Costa Rica: activistas anuncian lucha contra la geotermia en Parques Nacionales

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La artimaña utilizada por dos diputados de la fracción de PAC para trasladar un proyecto que había sido rechazado y archivado en la Comisión legislativa de Ambiente, a la Comisión de Asuntos Agropecuarios donde contaban con los votos para su aprobación, generó indignación y anuncios de presiones en el movimiento ambientalista costarricense. El proyecto en cuestión permitiría la apertura de los Parques Nacionales a la explotación de energía geotérmica, actividad comercial prohibida en la Ley del Sistema Nacional de Áreas Conservación (SINAC) que protege a los Parques Nacionales.

La Federación Ecologista (FECON) denunció la maniobra y adelantó que acudirá a las instancias legales para dar marcha atrás a la aprobación por la Comisión de Agropecuarios en un proyecto relativo a una materia que no le corresponde por ningún lado.

La denuncia señala que la Subcomisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa “archivó por unanimidad” la propuesta de Ley para la Explotación del Recurso geotérmico, Expediente No°19.339. El dictamen de la subcomisión de archivo del expediente suscrito por los diputados Gerardo Vargas Rojas (PUSC), Juan Marín Quirós (PLN) y Edgardo Araya Sibaja (FA), asegura que “el expediente adolece del cumplimiento de los estudios técnicos y ambientales que el ordenamiento jurídico exige para que pueda aprobarse (…) lo que podría derivar en un eventual problema de constitucionalidad”.

El archivo del expediente señalado, fue violentado por los diputados oficialista Javier Cambronero y Ottón Solís “que se reciclaron como principales promotores del mismo y se lo llevaron a la Comisión de Agropecuarios, donde contaban con los votos para dictaminarlo” señala la denuncia de FECON.

Más de 30 instituciones, organizaciones, pueblos indígenas, municipalidades de todo el país. Habían sido consultadas por la Comisión legislativa de Ambiente durante el proceso que llevó al dictamen de mayoría negativo que además ordenó el archivo. En esa consulta, aclaran los ambientalistas, “la mayoría, como lo hizo la Federación Ecologista (FECON), rechazó la propuesta y pidió su archivo”.

NUEVA POLITICA DE ESTADO

La acción legislativa se enmarca en una naciente política de Estado donde “todo lo ambiental que no se resuelve a favor del interés de “los desarrolladores” será retirado de la jurisdicción ambiental y resuelto a favor de la destrucción del planeta” comentó la FECON sobre lo que llamó “una matráfula” de dos diputados oficialistas.

Agregaron que, “en el Ejecutivo, precisamente por falta de carácter y capacidad, se ha hecho con las autorizaciones para exportar aletas y con el establecimiento de un órgano nacional de consulta para una convención que regula la extinción de especies fuera de la autoridad ambiental y dentro del sector agropecuario. Ahora esto se fortalece en el legislativo con un proyecto que atenta contra la integridad de los Parques Nacionales que rechaza la Subcomisión de Ambiente y aprueba la Comisión del Agro.

Algo “Insólito. Pero así es” señalan la Federación Ecologista.

La situación jurídica de la propuesta aprobada por la Comisión de Agropecuarios no ha variado. Para el abogado ambientalista Álvaro Sagot: “es claro que no existen los estudios técnicos para que pase bien librada una consulta de constitucionalidad (/) Existe mucha jurisprudencia en la línea de cambiar usos del suelo en Áreas Silvestres Protegidas y el hacer estudios posteriores a que se apruebe una ley, etc. También está el asunto de violación a Convenios internacionales y el Rincón de la Vieja está protegido por ese lado también y una ley no elimina el Convenio”.

Hay que recordar que el área de Conservación Guanacaste (ACG) fue declarada por la UNESCO sitio Patrimonio Natural y Cultural desde 1999. El Parque Nacional Rincón de la Vieja es parte de esa declaratoria de Patrimonio y dicha Convención de UNESCO establece la obligatoriedad del Estado de “garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país” recordó Sagot, abogado ambientalista.

“Matrafulas” de diputados

Existiendo un acuerdo de la Fracción del Frente Amplio de rechazar el proyecto en cuestión, la diputada Suray Carrillo se ausentó al final de la sesión de la Comisión de Agropecuarios facilitando la aprobación del Expediente. El ecologismo ve una vez más una sumisión partidaria a los intereses y la influencia del ICE en las actuaciones del Frente Amplio.

Por su parte los diputados teóricamente oficialistas Ottón Solís Fallas y Javier Cambronero “abonan a la ingobernabilidad, con su acción política no sólo violentan a la Subcomisión de Ambiente y conscientes de una oposición institucional poco común que incluye al Presidente de la República, a las promesas de campaña de su propio partido”.

También a las comunidades consultadas y vinculadas al Foro de Guanacaste, a la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Escuela de Biología de la UCR, al Comité de Miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), al Área de Conservación Arenal Tempisque, a la FECON y SITRAMINAE.

Todas las instituciones y organizaciones consultadas rechazaron sin reservas el proyecto con el que se busca crear un precedente funesto para la explotación de los recursos naturales en los Parques Nacionales y Áreas de Conservación.

“La irresponsabilidad política de estos dos diputados, supuestamente oficialistas, también desmerece la imagen internacional en el ámbito de la política climática, ya que fue el propio Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera en la Cumbre sobre el Clima, quien indicó que “Costa Rica continúa acelerando la exploración y explotación de energía geotérmica en sus volcanes, sin afectar los Parques Nacionales”.

La acción un tanto riesgosa de estos los legisladores Solís y Cambronero, como señalan la FECON, “evidencian una vez más, las profundas contradicciones del PAC gobernante con el PAC electoral que se comprometió a fortalecer la integridad de las Áreas Silvestres Protegidas y vetar cualquier intento de eliminar, segregar, o reducir en tamaño las Áreas Silvestres Protegidas, o de abrirlos a la explotación de sus recursos naturales (Pacto Ambiental)”.

Para FECON el texto en discusión “es totalmente inconstitucional, pues es una autorización abierta y genérica, no delimitada” y puntualizan que según las leyes nacionales vigentes “solo se puede reducir la categoría de manejo de un Parque Nacional mediante una ley específica, y con base en estudios técnicos previos que justifiquen la medida”.

La categoría de uso de los Parques Nacionales es hoy de protección absoluta, admitir uso geotérmico es un cambio de categoría a una de menos o nula protección, principio constitucional ratificado por la Sala IV y tratados internacionales ambientales, recordaron.

Lanzaron una última advertencia, “Nada de esto se cumple con el proyecto mencionado porque ahí dan un cheque en blanco, una autorización genérica al SINAC para cambiar la categoría de manejo de cualquier parte de los Parques Nacionales mencionados sin delimitar cuales serían concretamente las áreas afectadas”.

La denuncia de la Federación Ecologista costarricense pone en alerta no solo al movimiento ambientalistas sino a las comunidades que poseen Parques Nacionales y Áreas Protegidas ante el peligro de pérdida de estos recursos que representan la principal actividad económica de país y para miles de empresarios y trabajadores del sector turístico.

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