Colombia: asesinan a otro líder social y el paro nacional campesino llega a su noveno día

Asesinan a líder de sustitución de cultivos en Antioquia

Organizaciones sociales denunciaron la muerte de Ramón Alcides García un reconocido líder impulsor del proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Briceño e integrante de Marcha Patriótica.

A través de una denuncia pública, la coordinadora municipal de cultivadores de coca, marihuana y amapola del municipio de Toledo, la Asociación de Campesinos de Briceño, la Asociación de Campesinos de Sabanalarga, el comité de Derechos Humanos del Norte de Antioquia, el Comité de Barequeros del Norte de Antioquia y miembros de Marcha Patriótica Antioquia, dieron a conocer un nuevo asesinato de un líder social.

Se trata de Ramón Alcides García Zapata, un reconocido líder impulsor del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en del Alto de Chiri, en el municipio de Briceño (Antioquia), y quien además pertenecía al movimiento Marcha Patriótica.

De acuerdo con la denuncia, el líder fue asesinado el pasado 27 de octubre a las 2:00 p.m. cuando se dirigía a su casa en la carretera que conduce a la vereda Alto de Chiri. “El asesinato se da luego de que Ramón Alcides García Zapata regresaba del municipio de San Andrés de Cuerquia tras recibir el pago mensual contemplado en el proceso de sustitución voluntaria”, señala el texto.

Las organizaciones sostienen que este hecho pone en riesgo el inicio del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Toledo y Sabanalarga pues las comunidades no tienen las garantías necesarias para liderar y hacer parte activa de la iniciativa.

“Las comunidades del norte y occidente de Antioquia en territorios donde hay presencia de cultivos de hoja de coca nos encontramos permanentemente bajo amenazas, persecuciones, estigmatización y peligro de muerte evidenciado en el crimen acá denunciado, toda vez que la presencia permanente del ejercito sofoca y asedia con constantes operativos militares que vienen en proceso de aumento en intensidad y agresividad, dejando a las comunidades en un callejón sin salida frente a la erradicación forzada impuesta por esta lógica militar y su voluntad manifiesta de participar en procesos de sustitución voluntaria que no se ha iniciado por no encontrarnos en zonas priorizadas”, agregan.

Señalan, además, que pese a que ha habido últiples denuncias, provenientes incluso de la misma Defensoría del Pueblo, sobre los peligros para los movimientos sociales y las organizaciones campesinas. “nuestra voz parece llegar oídos sordos pues seguimos a merced de la muerte y los peligros sobre las múltiples vulnerabilidades aumentan con cada voz que elevamos por la búsqueda de la vida digna, los sueños y la construcción de la paz territorial que esperamos con el anhelo de disfrutar un fututo con justicia social”.

En ese sentido, las organizaciones pidieron al Gobierno que adelante las acciones necesarias para ganatizar los derechos de las comunidades y que se inicien las investigaciones para determinar los responsables del crimen.

Asimismo, responsabilizaron “al Estado Colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, al ministerio de Defensa, y al ministerio del Interior, por los graves atentados contra los derechos humanos ocurridos el 27 de octubre en el la vereda Alto de Chirí del municipio de Briceño”

El Espectador


El paro en cinco zonas del país no se levanta y la tensión continúa

Las movilizaciones campesinas e indígenas, además de la participación de otros grupos y organizaciones sociales en cinco zonas del país, se mantienen luego de una semana de haberse iniciado ante la falta de un acuerdo entre líderes del paro y miembros del Gobierno.

Entre las razones de las manifestaciones, los líderes señalan que se dan debido a los acuerdos incumplidos por el Gobierno luego del último paro (entre entrega de tierras y planes de sustitución de cultivos), además de los asesinatos de líderes sociales y los roces registrados entre las comunidades y la Fuerza Pública durante las jornadas de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos.

Aunque no se han registrado enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes, el lunes, en buses tipo chiva, en jeep y a pie, decenas de indígenas seguían llegando al sitio Monterilla, zona rural de Caldono, norte del Cauca, donde se concentran desde el domingo pasado, mientras que otro grupo lo hace en la vía a Buenaventura, en el Valle.

Ayda Gueitia, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), manifestó que se espera la llegada de unos 20.000 de ellos a Monterilla, además de otras organizaciones como comunidades afrodescendientes y de campesinos.

Las comunidades permanecen asentadas a un costado de la vía Panamericana, sin impedir el paso. El lunes por la mañana, un pequeño grupo de campesinos instaló en uno de los carriles de la Panamericana troncos y piedras en el sitio El Descanso, pero los elementos fueron levantados hacia el mediodía.

