Anulan la reelección y apartan del cargo al procurador general, aliado de Uribe

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Por 3 apoyos indebidos en Corte Suprema, cayó su reelección

Después de tres años y medio de proceso y apenas a cuatro meses y medio de terminar su segundo periodo como procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado tendrá que dejar su cargo porque en el 2012 su aspiración fue apoyada por magistrados que, a su vez, tenían familiares en altos cargos de la Procuraduría General.

Con 14 votos a favor y cinco en contra, el Consejo de Estado anuló la reelección de Ordóñez, quien en la noche de este miércoles aseguró que con su salida “se cumplió el primer pacto de La Habana”. En su discurso de despedida, Ordóñez dejó ver que esa imagen de supuesto perseguido del Gobierno y las Farc será su plataforma política: “No les quepa la menor duda de que seguiremos en la tarea”, afirmó.

La decisión del Consejo de Estado –que no tiene ningún recurso, pero que podría dilatarse hasta dos semanas mientras se cumplen los requisitos de notificación legal– señala que la reelección del saliente Procurador violó el artículo 126 de la Constitución.

Ese consagra la nulidad del “acto de elección, nombramiento o postulación de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer”.

Ordóñez nombró o ratificó a familiares de los entonces magistrados de la Corte Jorge Mauricio Burgos, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz. Ellos, a pesar de esta situación, votaron por él para que fuera el candidato del tribunal, y a la larga reelegido por el Senado con 80 votos de 102 posibles. (Lea también: Ordóñez, el controvertido procurador que suena como ‘presidenciable’)

“En vista de esas designaciones, la Corte Suprema no podía postular al doctor. Ordóñez, dada la prohibición del artículo 126 de la Constitución y el principio de igualdad que se predica del acceso a los cargos públicos”, dice el fallo, que mantiene la línea de castigar la práctica del ‘yo te elijo, tú me eliges’, que era común en las altas cortes.

Con esa tesis, el mismo Consejo de Estado tumbó en el 2014 la elección de los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y Pedro Munar, quienes habían ‘saltado’ a la Judicatura por designación de la corte en la que acababan de terminar periodo.

La ponencia de la consejera Rocío Araújo, que fue acogida por la mayoría, señalaba que hubo irregularidades al designar la terna porque aunque los tres magistrados con familiares en la Procuraduría se declararon impedidos, la Sala Plena negó el argumento y procedió a ungir a Ordóñez. Los tres votos fueron claves para lograr la mayoría calificada que se requería para designar el candidato.

Este miércoles, el Consejo de Estado negó el último recurso, impuesto apenas el martes, con el cual el Procurador General intentó postergar la decisión final de su caso. La Sala Plena negó las recusaciones de Ordóñez contra Araújo Oñate (la ponente) y los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Alberto Yepes Barreiro. También negó la solicitud de reintegrar al debate a María Elizabeth García González, quien estaba impedida. (Infografía: paso a paso del proceso contra el procurador Ordóñez)

La sala negó otros cargos en contra de la reelección del funcionario, entre ellos el que planteaba que la inexistencia de esa figura en la Constitución viciaba el procedimiento de reelección. Tampoco prosperó el cargo contra el apoyo de senadores que tenían familiares nombrados o ratificados por Ordóñez, pues su triunfo en el 2012 fue tan abrumador que los votos cuestionados no fueron claves para la decisión.

Ahora, lo que viene es que la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda asuma el despacho de su jefe, pero como la interinidad durará más de un mes el Senado deberá nombrar un procurador encargado.

Cara del ‘No’

Las circunstancias en que Ordóñez abandona la Procuraduría no solo lo convierten en uno de los principales rostros del ‘No’ a la refrendación del acuerdo con las Farc, sino que lo ponen en la pista de la carrera presidencial del 2018. (Caricaturas: el carácter y las polémicas de Alejandro Ordóñez)

Aunque es percibido en las filas del conservatismo como uno de los suyos y muchos congresistas hablan ya de su nombre como presidenciable para el 2018, hay quienes creen que también podría aproximarse al uribismo. José Felix Lafaurie (presidente de Fedegán y cercano al Centro Democrático) le dijo a EL TIEMPO que “los planteamientos de Ordóñez van en la misma línea del uribismo”.

La salida de Ordóñez también podría afectar las relaciones del Gobierno con los conservadores. “Nos solidarizamos con el procurador Ordóñez. Esta decisión enrarece y golpea el clima institucional”, dijo anoche el presidente del Partido Conservador, David Barguil. (Reacciones en redes a la decisión de tumbar reelección de Ordóñez)

Las claves del fallo del Consejo de Estado

Golpe a un ‘vicio’ de la justicia

El nombramiento de fichas de magistrados y congresistas es una práctica usual en los órganos de control. El fallo saca a Ordóñez porque lo ternaron magistrados que tenían familiares en la Procuraduría.

Los fallos no se afectan

Todas las actuaciones del Procurador en estos casi cuatro años se presumen legales y sus efectos, salvo que haya denuncias específicas, están incólumes a pesar de que la reelección del Procurador se cayó.

