Acertada ruta judicial para atender la deuda – El Nuevo Día, Puerto Rico

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El paso sin precedente de recurrir al sistema judicial federal para reestructurar la deuda pública puertorriqueña, bajo el amparo de la Ley PROMESA, provee al Gobierno de Puerto Rico la herramienta para responder de forma organizada a sus acreedores, mientras adquiere la protección contra litigios que brindará espacio a la ejecución del Plan Fiscal diseñado para encaminar la recuperación del País.

Invocar el Título III de PROMESA ha sido el paso lógico, toda vez que las negociaciones de buena fe entre el Gobierno y los bonistas no han rendido frutos. El gobernador Ricardo Rosselló ha actuado con la sensatez que reclama la urgencia de resolver la crisis fiscal al invocar, a través de la Junta de Supervisión Fiscal, este recurso estatutario, similar a una bancarrota.

Llegada la hora cero, la vía a cientos de demandas contra el Gobierno que se abrió a la medianoche del 31 de abril hizo patente la necesidad de que la Junta solicitara al Tribunal Supremo de los Estados Unidos el mecanismo de reestructuración para parte de la inmensa deuda de Puerto Rico.

Dilucidar la ecuación mediante la cual se resolverá el complicado estado de endeudamiento del País queda ahora en manos de un juez federal, por designación del alto foro federal. El diálogo, hasta ahora estéril, se coloca en un escenario objetivo para las negociaciones. Un juez federal sin intereses que lo aten a ninguna de las partes establecerá los plazos y los términos para la reestructuración.

El proceso judicial del Título III facilita también un espacio equilibrado para manejar la deuda sin que se afecte la operación pública. Al mismo tiempo, evitará un sin fin de pleitos para el Gobierno y la asignación de recursos extraordinarios que conllevan las complejidades legales y los altos costos de litigación en y fuera de Puerto Rico.

Nuestra Isla tiene que poner punto final a su deterioro económico y apostar a su recuperación. Ello requiere que el Gobierno local se concentre en la ejecución del Plan Fiscal y del presupuesto balanceado. Ambos son aspectos esenciales para equilibrar las finanzas, aumentar los ingresos y llevar a cabo las reformas sistémicas que añadan eficiencia al Gobierno y lo conviertan en facilitador del desarrollo económico.

Pero el Título III, ahora imprescindible, no bastará para que el País vaya tras la recuperación, para lo que ya se han pavimentado algunos caminos. El hecho es que el reto de la Isla es enorme.

A la preservación del empleo de los trabajadores del Gobierno, y sus beneficios marginales esenciales, hay que sumar la garantía de que la población médico-indigente tiene acceso a los servicios salubristas. Hemos de luchar también por la vida digna de nuestros jubilados. Superar retos como estos depende de la cooperación de cada puertorriqueño.

Con la excepción de la Universidad de Puerto Rico, las principales corporaciones públicas endeudadas y no sustentables cobijadas por PROMESA presentaron sus planes fiscales ante la Junta, la cual los aprobó.

El otro pilar del armazón esencial para la reactivación fiscal y económica es la preparación de un presupuesto gubernamental atemperado a las posibilidades reales de recaudos y gastos de un modo racional y a base de prioridades claras. Los recortes de gastos superfluos y extremos son un requisito.

La responsabilidad en el manejo de los recursos fiscales y el nuevo mapa de ruta que brindan los planes fiscales del Gobierno y sus dependencias es solo el principio del largo camino de Puerto Rico hacia la restauración de su crédito, credibilidad y competitividad. La meta es el acceso al capital de inversión, así como el fomento de la creación de empleos para nuestra gente y el mejoramiento de su calidad de vida.

Tras la radicación del Título III, todos los esfuerzos deben alinearse hacia emprender prontamente la ruta del desarrollo sostenible mediante un plan de País que nos devuelva la fe en nosotros mismos.

El Nuevo Día