Gueitia afirmó que se dio una espera hasta ayer para un diálogo directo con el presidente Juan Manuel Santos, quien está en un viaje de Estado al Canadá.

“No estamos pidiendo nada nuevo, lo que reclamamos es el cumplimiento de acuerdos pactados en temas de tierras, educación, salud y seguridad”, manifestó. Se esperan delegaciones de diez pueblos o etnias indígenas del Cauca y de once asociaciones.

El viceministro del interior, Luis Ernesto Gómez, se refirió este lunes, en rueda de prensa, a la minga indígena. Dijo que el Gobierno Nacional conserva la voluntad de negociar siempre y cuando las comunidades nativas respeten los acuerdos previamente alcanzados.

“Reiterar la voluntad permanente de diálogo por parte del Gobierno Nacional también para desarrollar nuevas negociaciones, pero también el cumplimiento de lo ya acordado” afirmó Gómez.

Por otro lado, el viceministro agregó que el Gobierno mantiene su preocupación por el asesinato de líderes sociales en los lugares que históricamente fueron afectados por el conflicto interno.

“Reiteramos que este es un tema de la mayor prioridad para el Gobierno, que no sean objeto de amenazas ni de hostigamiento y mucho menos de violencia o de asesinatos las autoridades indígenas, al igual que los otros líderes sociales que han estado siendo víctima de amenazas o siendo asesinados”, concluyó Gómez.

Reclaman seguridad

Entre tanto, en Loboguerrero, en la vía Cali-Buenaventura, se registra otra concentración de comunidades indígenas del Valle.

Alberto Guasiruma, consejero mayor de la Organización Indígena del Valle del Cauca (Orivac), anunció que unos 2.000 de ellos permanecen a un costado de la vía.

Expuso que, además de la exigencia de acuerdos pactados, está el tema de seguridad ante la amenaza a 17 líderes indígenas en el Valle por paramilitares como ‘Águilas Negras’, Autodefensas Gaitanistas, ‘clan del Golfo’ y el Eln.

A esto se suma la desaparición de seis miembros de su etnia, cuatro de ellos en Alcalá, norte del Valle. Su desaparición se produjo en marzo. Lo último que se supo de ellos es que, sin permiso, habían ingresado a pescar a un predio particular. Denuncian dos casos más en Buenaventura.

La Cámara de Comercio de Buenaventura pidió que se tenga en cuenta las dificultades que ha tenido Buenaventura tanto para la población en general como para los sectores productivos, que apenas está en proceso de recuperación.

La vía a Buenaventura es de vital importancia para la economía del país. Por ella se movilizan más de 3.000 vehículos diariamente, en su mayoría de carga pesada, y se transporta un 60 por ciento del comercio exterior del país.

Protestas en cinco puntos

Los bloqueos por el paro se mantienen en Campo Tibú, en la región del Catatumbo, la Y de Astilleros, en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, donde se han concentrado campesinos del Catatumbo para reclamar condiciones de seguridad que permitan frenar las muertes de líderes sociales y mayores avances en lo pactado con las Farc.

Unos 2.000 indígenas se concentran en la vía a Buenaventura, en el Valle. Por último, en Caldono, en Cauca, hay dos concentraciones en El Descanso y en Monterillo.

El Tiempo


Más de 100.000 indígenas inician minga nacional

Comunidades y autoridades indígenas de distintas regiones del país comenzaron este lunes la Minga Por la Vida, una movilización que busca paralizar indefinidamente algunas carreteras del país para exigirle al Gobierno que cumpla el acuerdo de paz pactado en La Habana, específicamente el capítulo étnico.

Más de 100.000 indígenas del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca –ACONC- iniciaron este lunes la denominada Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Paz y el Cumplimiento de los Acuerdos, una movilización que busca paralizar indefinidamente algunas carreteras del país para exigirle al Gobierno Nacional garantías y cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz de La Habana, específicamente el capítulo que consigna beneficios para indígenas y comunidades afro.

“Le seguimos apostando a una paz completa, estable y con nosotros. Sin embargo, vemos con tristeza y preocupación que a pesar de los acuerdos de paz y el cese al fuego, la violencia no para. A los indígenas, campesinos, afros, y demas líderes populares nos siguen matando y la impunidad crece”, detalla el documento político de la Minga Nacional Indígena.

De acuerdo con las comunidades, los hechos de violencia de los que son víctimas los indígenas, no obedecen a situaciones aisladas “como lo pretende mostrar el gobierno y algunos medios de comunicación, sino a una estrategia sistemática de exterminio basada en intereses socioeconómicos sobre nuestros territorios, en una lucha de poder por el control territorial y la apropiación de los recursos naturales y economías ilícitas como el narcotráfico, la minería legal e ilegal, la deforestación, el ecoturismo, la exploración y explotación de los recursos etc”.