No hay sanción en el proceso

El Consejo de Estado anula la reelección por la violación del artículo 126 de la Carta, pero no impone sanción alguna contra Ordóñez, que mantiene así todos sus derechos políticos a salvo. El fallo tampoco cuestionó a la Corte.

El Tiempo


Alejandro Ordoñez, un hombre inmerso en la polémica

Alejandro Ordóñez Maldonado, a quien el Consejo de Estado anuló su reelección y por lo tanto debe salir del cargo, no es un hombre de medidas tintas. Por el contrario, es el más vertical cuando de defender sus ideas se trata. Lea también: Consejo de Estado anuló reelección del procurador Alejandro Ordoñez

Tanto así que cuando era estudiante universitario en su natal Bucaramanga organizó con otros compañeros de estudio la quemazón de libros que consideraban ‘herejes’. Incluso, en los medios de comunicación ha circulado una foto de ese momento en la que se ve al hasta hoy procurador general de la Nación echando leña a la hoguera.

Hijo de una reconocida familia bumanguesa dedicada a la fabricación y comercialización de galletas, Ordóñez Maldonado no siguió esa tradición familiar y estudió Derecho. Recibió con honores el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás, con Especialización en Derecho Administrativo de la misma alma máter. Incluso, tiene un Magister Honoris Causa en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno, Italia.

Además de ejercer como concejal de Bucaramanga, Ordóñez fue Presidente de las Juventudes Conservadoras en su ciudad, pero hizo a un lado la política para dedicarse de lleno a la Judicatura.

En 1989 fue magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, y luego su presidente. En 2000 fue elegido magistrado del Consejo de Estado, corporación de la que fue presidente en 2004 y terminó su período en 2008.

Al año siguiente fue esa alta Corte la que lo postuló para ser el jefe del Ministerio Público, instancia a la que llegó por elección del Senado sin mayores inconvenientes.

Desde entonces ha sido uno de los funcionarios con mayor poder en el Estado colombiano, al punto de que ha casado peleas con todos los poderes Públicos: con las altas Cortes, con el Gobierno de Juan Manuel Santos y hasta con el Senado que lo eligió.

Del procurador general se dice que mezcla sus convicciones religiosas y sus creencias personales, con la Constitución que juró defender.

De hecho, no han sido pocos los choques que ha protagonizado por temas como el aborto, la dosis personal, el matrimonio gay, el laicismo del Estado y hasta las corridas de toros y, obviamente, el proceso de paz del que ha sido su más duro crítico.

Tanto así, que muchos de sus detractores consideran que el procurador Ordóñez ha «utilizado su cargo» para hacer política, pues su crítica a rajatabla al acuerdo logrado entre Gobierno y guerrilla en La Habana, la convirtió en su plataforma política para ubicarse en el partidor presidencial de 2018.

Su poder ha llegado al extremo que hace un año largo, al matrimonio de una de sus hijas invitó a más de 800 personas, comenzando por el Presidente de la República, los jefes de las altas Cortes, y lo más granado de la sociedad política, empresarial y de la justicia.

A todos ellos les tocó asisitir a misa en Latín durante dos horas y media, en la que el sacerdote ofició de espaldas a la feligresía.

Decisiones polémicas
Con la bandera de la lucha contra la corrupción, en su primer período al frente del Ministerio Público destituyó a 18 congresistas y 14 Gobernadores. Eso da una muestra de que es un funcionario de mano dura.

Varias de sus decisiones han levantado ampolla, pero sobre todo algunos fallos considerados como ‘políticos’, entre ellos las destituciones del exalcalde de Medellín Alonso Salazar y la del de Bogotá, Gustavo Petro. El primero fue anulado por el Consejo de Estado, mientras que en el segundo aún está en trámite en esa corporación.

Pero también ha tomado decisiones polémicas como la absolución al exministro Diego Palacio por la ‘Yidispolítica’, o la destituir e inhabilitar a Piedad Córdoba, entre otras.

Pero también ha perdido batallas: la de Petro fue una, y otra hace ya un poco más de dos años cuando la Corte Constitucional lo obligó a retractarse públicamente sobre sus opiniones frente al aborto, pues se extralimitó en sus funciones.

En diciembre de 2012 Ordóñez fue reelegido para un nuevo periodo de cuatro años, pero esta vez como candidato de la Corte Suprema de Justicia. Como no recibió el apoyo del Gobierno, los expertos decían que “estaba garantizada su independencia”.

Sin embargo, para lograrlo el Procurador quedó ‘empeñado’ con el Congreso: si bien sacó 80 votos de 100 posibles, se sabe que nombró en puestos importantes remunerados con casi 20 millones de pesos mensuales, a familiares de 31 senadores y nueve exsenadores; a 22 amigos y familiares de magistrados de las altas Cortes que apoyaron su candidatura.

Varios de esos nombramientos lo tienen en problemas con el Consejo de Estado porque habrían beneficiado a magistrados que habrían incidido en su inclusión en la terna.

No obstante, la verdadera espada de Damocles que terminó por despojarlo de su cargo fue una denuncia acogida por el Consejo de Estado según la cual constitucionalmente el Procurador no podía ser reelegido. La ponencia que aprobó el Consejo de Estado, así lo consideró.

El País

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