Nueva indagatoria a Cristina Fernández: “Soy objeto de una persecución sin antecedentes”

La indagatoria fue breve, aunque no dejó de tener momentos tensos. Cristina Fernández de Kirchner fue sarcástica diciendo que vive con su perra y que le pregunten al propio juez Claudio Bonadio cuánto es su pensión como viuda, dado que el magistrado tiene embargada incluso esa pensión. Después entregó, junto a su abogado, Carlos Alberto Beraldi, un escrito de 45 páginas que constituye un alegato jurídico-político despiadado. El texto resume con inusual dureza toda su situación judicial –en la causa Los Sauces, pero también en los demás expedientes–, y que concluye con una afirmación tajante: “Soy objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en el país”. Finalmente, CFK se retiró saludando al fiscal Carlos Rívolo, a los empleados, y sin dirigirle ni la mirada a Bonadio.

En teoría, el magistrado tiene ahora diez días para resolver la situación de todos los imputados, pero el rumor en Tribunales es que Bonadio no consiguió los elementos necesarios y hará varios movimientos inesperados para ganar algo más de tiempo. En primer lugar, que llamará a indagatoria a los responsables de Solvencia Crediticia y Siempre Joven, mutuales que otorgaban créditos a beneficiarios de la Anses. Las entidades ocuparon el octavo y noveno pisos de Madero Center, mediante un contrato de alquiler genuino, pagando mensualmente con cheque. Cuando la propia ex presidenta le puso límites a la operatoria de las mutuales que otorgaban créditos a beneficiarios de Anses, se canceló el contrato y esas oficinas fueron alquiladas después por las empresas de Cristóbal López y Fabián De Souza. En su declaración indagatoria, López mostró varios contratos de alquiler de sus empresas, en las que se pagaron precios muy similares a los de Madero Center, las oficinas de Los Sauces. Lo concreto es que las nuevas indagatorias y algunas otras medidas que tomará el juez hacen prever que no habrá decisión dentro de los próximos diez días.

En el durísimo escrito presentado ayer, CFK argumentó, palabras más, palabras menos, lo siguiente:

Me procesaron por el Dólar Futuro, una política económica destinada a que no haya una corrida cambiaria, una devaluación y una bruta pérdida en los salarios reales de los argentinos. En cambio, el gobierno de Mauricio Macri puso en marcha las Lebacs al mayor interés del mundo, con una pérdida tremenda para el Estado. La Justicia dijo que no hay delito en esta política implementada por el macrismo desde el Banco Central y en cambio sí hubo delito en la otra política, la que defendió a los trabajadores, también implementada por el Banco Central durante nuestro gobierno.

En 2014 se puso en marcha la causa Hotesur en la que se investigaban los alquileres de nuestra familia a Lázaro Báez y Cristóbal López. El juez Claudio Bonadio fue expulsado de esa causa por irregularidades. Sin embargo en abril de 2016 se puso en marcha otra causa, tras un sospechoso sorteo, y en esa causa se investiga lo mismo: los alquileres de nuestra familia a Lázaro Báez y Cristóbal López. Los mismos alquileres a los mismos inquilinos, con dos jueces distintos. Y la misma hipótesis: que se trata de retornos por obra pública. Los Sauces tiene un agregado que les interesó a (Margarita) Stolbizer y Bonadio: metieron a mis dos hijos en el expediente. Duplicaron una causa, con éste último agregado.

En junio de 2016 me armaron otra causa por la obra pública… ¡en Santa Cruz! Otra vez asociación ilícita y hablan de las mismas supuestas irregularidades que dan por reales en la causa anterior. El fiscal logró que se designara un fiscal especial, nada menos que el hermano del subsecretario de Justicia del gobierno de Mauricio Macri.
En 2009 nos iniciaron una causa por un alquiler a la familia Relats, que era contratista de obra pública. El que se pronunció fue el juez Julián Ercolini, quien dijo que no había delito en la administración de los bienes personales de la familia. En aquel momento se firmó un decreto que readecuó el precio de obra a Relats, pero también a otros contratistas. Por lo tanto, el juez dijo que no existía delito alguno porque el beneficio no era para un adjudicatario de obra pública sino para varios. Aquel fallo fue consentido, aceptado, por el fiscal Gerardo Pollicita. Antes dijeron que no era delito, ahora dicen que es delito.

El juez se convirtió en juez civil de Santa Cruz e intervino la Sucesión Néstor Kirchner y la sociedad Los Sauces. Embargó las cuentas. ¡Embargó, siendo inembargable, mi pensión como viuda del ex presidente Néstor Kirchner! Prohibió que utilice cuentas bancarias y hasta prohibió que se me provea de una tarjeta de crédito. Datos increíbles: uno, que el interventor en Los Sauces nunca asumió, o sea que la sociedad está a la deriva. Dos, el juez mandó observadores a C5N, Minutouno, Radio 10 porque son empresas de Cristóbal López. De esa manera sabe lo que cobra cualquier periodista y cuáles son los ingresos y egresos. ¿Qué hubieran dicho si en mi gobierno hubiera ocurrido algo semejante?

Los Sauces es una típica sociedad familiar, constituida por los integrantes de la familia, registrada en la Argentina, inscripta en la AFIP, con balances y declaraciones juradas y con impuestos pagados en la Argentina. Probablemente la prueba más cabal de la legalidad de Los Sauces surja de una comparación objetiva con las empresas del Grupo Macri. Tal como lo documenta el caso de los Panamá Papers, las compañías del actual Presidente –a diferencia de Los Sauces S.A.– no cuentan con un objeto social definido, se ignora cuál es su personal, las actividades que desarrollan, su lugar de constitución, su sede social y el asiento de sus negocios. En realidad, lo único que se sabe de ellas es que están radicadas en el exterior, más precisamente en paraísos fiscales, no pagan impuestos en la Argentina y esas sí constituyen, tomando sus palabras, un enjambre societario.

Todos los contratos de alquiler son genuinos y absolutamente lícitos. Se trata de inmuebles que existen, inquilinos que existen y pagos que se corresponden con los importes facturados, los cuales se realizan en el 100 por ciento de los casos mediante instrumentos bancarios. No existe en la causa, aunque pretendan ocultarlo, un solo pago que se efectuara por estos contratos que hubiese ingresado sin su correspondiente factura.

Esos son los argumentos de CFK, pero todo indica que no importan. Bonadio se tomará más tiempo, buscará algunas alternativas y es seguro que va a procesar a la ex mandataria y a la mayoría de los imputados en Los Sauces por algún delito. Lo hizo indefectiblemente con los funcionarios del gobierno anterior.

El magistrado pasará por encima de un obstáculo que patentiza la falta de pruebas: no les encontró a los Kirchner ni sociedades ni cuentas en el exterior ni dinero oculto ni propiedades sin declarar ni movimientos de fondos que se hicieran en efectivo o sin cheque de por medio.

Como ya dijeran los tres integrantes de la familia en sus declaraciones, no es un tema judicial, es un tema político.

Página 12