En ese sentido, señalan, es claro que existe una fuerte disputa por controlar los territorios que fueron dejados por las Farc y los territorios colectivos de los pueblos értnicos a través del despojo.

Se trata, además, de un llamado de alerta de las comunidades ante el aumento de asesinatos selectivos, las amenazas y persecuciones a las autoridades tradicionales, líderes, organizaciones indígenas y sectores sociales, por parte de grupos al margen de la ley como las autodenominadas Águilas Negras: “El día 26 de octubre de 2017 comenzó a circular por las redes sociales un panfleto en donde se señala de manera directa a líderes indígenas del Cauca de ser integrantes de la guerrilla o la conocida disidencia de las Farc. Las amenazas de muerte van dirigidas a Aida Quilcué Vivas del movimiento indígena del Cauca que actualmente representa al CRIC como Consejera de DDHH en la ONIC; Feliciano Valencia, líder indígena nasa del norte del Cauca; Alveiro Camaño, líder indígena del Cauca; Fabián Mulcué, líder indígena del Cauca y Hermes Pete, autoridad tradicional del Resguardo de Belalcazar, Municipio Páez, Cauca. Donde los declaran objetivo militar solo por el hecho de defender los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del Cauca y Colombia”.

En el texto, las comunidades le hacen una fuerte crítica al presidente Juan Manuel Santos: “El Nobel le incumple a los colombianos, le incumple a la Paz, le incumple a la Comunidad Internacional y a todos los que le apostamos a la construcción y cultivar de una paz territorial, estable y duradera. Manifestar que las víctimas son el centro de dicho acuerdo y revictimizarlas, genera mas violencia, profundiza la polarización de una sociedad fuertemente dividida y acaba con los ahnelos de una paz verdadera con justicia social, donde la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral, y las garantías de no repetición primen sobre los intereses de quienes le apuestan a la guerra como unico medio para lograr sus objetivos”.

El Espectador


Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo: “A ocho (nueve) días de paro el Gobierno incumple lo acordado”

Martes 31 de octubre de 2017

Hoy, luego de nueve días de Paro Nacional, nos hemos sentado por segunda vez con el Gobierno Nacional, con el objetivo de reinstalar la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA, según los acuerdos del primer encuentro con el ministro Guillermo Rivera, del 26 de octubre. Pero a pesar de nuestra voluntad de diálogo y de lo expresado en esta Acta, hemos recibido con preocupación la posición ambivalente de parte del Ministerio del Interior, pues contrario a lo manifestado por el ministro Rivera, encontramos hoy una negativa frente a la instalación de la MIA como garantía de interlocución, por parte del viceministro de la misma cartera delegado para el diálogo.

Para las organizaciones integrantes de la MIA es claro que la reapertura de la Mesa es un instrumento absolutamente necesario para garantizar la interlocución y la participación real de las comunidades que han visto en los incumplimientos del Acuerdo la falta de voluntad del Estado, y llegar con esta al fin último que es la integralidad de la implementación del Acuerdo Final de Paz, no solo los temas referentes al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, sino de los seis puntos que componen el Acuerdo y la revisión de los incumplimientos de los acuerdos del 2013.

Consideramos que no hay voluntad del Gobierno, cuando las respuestas son la represión en los territorios y la dilación de los debates en diferentes escenarios técnicos, impidiendo el reconocimiento de las organizaciones sociales integrantes de la MIA como actores sociales y políticos representantes de las comunidades, demostrando claramente la paz que piensa el Gobierno, diseñada desde los escritorios de Bogotá y sin la escucha de las comunidades en los territorios.

Ante la negativa constante por parte del viceministro, de instalar la MIA, compromiso que ya había adquirido el ministro Rivera, las organizaciones nacionales y departamentales que la constituimos, declaramos nuestra voluntad de mantener los acercamientos para un diálogo que conduzca a la instalación de la mesa y a partir de ella, abordar la discusión. Así mismo declaramos que las vidas que se pongan en riesgo esta noche, mañana y en el transcurso de la movilización, son responsabilidad del Estado, por no garantizar las herramientas necesarias para sacar adelante el dialogo, ni las condiciones reales para la ejecución del derecho a la protesta en los territorios de nuestro país. Las comunidades no se atemorizan a pesar de la orden nacional existente de desalojar los puntos de concentración del Paro en el Catatumbo, Cauca y demás sitios donde nos encontramos y continuaremos en movilización hasta que se garantice la implementación de los puntos solicitados en nuestro Pliego Nacional.

Prensa Rural