con la voluntad explícita de cometer hechos punibles y que la solicitud de reconocimiento ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) fue con el fin de darle un ropaje “seudolegal” a la organización.

Añadió que incluso en el caso de que las tierras fueran públicas el propio Congreso pidió el desalojo, en referencia a las notas del diputado Oscar Tuma y la declaración de la Comisión Permanente del Congreso, presidida por el liberal Efraín Alegre, que incitaron a la realización del desalojo que terminó en la muerte de 17 personas y que posteriormente fue utilizado para la realización del juicio político que terminó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

Asimismo, Rachid afirmó que el día del desalojo los campesinos estaban organizados para emboscar a los policías, que supuestamente fueron desarmados hasta el campamento para entablar un “diálogo”. Con respecto a la presencia de mujeres y niños, el agente dijo que fue con el fin de tomar desprevenidos a los policías, ya que históricamente en estos casos “muy pocas veces se han dado casos de represión”.

Por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa están acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López, por invasión de inmueble y asociación criminal Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos.

La joven R.R.V.O. será sometida a un proceso penal adolescente porque en el momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor R.A.B.C. ya fue condenado en un proceso abreviado.

Ningún policía fue investigado por la muerte de los once campesinos a pesar de la evidencia de que existieron ejecuciones de personas heridas, además de tortura a los detenidos por la ocupación que reivindicaba la recuperación de las tierras de Marina Kue.

EA